BUSCADOR
  Portada | Clasificados | Foros | Ediciones anteriores | Archivo | Suscripciones | Portadas PDF | Titulares por e-mail | Contáctenos
Panamá, martes 28 de octubre de 2008
 

RESPONSABILIDAD ESTATAL.

Derechos humanos: soberanía y seguridad alimentaria

Jorge Aguirre Leason
opinion@prensa.com

En enero de 1941, el discurso de las “Cuatro Libertades” del presidente Roosevelt de Estados Unidos fue importante en la preparación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incorporó la liberación de la miseria como uno de esos derechos. En 1947–1948, la delegación de Estados Unidos estableció que debía incluirse en los derechos económicos y sociales que “un hombre en la miseria no es un hombre libre”.

En su discurso de 1944 sobre el Estado de la Unión, Roosevelt había preconizado la aprobación de una Carta de Derechos Económicos y argumentó lo siguiente: “Hemos comprendido claramente que la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Los hombres necesitados no son hombres libres. Con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié en “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación...”, y especificando “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.

Panamá y el resto del mundo se enfrenta a una cadena de comercialización de alimentos que no tiene justificación moral ni ética. Convertir los alimentos en bienes de rejuego nos hace pensar que las cajas registradoras son mas importantes que la supervivencia humana, recordemos que por mucho que haya evolucionado la humanidad, los seres humanos tenemos la prioridad de alimentarnos para evitar la muerte por hambre.

Los gobiernos deberían hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa.

En estos momentos vemos que las palabras acaparamiento, especulación, aumento de precios y disminución de entregas nos hace pensar y reconocer actuaciones premeditadas de obtener ganancias con la necesidad de alimentación del pueblo panameño.

Las autoridades tienen leyes de protección al consumidor quedeben cumplir y no omitir. La alimentación y servicios esenciales de un pueblo no pueden ser medidos con buenas intenciones o dejarse al libre albedrío, esa posición no es ética ni correcta políticamente. Los seres humanos no podemos ser una cifra más enla macroeconomía de un país, porque el hambre y la pobreza son realidades y no cifras.

El autor es abogado


© 2008. Corporación La Prensa. Derechos reservados.
 
 
 
© 2008. Corporación La Prensa. Derechos reservados.
Advertencia: Todo el contenido de www.prensa.com pertenece a Corporación La Prensa S.A. Razón por la cual, el material publicado no se puede reproducir, copiar o transmitir sin previa autorización por escrito de Corporación La Prensa S.A.
Le agradecemos su cooperación y sugerencias a internet@prensa.com y Servicio al Cliente.
En caso de necesitar mayor información accese a nuestra biblioteca digital o llámenos al 222-1222.
Corporación La Prensa: (507)222-1222
Apartado 0819-05620 El Dorado Ave. 12 de octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá