ANÁLISIS

De escándalos y ´renuncias´

Al menos una docena de funcionarios del gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, han abandonado sus cargos en medio de fuertes escándalos de corrupción y tráfico de influencias. En su mayoría, los procesos han quedado impunes o no han sido resueltos por las autoridades competentes.

En campaña, Ricardo Martinelli prometió que gobernaría “con los mejores”. Varios de esos “mejores”, sin embargo, han salido por la puerta de atrás en medio de señalamientos por irregularidades en sus gestiones.

El último que renunció fue Giacomo Tamburrelli, quien los dos últimos meses dirigió el Banco Hipotecario pero antes, desde 2009, lideró el Programa de Ayuda Nacional (PAN). El 13 de octubre, la Presidencia confirmó su salida “por motivos personales”. Sin embargo, esta se da en medio de críticas por su trabajo en el PAN y de investigaciones periodísticas que dan cuenta de sobreprecios millonarios en obras deficientes, de un presupuesto de $366.2 millones en un período en que aumentó el transfuguismo, de la adjudicación de millonarios contratos para rehabilitar caminos rurales, y de la construcción de una vía que llega a la finca de su suegro.

Tamburrelli, además, hizo proselitismo a favor de la candidata del oficialismo en las elecciones de El Bebedero. Por ese caso enfrenta una denuncia penal electoral que está desde hace 10 meses en manos de la fiscal de Los Santos, Veraguas y Coclé, Dilia Cornejo, quien debe entregar un informe al Juzgado Penal Electoral. Adicionalmente, esta semana el panameñismo pidió el levantamiento de su fuero, para que pueda ser investigado por supuestos malos manejos.

Además de Tamburrelli, en medio de escándalos –pero también alegando motivos personales– salió del gobierno el exvocero presidencial Alfredo Prieto, que en múltiples ocasiones fue señalado por supuesta persecución contra opositores al gobierno y cuyo paso por la política se caracterizó por sus diferencias con periodistas y dueños de medios.

Prieto está mencionado en una investigación judicial. Adolfo Valderrama, diputado opositor, denunció la supuesta violación de su email y el uso de información para hacer una cuña contra el vicepresidente, Juan C. Varela. Valderrama responsabilizó a Prieto, que forma parte del grupo Independientes por el Cambio. El procurador, José Ayú Prado, remitió a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Informáticos la denuncia. El caso no ha sido resuelto.

Prieto también fue mencionado en el grupo que supuestamente conspiró contra la exprocuradora Ana Matilde Gómez para sacarla de su cargo.

DE TIERRAS Y SALIDAS

Tres personas señaladas por escándalos de concesión gratuita de tierras han salido del gobierno: Alejandro Castillero, exdirector de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati); Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de Anati, y Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia.

En septiembre de 2011, Castillero –que ocupó el cargo por 11 meses– renunció en medio de escándalos por la titulación de tierras a ministros de Estado, por la fallida reforma a la ley de la Anati para incluir dentro de sus competencias los bienes revertidos, lo que permitiría un lujoso desarrollo inmobiliario en un relleno de 36 hectáreas en Amador; y por la cesión gratuita de un relleno en Paitilla, cuyos beneficiarios serían allegados al gobierno. En ninguno de los casos ha sido procesado o investigado formalmente por las autoridades.

También en septiembre de 2011 y después de meses de cuestionamientos por beneficiar a allegados al gobierno y a ministros de Estado con la titulación de tierras, renunció Villamonte. Lo hizo, dijo, porque “me dificulta defender a plenitud mi prestigio y el de mi familia, y me impide, además, recurrir en contra de aquellos que me atacan injustamente”. Villamonte estuvo en el centro de la atención pública por la concesión expedita de títulos de propiedad por alegados derechos posesorios, entre ellos el de Paitilla y los de Juan Hombrón.

Villamonte fue beneficiada con dos fallos donde fue sobreseída por el Juzgado Tercero penal por el caso de tramitación de tierras de Juan Hombrón y luego por la cesión gratuita y posterior traspaso de un relleno en Paitilla. Ambos fallos, dictados este año con tres meses de diferencia, fueron firmados por el juez Adolfo Mejía y luego por el reemplazo de este Hilda Bonilla, luego de que Mejía fuera designado magistrado del Segundo Tribunal de Justicia.

Y por último, Papadimitriu, el hombre más cercano a Martinelli. Aunque no precisó los motivos específicos de su salida (en julio de 2011), analistas coinciden en que se debió a la expropiación de las 54 hectáreas de Juan Hombrón sin derecho a indemnización que, según él dijo, compraron sus padres a unos pescadores del interior del país.

Este caso, por el que el exministro fue demandado por un residente de Antón, fue archivado por orden del pleno de la Corte. El fallo está fechado el 28 de junio, 14 días después de que el Juzgado Tercero Penal dictara un sobreseimiento definitivo a favor de Villamonte y otras cinco personas acusadas por el mismo caso. En la sentencia, la Corte ordenó el cierre del proceso relacionado con Papadimitriu, se inhibió de conocer las sumarias en el caso de los otros señalados y remitió el expediente a un juzgado de turno.

MÁS ESCÁNDALOS

Gustavo Pérez, el controvertido exdirector de la Policía que fue trasladado al Consejo de Seguridad tras cuestionar iniciativas de su superior (el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino) y del Gabinete, también salió sorpresivamente del gobierno, en septiembre de 2012. Extraoficialmente se indicó que su salida se debió a fallas en materia de inteligencia. Hace poco fue nombrado viceministro de Gobierno.

