ECONOMÍA EN EU.

Adiós a la ortodoxia

El plan de rescate del sistema financiero nacional que la administración Bush ha propuesto y que, en principio, le daría autoridad al secretario del tesoro para gastar 700 mil millones de dólares no tiene precedente en la historia de Estados Unidos.

La propuesta es insólita no solo por el estratosférico valor económico del planeado rescate, la cifra solicitada equivale al 5% del producto interno bruto, sino por la forma abrupta en la que se violentan principios de gobierno consagrados en la Constitución como la división y separación de poderes, el sistema de controles y equilibrios y sobre todo la rendición de cuentas.

Con la aprobación del plan, tal y como lo presentó la administración Bush, las decisiones que tome el secretario del Tesoro con dinero de los contribuyentes para operar a las compañías en problemas no podrían ser revisadas por ninguna corte o cuerpo administrativo. El Congreso no podría asumir el control que le otorga la constitución para decidir cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Y el tesorero no quedaría sujeto a ninguna ley.

Nunca, nadie, ni siquiera el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando estructuró el llamado New Deal, que le permitió al país salir de la crisis de la Gran Depresión posterior al crack de 1928, pidió u obtuvo los poderes que ahora se pide se le den a un miembro del Gabinete presidencial.

Y no deja de resultar irónico que esto suceda durante el mandato de George W. Bush, un presidente emanado del partido que aboga por el desmantelamiento del Estado, que critica cualquier intervención del mismo en el sector privado y que sostiene que los políticos no están capacitados para dirigir empresas. Hoy, con total desfachatez orquesta lo que, de hecho, es una nacionalización de bancos, aseguradoras y otras empresas del sector privado.

De aprobarse este paquete de rescate, el Congreso tendría que aprobar nuevos límites a la deuda pública, que en la actualidad es de 10.6 trillones de dólares y establecerlo en 11.3 (trillones en inglés).

Y como en este embrollo medio mundo está metido, lo más probable es que cuando la polvareda se asiente, nadie resulte responsable. Se dirá, y no sin razón, que la especulación movida por la avaricia fue la causante; también habrá quienes, con cierto fundamento apunten a la corrupción del sistema capitalista; otros dirán que la culpa la tiene el congreso y el presidente Bill Clinton por haber relajado las regulaciones que rigen la industria bancaria y financiera. Otros se irán más atrás en la historia para señalar a Ronald Reagan, quien odiaba las regulaciones al sector privado con el mismo fervor con el que aumentaba el tamaño del Estado o convertía a Nicaragua en un colosal peligro para la seguridad nacional, como el autor intelectual del caos actual.

Estigmatizarlos a todos, sin duda nos hará sentirnos mejor. Pero eso no va a resolver los problemas. El consenso actual es que de no actuar ahora con decisión la situación económica del país podría agravarse. Esto, sin embargo, no significa que ya se resolvió el problema.

A estas alturas del partido, la esperanza es que la receta tenga buen fin y no agrave la situación. Lo impostergable, sin embargo, es que el Congreso no se duerma en sus laureles y asuma su papel de representante del pueblo elaborando un conjunto de regulaciones que impidan el abuso y una supervisión constante sobre quienes piensan que la ambición desmedida es una virtud.

También es fundamental que en los próximos días los dos candidatos a la presidencia den muestra de que entienden el problema y la capacidad para estabilizar al país. Hasta ahora, ni John McCain ni Barack Obama se han visto presidenciables.

El autor es miembro del consejo editorial de ‘Los Ángeles Times’