MEDIDAS ANTIPOPULARES

Seguridad con sentido común, ¡por favor!

Cuando un ciudadano normal sufre percances porque su vehículo no arranca, llama a un experto (un mecánico) para que resuelva el problema.

Pero ante una situación similar (aumento de la delincuencia violenta y accidentes de tránsito) nuestra policía nacional y las autoridades administrativas en una muestra de su evidente incapacidad por resolver el problema han decidido afrontar el mismo cambiando las llantas del vehículo (persiguiendo, hostigando, fastidiando y violando derechos de la ciudadanía).

Aprovechando el largo fin de semana que transcurrió del 1 al 5 de noviembre, me trasladé al área de Isla Grande, en costa arriba de Colón, para disfrutar de la belleza del lugar. El 4 de noviembre, durante el viaje de regreso a la ciudad, en el poblado de Portobelo, sufrí un tranque descomunal que me mantuvo atascado en dicho lugar por más de 40 minutos. Inicialmente atribuí el retraso al desfile que se celebraba en el lugar como homenaje a la patria.

Pero grande fue mi sorpresa cuando descubrí que el retraso se debía a que la Policía Nacional había instalado un retén en el cual detenía a todos los conductores y los obligaba a exhalar en el famoso “guarómetro”. No observé a ningún conductor detenido por estar alcoholizado.

El pasado 18 de noviembre, por motivos de trabajo me tuve que trasladar a Colón. Al regresar a Panamá, al final de la tarde, sufrí, al igual que cientos de conductores, de una carretera en estado deplorable, un aguacero torrencial y un tráfico pesado por el regreso de muchas personas que trabajan en Colón hacia la ciudad de Panamá. Al desviarme por la represa de Madden, para evitar los cráteres de la Transístmica en el tramo que va del puente sobre el río Chagres hasta el puente Don Bosco en Chilibre, me percaté de una fila enorme de vehículos.

Recorrer el trayecto desde la represa Madden hasta la entrada de la autopista normalmente toma unos 10 ó 12 minutos, pero ese día me tomó una hora y media, ya que a la Policía Nacional se le ocurrió la gran idea de instalar un retén para solicitar licencia a los conductores y cédula a sus acompañantes. No observé a ningún delincuente detenido, pero sí a cientos de conductores enojados, sufriendo por este injustificable tranque provocado por el absurdo proceder de la Policía Nacional.

En países desarrollados en que priva el imperio de la ley y la sensatez, la policía tiene prohibido detener a conductores sin una causa justa, es decir, una violación de las leyes de tránsito por parte del conductor o una razonable y justificada sospecha contra el mismo, en virtud del principio de presunción de inocencia. Pero en nuestras tropicales y subdesarrolladas latitudes, parece persistir una mentalidad cuartelaria en que los ciudadanos somos enemigos de la policía y se presume que todos somos delincuentes y violadores de la ley.

Otros ejemplo de ineptitud. Ante la ola de delincuencia violenta que sufre el país, la Policía Nacional, en lugar de perseguir delincuentes, se ha dado a la tarea a través de la DIJ de hostigar y confiscar arbitrariamente armas de fuego debidamente registradas por ciudadanos decentes, que nada tienen que ver con la delincuencia que todos sufrimos.

Hace ya algunos dos años ocurrió una tragedia en la cual 18 personas perdieron la vida al incendiarse un autobús y las autoridades reaccionaron ante el estado de terror en que los diablos rojos tienen sumida a la ciudadanía, duplicando el costo de la licencia de conducir a los ciudadanos que no tenemos ninguna responsabilidad de dicho caos del transporte.

Tal parece que nuestras autoridades y la Policía Nacional sufren de incapacidad absoluta en solucionar problemas que son de su competencia y afectan a todos los ciudadanos y reaccionan con medidas descabelladas que no solucionan ningún problema, pero causan incomodidad, malestar y perjuicios a la ciudadanía, además de violar derechos ciudadanos.

Aumentar el costo de la licencia de conducir a la ciudadanía no impide que los diablos rojos sigan sus tropelías. Fastidiar a los conductores y violar el derecho a libre tránsito de los ciudadanos mediante el uso arbitrario e ineficiente de retenes no reduce la delincuencia, ni los accidentes de tránsito, pero sí ocasiona pérdidas cuantiosas a los ciudadanos que perdemos tiempo y gastamos exceso de combustible por este abuso policial (al igual que cuando las hordas de forajidos que amparándose en la mal entendida autonomía universitaria cierran la vía Transístmica, protestando por cualquier cosa).

Impedir que ciudadanos probos posean armas de fuego legalmente registradas no impide ni disminuye los niveles de delincuencia que sufrimos, pero sí viola el derecho de propiedad e impide que la ciudadanía pueda defenderse de los ataque de la criminalidad.

Si la incapacidad de las autoridades administrativas y de los jerarcas de la Policía Nacional les impide solucionar los problemas de seguridad que vive el país, entonces háganse a un lado, pero lo cierto es que la solución a estos problemas no está en violar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Una sociedad que cede su libertad o parte de la misma a cambio de seguridad, termina perdiendo tanto la libertad como la seguridad.