análisis

Segunda vuelta, ¿beneficiosa?

Juristas hablan de las ventajas y desventajas de la propuesta que impulsa el Ejecutivo y los diputados de Cambio Democrático.
debate. Esta semana la Asamblea Nacional debe decidir qué hace con la propuesta de la segunda vuelta que está en segundo debate. LA PRENSA/Jorge Fernández. debate. Esta semana la Asamblea Nacional debe decidir qué hace con la propuesta de la segunda vuelta que está en segundo debate. LA PRENSA/Jorge Fernández.
debate. Esta semana la Asamblea Nacional debe decidir qué hace con la propuesta de la segunda vuelta que está en segundo debate. LA PRENSA/Jorge Fernández.

Asegurar la mayoría de los votos en una elección presidencial suena, a primera vista, como una propuesta totalmente conveniente para un país y su democracia.

Pero el asunto de la segunda vuelta no solo puede ser analizado bajo el punto de vista político –en el que hay muchos a favor y otros tantos en contra– sino también con la lupa jurídica.

Quienes apoyan la segunda vuelta argumentan que quien gobierne un país debe haber ganado la contienda electoral con amplios márgenes. En los últimos 20 años, en Panamá solo Ricardo Martinelli obtuvo la victoria con más del 50% del respaldo popular. En 1994, Ernesto Pérez Balladares llegó al poder con el 33% de los votos. En 1999, Mireya Moscoso ganó con el 44% del respaldo popular. Y en 2004, Martín Torrijos ganó con el 47% de apoyo.

Argumentos a favor

La segunda vuelta, sostiene el abogado constitucionalista y miembro de la Comisión de Notables, Heriberto Araúz, tiene varios argumentos a favor. Uno, “fortalece la legitimidad del candidato electo otorgando una mayor gobernabilidad en el ejercicio del cargo”. Segundo, “origina mayor estabilidad política, evitando conflictos postelectorales”. Además, aduce, “puede generar alianzas que en teoría propiciarían un escenario de cooperación entre distintas fuerzas políticas del país, lo cual ayudaría a la gobernabilidad”.

La adopción de la segunda vuelta, agrega, “genera cierta complejidad electoral y política, lo que podría producir un mayor acercamiento ciudadano a la política. Eso, en atención a que la segunda vuelta exige del electorado cálculos sobre posibles escenarios políticos, conocimiento de encuestas, interés por los programas de los partidos que integran el sistema político, y distinciones entre lo conveniente para el país y las preferencias personales”. Por último, enumera, la segunda vuelta pudiera evitar las pugnas políticas que regularmente acarrea un gobernante de mayoría débil o relativa”.

La oposición

Los argumentos en contra, sin embargo, no son menos. Araúz enumera cuatro. Primero, dice, “se aduce que la segunda vuelta tiende a distorsionar la expresión natural de la voluntad popular, pues el elector deja de ser espontáneo en la emisión de su voto, volviéndose suspicaz y calculador”. Esto se ve agravado porque, según demuestran estudios internacionales sobre el tema, en la segunda vuelta suelen participar menos electores que en la primera.

Segundo, dice Araúz, se prolonga la incertidumbre de quién será el Presidente. A la vez, indica, no resuelve el problema de la minoría en la Asamblea. “Puede tener minoría el partido al que pertenece el mandatario, con lo cual los problemas de gobernabilidad pueden afectar su gobierno”, sostiene. Y por último, saca a relucir “un argumento de mucho peso”: el costo económico que acarrearía la organización de segundas elecciones. Esto, sin tomar en cuenta la prolongación de la campaña.

El abogado Octavio Amat añade otro aspecto. “El 30% de un ganador en una primera vuelta favorece los contrapesos en un sistema presidencialista como el panameño, cuando obliga al mandatario a tomar más en cuenta a una oposición que, aunque derrotada individualmente, sumada es mayoría. Y, por el contrario, un ganador con más del 50% de votos vería aún más exacerbado su poder bajo el actual sistema de preeminencia del Ejecutivo”.

Otra mirada

Amat argumenta que en el tema de la segunda vuelta hay que empezar viendo dos ángulos, uno referente a la posibilidad o no de hacerla ya, con la Constitución vigente. Unos, alega, dicen que eso no se puede hacer sin una previa reforma constitucional que especialmente la contemple. Otros afirman que el artículo 177 de la misma Constitución, cuando dice que el Presidente será elegido “por la mayoría de votos”, da suficiente margen para que una ley aprobada por la Asamblea Nacional determine que esa mayoría es la que surja en una segunda vuelta entre los dos más votados en caso de que en una primera vuelta ninguno de los candidatos haya sacado más del 50%.

Amat sostiene que, a favor de quienes dicen que la segunda vuelta requiere de una reforma constitucional, está la costumbre apoyada por al menos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido bajo ponencia del magistrado Rodrigo Molina. “La costumbre indica que en este país siempre se ha interpretado que la mayoría de votos es la resultante de una vuelta única. Uno de los casos fue el de Ernesto Pérez Balladares, quien se hizo Presidente apenas superando el 30% de los votos. Igual conclusión se infiere del fallo de la Corte, citado”, dice.

En contra de esta tesis, “está la letra de la propia Constitución, cuya vaguedad da lugar a que en la actual Asamblea se discuta un proyecto estableciendo la segunda vuelta”. Y en esa controversia, asegura, solo la Corte Suprema de Justicia podría resolver definitivamente el diferendo. Esto último podría ocurrir si, después de aprobarse la ley de la segunda vuelta, esta es impugnada por inconstitucional ante la Corte.


Referéndum de la segunda vuelta costaría $7 millones

Un costo aproximado de 7 millones de dólares tendría el referéndum para que la población decida si quiere o no la segunda vuelta electoral a partir de las elecciones generales de 2014, afirmó el magistrado del Tribunal Electoral (TE) Eduardo Valdés Escoffery. 

Dijo que si al TE le proporcionan los recursos económicos necesarios, estarían en la capacidad de afrontar esta consulta popular, haciendo la planificación de acuerdo con el calendario electoral, siempre y cuando haya una decisión y un mandato legal, de acuerdo con los procedimientos constitucionales. 

El magistrado explicó que, para tal fin, la Asamblea Nacional tiene que producir un acto legislativo que implique que en dos legislaturas distintas se produzca la aprobación de una propuesta de reforma constitucional, la cual se debe llevar a un referéndum en un tiempo no menor de tres meses y no mayor de seis meses. “La Asamblea es la que tiene la última palabra”, dijo.

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