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CRÍMENES. informe anual de human rights.
Denuncian frenos a la justicia
Human Rights sostiene que el gobierno de Álvaro Uribe ha obstaculizado las investigaciones.
El Gobierno cuestionó el informe y aseguró que contiene informaciones que no son ciertas.
| REUTERS |
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| TESTIMONIOS. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, muestra documentación sobre crímenes cometidos en Colombia.1104710 |
BOGOTÁ, Colombia/REUTERS
El gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha obstaculizado a la justicia para investigar y castigar los crímenes de los paramilitares de ultraderecha y de sus aliados políticos, denunció ayer jueves Human Rights Watch.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el grupo acusó a Uribe de haberse constituido en un obstáculo para el progreso de la justicia por sus frecuentes ataques a la Corte Suprema, encargada de investigar y juzgar a los congresistas por nexos con los escuadrones de la muerte.
“El gobierno del presidente Álvaro Uribe está colocando en riesgo los intentos por investigar y juzgar los delitos cometidos por paramilitares y sus cómplices en Colombia”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
El informe recordó los frecuentes ataques verbales de Uribe contra la corte a la que ha acusado de parcial, así como contra algunos magistrados encargados de investigar los supuestos vínculos de congresistas con los escuadrones paramilitares.
También destacó los intentos del Gobierno por reformar a la justicia y cortar poderes de investigación al tribunal. “El gobierno del presidente Uribe continúa tomando acciones inéditas que podrían sabotear estas investigaciones”, afirmó.
“Aquí ha existido una especie de campaña integral por parte del gobierno del presidente Uribe para deslegitimar, para desacreditar a la Suprema Corte y también ocasionalmente a la Fiscalía cuando investiga temas que le son sensibles”, reiteró Vivanco. La Corte Suprema inició una investigación criminal contra más de 60 congresistas, la mayoría aliados de Uribe, acusados de haber hecho pactos con los paramilitares para ser elegidos en regiones que controlaban esos grupos armados ilegales y de recibir apoyo económico y logístico para sus campañas.
El Gobierno cuestionó el informe y aseguró que contiene informaciones que no son ciertas. “Las instituciones colombianas son un ejemplo de funcionamiento independiente, respetuoso y complementario entre ellas y, como en toda democracia, las diferencias propias del pluralismo se debaten públicamente”, replicó en un comunicado.
El Gobierno y los paramilitares iniciaron una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 31 mil combatientes de esos escuadrones depusieran las armas, mientras que la mayoría de sus comandantes fueron confinados en prisiones a la espera de una sentencia de máximo ocho años de cárcel.
Pero Uribe extraditó en mayo de este año a 14 jefes paramilitares acusados de haber incumplido los acuerdos de la negociación que incluían el compromiso de no cometer delitos desde la prisión, de confesar sus crímenes y de participar en un proceso para indemnizar a sus víctimas.
Para Human Rights la extradición de los paramilitares en esos momentos frustró las investigaciones y la posibilidad del castigo.
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