¡Nada ilegal!: Daniel R Pichel

Sigo sin entender. Los panameños debemos ser tontos. Vivimos quejándonos de que los gobiernos (todos) hacen cosas difícilmente justificables ante cualquier persona con sentido común. Pero, cuando son explicadas en detalle, resulta que no violan ninguna norma legal. Esto se traduce en que, o no sabemos nada de leyes, o las leyes que rigen en nuestro país son muy, pero muy malas.

Pero empecemos con lo más reciente. La tramoya de que hemos sido testigos durante toda esta semana, con el enredo de la titulación de tierras en las playas de Coclé, es digna de una película de los hermanos Marx. El complejo entretejido de segregaciones, sociedades, ventas, compras, cesiones, representantes legales y agentes residentes hace difícil no sospechar de que algo turbio ocurrió en relación con estos procesos. Si encima, le sumamos la reciente modificación de las normas legales y el nombramiento de funcionarios que diligentemente otorgaron títulos de propiedad gratuitos por tierras que tienes un altísimo valor comercial obligan que las suspicacias afloren irremediablemente.

Pero esto, no es exclusivo de este trámite en particular. Como diría Trespatines, el “anaticidio” comenzó con un terreno que vale varios millones de dólares ubicado en una de la áreas más valorizadas de la capital, que pasó a propiedad de un florista quien, supuestamente, lo ocupó por varios años. El hecho de que durante ese tiempo hubo acciones legales para desalojarlo por “intruso” o que el área estuviera destinada a un parque público no parecen haber sido tomadas en cuenta a la hora de la adjudicación. Pero, lo más sospechoso (que se repite en el proceso de las playas coclesanas), es que estas tierras hayan quedado finalmente en manos de “sociedades anónimas” (muy anónimas por cierto), que seguramente no pensaban instalar en ellas ni la floristería más grande del mundo ni una cooperativa de pescadores.

Y es que estos sorprendentes procesos administrativos se vienen dando en Panamá desde hace muchísimo tiempo. Si no, recordemos cómo durante el gobierno anterior un tío del Presidente quedó siendo dueño de un montón de terreno de manglar frente al mar en Punta Chame, en otro proceso “perfectamente legal”. Y, si tenemos suficiente memoria, podremos recordar cómo una casa en Pedasí terminó en manos de la Presidenta de aquel momento, después de otra serie de traspasos y donaciones “perfectamente legales”.

Pero los cuestionados “procedimientos legales” no se limitan exclusivamente a transacciones de bienes raíces. Hace algo más de un año, vimos como una concesión de máquinas tragamonedas, terminó produciendo beneficios a personas vinculadas cercanamente a quienes la autorizaron. El mecanismo es siempre bastante parecido el “objeto del deseo”, llámense: empresas, terrenos, casinos, hoteles, playas, manglares o lo que sean, pasan de un lado a otro varias veces, hasta que finalmente terminan en manos del destinatario final. Para ponerlo más “deportivamente”, digamos que antes de meternos el gol hacen muchos pases tratando de marear al contrario, hasta que finalmente la bola termina en el fondo de las redes.

En lo que los ciudadanos estamos equivocados es en criticar y cuestionar procedimientos que, de acuerdo con quienes han explicado cómo sucedieron, están “completamente apegados a las leyes vigentes”. Si es ese el caso, lo cual dependerá del análisis jurídico que se haga de cada expediente, tenemos que hacer un serio cuestionamiento de lo que está pasando en nuestra sociedad. Como decía Henry Thoureau, cuando la ley contractual choca con preceptos ético-morales, siempre debe prevalecer la ética. El problema es que se torna difícil aplicar esto pues, nos guste o no, las sanciones se basarán en “leyes” que, finalmente, son hechas por los mismos que las tuercen para lograr sus objetivos.

Así, si los tribunales no pueden sancionar a nadie que no “viole una ley”, no nos quedará más remedio que diseñar sanciones de índole social, para quienes violan principios y valores éticos que, a todas luces, no parecen ser objeto de protección por parte de quienes redactan y aplican los códigos. Así, cada uno de estos actos “legales”, pero “éticamente cuestionables”, tendrá por detrás todo un entresijo de “juristas” y “expertos” que se encargarán de manosear y manipular lo que dice el texto de la ley, para que sus clientes salgan librados de cualquier sanción, y de paso, logren su objetivo de hacer negocios en total “cumplimiento de la ley vigente”.

Aunque, evidentemente, esto no se aplica a la gran mayoría de los profesionales del derecho, recuerdo lo que en una ocasión me explicó una vez un distinguido profesor de derecho de nuestro país. “Hay gente que no debía conseguirse un abogado... sino a un cómplice”.

@drpichel