Desgracias contemporáneas: Carlos Guevara Mann

Los ataques del 22 de julio en Noruega ocurrieron mientras me encontraba en el Viejo Continente, por lo que pude palpar de primera mano la consternación que aquellos eventos causaron en todos los confines de de la región.

Europeos y foráneos se preguntan, repetidamente, cómo es posible que en el seno de la sociedad noruega –muy avanzada, liberal, tolerante y pacífica– se hubiese podido engendrar una personalidad tan llena de odio y resentimiento, capaz de idear y ejecutar los atentados de Oslo y la isla de Utoya, que entre ambos ocasionaron la muerte a 77 personas, en su mayoría jóvenes.

Noruega, en efecto, es uno de los países que mayor desarrollo político y social ha obtenido en el planeta. Su régimen de gobierno –la monarquía constitucional y parlamentaria– es considerado uno de los más abiertos y democráticos, capaz de garantizar, con bastante efectividad, el acceso al poder, a la toma de decisiones y a los servicios sociales por amplios segmentos de la población.

En 2010 y años anteriores, su índice de desarrollo humano fue el más alto del mundo, lo que indica que Noruega es la sociedad que mejor calidad de vida puede ofrecer a sus ciudadanos. Su red educativa, basada en el humanismo, el método científico y la apertura a las ideas, está entre las más eficaces de la actualidad.

Los actos del 22 de julio tenían como objetivo aniquilar ese sistema político y social. El propósito del terrorista era, precisamente, erradicar la futura dirigencia política del país, a fin de forzar un cambio en el rumbo de Noruega hacia el sectarismo, la intransigencia y su propia versión extremista del nacionalismo noruego. Por eso, en lo que evidencia su abominable maldad, concentró sus esfuerzos en eliminar a cuanto joven encontró en la isla de Utoya.

Noruega, en particular, y Europa, en general, tratan hoy de superar el trauma sin precedentes ocasionado por los actos del 22 de julio. Mientras, en otro extremo del mundo se desarrolla una tragedia cuyo número de víctimas supera, con creces, el de los atentados noruegos.

Dos días antes de los ataques, la ONU declaró el estado de hambruna en Somalia (El Panamá América, 20 de julio). La FAO explicó que el hambre generalizada “ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en los últimos meses, y la situación podría agravarse aun más a menos de que se actúe con urgencia”.

Lo peor es que el fenómeno da señales de extenderse a otras partes del país y la región. Según la BBC (27 de julio), la sequía causante de la hambruna “ha dejado más de 11 millones de personas en necesidad de ayuda urgente” en esa parte de África.

Pero las acciones urgentes requeridas para evitar un aumento en el número de muertes se dificultan por la situación de ingobernabilidad en Somalia y el rechazo de algunos grupos insurgentes, que controlan varias secciones del país, a la participación de ciertas agencias internacionales de ayuda humanitaria.

Estos eventos de origen y tipo distinto, pero que constituyen desgracias contemporáneas, deben movernos a la reflexión. El objetivo fundamental de todo Estado democrático es garantizar la seguridad de sus miembros, con respeto a su individualidad. La seguridad comprende no solo la protección contra la violencia física perpetrada directamente por otros individuos, sino –además– contra el hambre, la enfermedad y la ignorancia.

Es inadmisible que en un mundo de abundancia –en el que existen suficientes recursos para asegurar la adecuada alimentación de todos los que habitamos el planeta y numerosos instrumentos jurídicos para garantizar el pluralismo y la convivencia pacífica de todos los seres humanos– ocurran tragedias como las señaladas.

En Panamá debemos adquirir mayor conciencia acerca de los peligros del extremismo y la exclusión. Los trágicos acontecimientos mencionados pueden servir de punto de referencia para llevar a cabo actividades de solidaridad con los pueblos afectados por estas desgracias y concienciación que abarquen a amplios sectores de la sociedad.

He allí una tarea edificante y sensata para el Gobierno Nacional y la sociedad civil, particularmente para las iglesias, universidades y medios de comunicación llamados a orientar a la opinión pública.