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Economía

TERCER JUEGO DE ESCLUSAS

El Canal de Panamá: la religión que une a todos los panameños

La ampliación es el proyecto símbolo y de orgullo de los panameños. Su desarrollo se aprobó en un plebiscito el 22 de octubre de 2006.

CONTRATISTA. El proyecto de ampliación tiene un avance de 72%, según los últimos datos divulgados por la Autoridad del Canal de Panamá. LA PRENSA/Roberto Cisneros.

12/01/2014 - Cuando el 18 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado Hay-Buneau Varilla, negociado por el abogado William Nelson Cromwell y el ingeniero francés Philippe Buneau-Varilla, en ese mismo instante se inició la lucha del pueblo panameño por la defensa de su soberanía y del Canal de Panamá. Esta tuvo su momento crucial hace 50 años, el 9 de enero de 1964, con un saldo de 21 muertos y 400 heridos y concluyó el 31 de diciembre de 1999, con la devolución de las operaciones del Canal, su infraestructuras y territorios ocupados.

Desde 1903 hasta 2014 los panameños sienten el Canal como algo propio, como símbolo de lucha y nacionalidad, su principal recurso estratégico y que es un factor importante en su desarrollo económico. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no es una empresa estatal cualquiera. Es la empresa de todos los panameños y representa la dignidad nacional: entiendan esto señores de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y Sacyr.

La ampliación, un proyecto nacional

La ampliación del Canal, es el proyecto símbolo y de orgullo de los panameños. Para su ejecución se aprobó en un plebiscito nacional el 22 de octubre de 2006, con la participación del 41.9% de la población electoral, y el resultado fue 78.3% votos a favor y 21.6% en contra.

Ni la cinta costera, la limpieza de la bahía, la ciudad hospitalaria, los pasos elevados, el Metro de Panamá, el Metro Bus, los hospitales, las autopistas, y los aeropuertos, etc., han pasado por un proceso tan debatido y analizado. ¿Por qué? Porque la ampliación del Canal no es un proyecto común, normal y obra de un gobierno en particular. La ampliación del Canal es un proyecto nacional que toca la fibra, sensibilidad y corazón de los panameños. No es un tema financiero de sobrecostos, ni diplomático de apoyo prometidos por gobiernos, es un proyecto donde se pone a prueba la integridad de los directivos de la ACP, su junta directiva, el gobierno, el prestigio internacional del país, la credibilidad de nuestro sistema institucional y la seriedad con que se administra el Canal. La ampliación es un proyecto nacional con un gran impacto global y está por encima de los intereses financieros de Sacyr y entraña la responsabilidad moral y solidaria de las otras empresas que integran GUPC, a saber: Cusa (panameña) Salini Impregilo (italiana) Jan De Nul (belga).

Como proyecto global, la ACP hizo lo que tenía que hacer:

1. Realizar una licitación pública internacional transparente.

2. Definir en un contrato (firmado por todos los miembros de GUPC y Sacyr).

3. Establecer los mecanismos locales e internacionales para la solución de disputas.

4. Garantizar el financiamiento.

5. Definir garantías y fianzas.

6. Especificaciones de la obra.

7. Cronograma de trabajo.

ACP - GUPC y Sacyr

Los ojos de Panamá y del mundo están puestos en el cumplimiento de lo pactado. Este no es un problema de relaciones de poder económico e influencia política. El método tradicional de modificaciones y alteración de contratos por medio de adendas, sobrecostos, trabajos extras y cambio de especificaciones es de muy difícil aplicación en este proyecto nacional. El modelo de negocio de Sacyr no es aplicable en este proyecto.

La gran obra Ampliación del Canal en el siglo XXI, como lo fue su construcción en el siglo XX, exige que sea ejecutada por contratistas serios, responsables y confiables. Si el consorcio GUPC, no está a la altura de la magnitud del proyecto. Si el Gobierno se equivocó en otorgarle a GUPC el contrato, a sabiendas de las dificultades financieras de Sacyr, que son el resultado de otros proyectos en Europa, España y no de Panamá, el pueblo panameño no tiene por qué salvar la crisis financiera de Sacyr, aceptándoles sobrecostos y las presiones nacionales e internacionales.

LA QUIEBRA DE FERDINAND DE LESSEPS

La historia de la construcción del Canal tiene experiencias de las cuales se deberá aprender. En la construcción del canal interoceánico (1881) la empresa Compagnie Universalle du Canal Interoceanique, enfrentó dificultades financieras, de recursos humanos, geográficos, clima, enfermedades, iliquidez financiera, que obligó a la compañía a declararse en quiebra el 4 de febrero de 1894 y a entregar el proyecto a un liquidador. El creador del proyecto, ingeniero Ferdinand De Lesseps – visconde, diplomático y empresario, enfrentó una crisis financiera que no pudo superar; falleciendo ese mismo año.

