anteproyecto de ley no. 16

Fenasep, cautelosa con proyecto

Denuncian que CD busca favorecer a 35 mil funcionarios que nombró la administración de Ricardo Martinelli.

Con mucha cautela es visto por la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) el anteproyecto de ley presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, en el cual se prohíbe a los servidores públicos ser miembros de un partido político y se establece que no podrán ser destituidos, a menos que contra ellos haya causa justificada.

La propuesta, que también lleva la autoría del diputado de Cambio Democrático (CD) José Muñoz, obliga a las entidades a pagar una indemnización en caso de que los servidores públicos sean destituidos injustificadamente, tal como ocurre en la empresa privada.

Alfredo Berrocal, secretario general de la Fenasep, manifestó que la propuesta hay que verla con cuidado y opinó que debe ser sometidas a amplias consultas.

Sostuvo que estas decisiones de última hora llaman la atención, porque la actual administración, que la promueve, fue la que quebrantó el régimen de Carrera Administrativa cuando empezó el gobierno en julio de 2009.

“Hay que hacer las cosas correctamente y hacer las consultas necesarias. Estamos de acuerdo en que a los trabajadores se les paguen sus compensaciones económicas a la hora de abandonar el sector público, pero no tiene ningún valor restringir el derecho que tiene todo ciudadano de pertenecer a un partido político, si se respeta la Ley de Carrera Administrativa”, sostuvo Berrocal.

Mientras que el diputado panameñista José I. Blandón calificó la propuesta de Gálvez como parte de la iniciativa de CD para mantenerse en el poder por la vía del clientelismo.

Indicó que la estabilidad del servidor público tiene que estar basada en el ingreso al servicio público por concurso, a través de selección por méritos, tal como se ratificó en la Ley de Carrera Administrativa que se modificó a principios de esta gestión.

Agregó que con este ajuste a la norma se supone que los funcionarios deben entrar por concurso, por lo que señaló que el verdadero propósito de este proyecto es dejar sin efecto los concursos que debieran comenzar a darse en estos momentos.

El diputado opositor Leandro Ávila manifestó que es contradictorio que se le ocurra al gobierno, a través del diputado Gálvez, presentar una propuesta para hablar de estabilidad en el sector público, cuando ellos no cumplieron con la Ley de Carrera Administrativa.

“Ellos obviamente lo que buscan es darle estabilidad a los más de 35 mil miembros de Cambio Democrático que ha nombrado esta administración”, aseguró.

Añadió que la propuesta de Gálvez parece un proyecto de la inquisición, ya que se le conculcan al ciudadano sus derechos fundamentales al no permitírsele estar en el partido político que quiera.

“Este proyecto violenta la carta política y los derechos humanos del ciudadano, y vamos a oponernos a su aprobación porque no le da una garantía seria al servidor público”, sostuvo.

INCONSTITUCIONAL

Inconstitucional y barbaridad. Así calificaron la propuesta del partido oficialista, el presidente del Partido Popular, Milton Henríquez, y el exministro de Trabajo del Partido Revolucionario Democratico (PRD) Reynaldo Rivera.

Henríquez ve positivo que los funcionarios de carrera no pertenezcan a partido político para evitar que estén en los vaivenes de los gobiernos de turno, y que cuando se les destituya sea por una causal y no por temas políticos.

Dijo que de este grupo debe quedar exento el personal de los diputados, alcaldes, representantes de corregimiento, la gente de confianza de los políticos y el funcionario que no sea de carrera.

Henríquez calificó como una “barbaridad” asemejar los trabajadores del sector privado con los servidores del sector público, porque es desconocer totalmente la diferencia que hay entre el derecho del trabajo que regula la relación entre capital y trabajo, y el derecho administrativo, que regula el servicio público.

Por su parte, Rivera recordó que el gobierno de Martinelli, al asumir el poder, una de las primeras acciones que hizo fue desconocer a todo aquel funcionario que entró a carrera administrativa durante la gestión de Martín Torrijos.

Explicó que la propia Constitución reconoce el derecho que tiene todo panameño de pertenecer a un partido político de preferencia, por lo tanto “ese documento tendría visos de inconstitucionalidad”.

Rivera señaló que el PRD, una vez llegue al poder, dejará sin efecto esta ley.

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