En abril pasado y como consecuencia de la ausencia de prueba sumaria y de la retractación de Mulino, que afirmó que no fue amenazado por el subdirector de la Policía, Eduardo Serracín, Ayú Prado pidió a la Sala Penal de la Corte el archivo de la denuncia presentada por el Movimiento de Abogados Gremialistas contra Pérez.

Hay otras tres denuncias penales contra Pérez como exdirector de la Policía, por acciones cometidas contra indígenas que protestaban. Todas están pendientes de resolver.

Por otra parte, en abril de 2011 el exmagistrado de la Corte José Abel Almengor puso su cargo a disposición del Presidente, luego de las denuncias formuladas en su contra en la Asamblea por los señalamientos que lo involucraban con un grupo de personas que conspiró para sacar a la procuradora Gómez de su cargo. Luego de seis denuncias contra Almengor, la Comisión de Credenciales de la Asamblea ordenó acumularlas y finalmente decidió archivarlas.

Mientras, en diciembre de 2011, Giuseppe Bonissi renunció como procurador encargado de la Nación tras admitir que el crimen organizado había penetrado el Ministerio Público, luego que estalló el narcoescándalo, relacionado con la liberación ilegal de cuatro acusados de narcotráfico. Este caso se mantiene pendiente de resolver por un tecnicismo, en el despacho del magistrado Jerónimo Mejía de la Sala Penal de la Corte desde septiembre de 2011, después que fuera remitido por el Juzgado Cuarto Penal para dilucidar un conflicto de competencia. Bonissi no fue implicado en este acto de corrupción.

María Cristina González, que salió en 2010 de la dirección de Migración, también tiene casos pendientes con la justicia. El Juzgado Tercero Penal, mediante un auto mixto, le abrió causa criminal a ella y a otras cinco personas acusadas por delitos de corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y falsedad, por emitir supuestas visas falsas. La audiencia de este caso está por realizarse. Hay otras tres denuncias que están en trámite contra González.

MÁS CASOS

En tanto, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitó, en agosto de 2012, el llamamiento a juicio del exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario Diomedes Jaén, acusado de delitos contra la administración pública (peculado culposo) y contra la fe pública (falsificación de documentos en general), luego del uso incorrecto de bienes del Estado.

La investigación surgió después que Jaén tuviera un accidente en un auto de la entidad, en Chepo, en octubre de 2011, en el que dejó abandonada a la mujer que lo acompañaba. Tiene una medida cautelar de impedimento de salida del país. Este juicio no se ha realizado.

En tanto, el exministro de Obras Públicas Federico Suárez fue retirado de esa cartera en agosto pasado y nombrado asesor presidencial. Aunque no enfrenta denuncias penales específicas, salió con un récord de inversiones y con acusaciones de sobrecostos a través de adendas. También fue criticado por las numerosas contrataciones directas, algunas de las cuales favorecieron a empresas de sus familiares.

Con Suárez también fue designado consejero presidencial el exministro de Salud Franklin Vergara, que se enfrentó a serios señalamientos por acusaciones de supuesto tráfico de influencias y anomalías en la construcción de cinco hospitales.

Vergara afronta una denuncia administrativa presentada por la Asociación de Médicos, Odontólogos y profesionales y afines de la Caja de Seguro Social, que busca que se investigue si la contratación de más de 12 médicos extranjeros en instituciones del Estado cumplió con las normas legales. El caso no está resuelto aún.

Otros funcionarios de este gobierno que han salido de sus cargos antes de tiempo son Javier Arias y Lucía Chandeck (exdirectores de la Autoridad Nacional del Ambiente) y Sandra Escorcia (exdirectora del Tránsito). Aunque han sido mencionados en supuestas irregularidades en sus actuaciones, los casos no han llegado a los tribunales de justicia.

Por último, en los últimos tres días extraoficialmente se ha dicho que el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, presentó su renuncia por discrepancias con las políticas económicas del país. Esto, sin embargo, no ha sido confirmado aún.

ENFOQUE

Los casos impunes son cada día más

EDWIN CABRERA*

panorama@prensa.com

IMPUNIDAD. En dictadura y en democracia no llegan a 10 los casos en los que los acusados son declarados culpables o inocentes (si fuera el caso). Por ello, gobierno tras gobierno estos se incrementan. Los corruptos saben que tienen asegurada la impunidad.

La seguridad de la impunidad surge de la complicidad que ejerce la Corte y el Ministerio Público. Y lo más desagradable de esto es que en ambas instancias los máximos jerarcas son nombrados por 10 años so pretexto de la continuidad y estabilidad del sistema, pero al final para lo que han servido estos períodos es para que los expedientes caigan en el olvido o desaparezcan. Esto es casi una tragedia.

*El autor es analista político

ENFOQUE

Pasa de todo, pero nunca pasa nada...

MARIO ROGNONI*

panorama@prensa.com

OLVIDO. En ningún país es más cierto el dicho “muerto el perro se acabó la rabia” que aquí. En tres años de gobierno han surgido diferentes denuncias y escándalos, que después de ser noticia simplemente han desaparecido de los medios.

En la mayoría de los casos nada ocurre en las instituciones denunciadas, mientras que en otros, después de apagado el fuego mediático, han destituido o han renunciado los funcionarios, sin mayores consecuencias. No hay aclaraciones, simplemente desaparecen del firmamento público. En ningún caso hemos visto a la Contraloría investigar, mucho menos al Ministerio Público. Sencillamente murió el perro y se acabó la rabia.

*El autor es analista político

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