Si el modelo de gestión y prácticas de negocios de Sacyr, su liquidez financiera, sus incumplimientos de contratos, sobrecostos en sus proyectos, debilidad de capital, caída del valor de sus acciones en el mercado bursátil, compromiso financiero por reestructuración de sus deudas, el tema de las garantías otorgadas para emisión de fianza de cumplimiento, el apoyo de políticos españoles y el impacto del fracaso de Sacyr tenga en la “marca España” no son problemas de incumbencia de la ACP, el Gobierno Nacional y menos del pueblo panameño.

Sus errores de especificaciones y cálculos de sobrecostos no funcionan en este proyecto. Sacyr llevará a una difícil situación a los otros socios de GUPC, que no puedan salir adelante con el proyecto, la solución es una: Que la ACP ejecute las fianzas de garantía con las afianzadoras, entre ellas Zurich America y las garantías bancarias de las cartas de crédito ($600 millones). La ACP ha expresado en reiteradas ocasiones que tiene el recurso humano panameño capacitado para concluir con éxito el proyecto y que puede terminarlo dentro de costos financieros razonables, con el mínimo de atraso posible. El Gobierno, la junta directiva de la ACP y los panameños debemos confiar en ellos, rescindir el contrato con GUPC y no perder tiempo en procesos dilatorios que atrasarían más la obra, que debería estar concluida antes del 21 de octubre de 2014. Y que lleva, aproximadamente, meses de atraso y es poco probable que esté lista para junio del 2015, con 64% de adelanto en el Pacífico y 70% en el Atlántico a diciembre de 2013.

ADELANTOS Y EJECUCIÓN

Los directivos de la ACP podrán considerar un sobrecosto del 10% de la obra, o sea $312 millones. Hasta la fecha se han aceptado $156 millones o sea el 5% del valor original del proyecto. Las pretensiones de GUPC y Sacyr de $1,600 millones están por encima de toda justificación racional y financiera. Además, la ACP ha realizado un adelanto a GUPC, cuyo balance actual es de $748 millones que el consorcio debe reembolsar al Canal.

Si se le agrega lo pagado por adelanto de obras, de $2,047 millones, GUPC ha recibido $2,795 millones, que representa el 89% de la obra, que registra un avance de 64% en ejecución. Se entiende que la diferencia corresponde a equipo, maquinaria y estructuras comprometidas. Adelantar más dinero a GUPC es sumamente peligroso.

SIGLO XX Y SIGLO XXI

La firma de abogados panameña que representa y defiende los intereses de GUPC, a saber la firma panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), tendrá que poner en la balanza de su consciencia, por un lado, si aplica la práctica jurídica de defender a sus clientes o los sagrados intereses de la patria y del Canal, por el cual todo el pueblo panameño luchó, se sacrificó y convirtió en el símbolo de la lucha nacionalista panameña, que están por encima de los intereses particulares de sus clientes. Los abogados de Alcogal deberán analizar si ellos serán percibidos o no por el pueblo panameño como la versión criolla, de Sullivan & Cromwell del siglo XXI de Panamá, y se les recordará por ser fieles a los mejores intereses del país con justicia y equidad.

No podemos olvidar que a la fecha, la Nación panameña no conoce los términos y condiciones pactados por la ACP con GUPC, estos no han sido dados a la luz pública. Lo que definitivamente no hubiese ocurrido, si no se hubiese modificado en el año 2004, el artículo 319 de la Constitución, hoy artículo 325. La historia de este artículo, “La enmienda propuesta al artículo 319 de la Constitución” fue publicado en el diario Panamá América, el jueves 1 de julio de 2004.

LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECTIVA

La junta directiva de la ACP, integrada por panameños de diferentes sectores políticos, económicos, profesionales y sociales tiene en sus manos la gran oportunidad de dignificar sus nombres, la de sus familias (Ahumada, Ameglio, Bárcenas, Castillo, Corcione, Chapman, De La Espriella, Mizrachi, Roy, Sosa y Vallarino) y dejar escrito en los libros de la historia de Panamá su integridad, valentía, dignidad y defensa incansable de los intereses de la patria, junto a miles de panameños, que por generaciones ofrecieron sus luchas, sudor y sangre en el altar de la patria, en defensa del Canal.

 

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