caso ley 25.cidh pidió a panamá modificar su normativa para devolver el isr descontado.
Salamín rechaza acusación de víctimas
Ex trabajadores despedidos ilegalmente en el gobierno de Endara denuncian que tres autoridades bloquean pago.
El Ejecutivo ha ofrecido 20 millones para cancelar la indemnización pendiente. Afectados piden 60 millones.
| LA PRENSA/Archivo |
|
|
| Edwin Salamín1063183 |
Marianela Palacios Ramsbott
mpalacios@prensa.com
“El ministro de Trabajo, el Canciller y el Embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) están bloqueando el pago que nos corresponde”, denunció Manrique Mejía, vocero de los 270 trabajadores que fueron ilegalmente despedidos durante el gobierno de Guillermo Endara, con la aplicación de la Ley 25 de 1990.
“Rechazo categóricamente esa acusación”, respondió el ministro de Trabajo, Edwin Salamín. “Ni estamos obstaculizando el proceso de acuerdo de indemnización ni estamos actuando de mala fe ni estamos condicionando la devolución del impuesto sobre la renta (ISR) ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]”.
En el gobierno de Mireya Moscoso, las víctimas de la Ley 25 recibieron un primer pago de la indemnización que les corresponde por concepto de salarios caídos, intereses y recargos. Pero a ese pago se le descontó el ISR correspondiente a los salarios indemnizados.
La CIDH ordenó recientemente a Panamá devolver el ISR descontado, que asciende a 1.9 millón de dólares.
“En la sentencia de la CIDH hay una contradicción. Dice ‘el proceso indemnizatorio se hará al tenor del orden interno panameño’. Pero como nuestras leyes fiscales exigen descontar ISR a las indemnizaciones, ahora la Corte nos ha dicho que si la norma interna prohíbe la devolución, entonces tenemos que modificarla para respetar los convenios internacionales suscritos por Panamá”, explicó Salamín.
El monto total de la indemnización es un tema que sigue en discusión. Para cancelarla por completo, el Ejecutivo ofreció a los ex trabajadores 20 millones de dólares, que serían desembolsados en cuatro pagos, entre 2008 y 2011.
Las víctimas de la Ley 25, sin embargo, piden 60 millones.
|
