De huelgas y penas de muerte: Daniel R Pichel

Por supuesto, no hubo huelga médica. Afortunadamente, las autoridades no cedieron ante un grupito que pretendía aprovecharse del “momento de debilidad” provocado por el brote de KPC en la Caja de Seguro Social (CSS), para pescar en río revuelto y disfrutar de sus 15 minutos de fama.

Como se pronosticó, unas horas antes de la convocatoria, se dio una “reunión urgente” con las autoridades de Salud y se llegó a “otro” acuerdo más, que permitía levantar el llamado a paro. El fracaso de una medida impopular y rechazada por los médicos sensatos del país tenía un precio demasiado alto para los “Sandalios” que hace buen rato dicen representar a los profesionales de la medicina.

Ellos alegarán un éxito rotundo porque pusieron en el tapete su agenda que solo busca mantener el caos reinante y del cual nutren su existencia. Sin embargo, el tema que detonó la supuesta crisis, que fue una destitución en el Cuarto de Urgencias, no fue modificada. Esperemos sirva de ejemplo para quienes decidan lucir su inestabilidad emocional frente a las cámaras de televisión. Enhorabuena para las autoridades y para los usuarios, que lograron neutralizar otro de los intentos de figuración de esta gente que no queda muy claro si representan a Comenenal, a Frenadeso o a una comparsa de Las Tablas (con perdón de la comparsa).

Cambiando el tema por algo más relevante, han vuelto a poner en el tapete la posibilidad de implantar en Panamá la pena de muerte. Esta medida se propone como supuesta “solución” a los crímenes violentos que diariamente vemos en nuestro país. Este asunto debe evaluarse desde una perspectiva de ecuanimidad y sentido común, que cada vez parece menos factible en nuestra Asamblea Nacional.

Personalmente, considero la pena de muerte una completa aberración como concepto mismo. Permite al Estado cometer un asesinato para “dar una advertencia” a quienes puedan cometer esos mismos crímenes. Sin ser un experto en el tema ni mucho menos, entiendo que la implantación de la pena de muerte no repercute en una reducción de la violencia en las sociedades donde se aplica. En su lugar, termina funcionando como un mecanismo de “venganza” contra quienes cometen crímenes clasificados como “horrendos” (preguntaría yo si hay alguno que no lo sea).

Pero esta clasificación dependerá de quien la defina por ley. A todos nos repugna cuando escuchamos sobre un acto tan aberrante como el que se descubrió hace unos días en La Chorrera y la reacción natural es pensar que quien comete estos actos “no merece vivir”. Pero, una cosa es decirlo y otra que el Estado lo oficialice como una forma de castigo.

Curiosamente, mientras se propone esto en Panamá, vemos lo ocurrido en Estados Unidos con la ejecución de Troy Davis en Georgia. Davis fue condenado por el asesinato de un policía (que ejercía como guardia de seguridad) en 1989. Durante el juicio, él alegó en todo momento su inocencia, pero fue declarado culpable, y condenado a muerte, con base a las declaraciones de varios testigos y a pruebas de balística. Sin embargo, durante los 20 años que pasaron después se siguieron consiguiendo pruebas y elementos que generaron serias dudas de su responsabilidad por el crimen.

A pesar de eso, y después de muchos trámites legales, Davis fue ejecutado el miércoles por inyección letal. Desde el punto de vista de derechos humanos es abominable que el Estado decida matar a alguien como castigo, si existe una remota duda de su culpabilidad.

Volviendo a Panamá, es peligrosísimo que un país donde el sistema de justicia funciona tan mal tenga pena de muerte, especialmente cuando los fallos se pueden decidir alrededor de una mesa de café o por medio de un maletín con papelitos verdes. Sin duda, lo que se alegará es que la ley “blindará” que solo pueda aplicarse en casos muy puntuales.

Pero, con nuestras tradicionales leguleyadas, todo puede cambiar. Yo sospecho que la ley de la Anati no fue redactada con el objetivo de titularle un terreno que vale millones de dólares a empresarios insaciables. Pero, al final, eso termina siendo lo que ocurre.

Insisto que en Panamá sería un grave error considerar la pena de muerte, tanto por razones de derechos humanos, como por la ineficiencia del sistema que tendría que decidir sobre ella. Si bien Troy Davis es un caso ocurrido muy lejos, pensamos por un momento que esa persona, que será ejecutada sin la plena seguridad de su culpa, fuera un conocido o peor aún nuestro hijo o nuestro hermano... ¿no creen que la perspectiva cambia?