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Economía

CONSEJO NACIONAL DE TIERRAS IMPULSA PROYECTO

Decreto pone en peligro a terrenos protegidos

Ambientalistas y operadores turísticos se manifestaron en contra de la nueva norma, porque solo beneficia a los grandes capitales.

Luis Bellini Alex E. Hernández
economia@prensa.com
PROTECCIÓN. Isla Contreras, en la provincia de Veraguas, está dentro del parque Nacional Coiba. LA PRENSA/David Mesa.

17/09/2013 - Tres islas protegidas por la legislación de parques nacionales, y otras seis en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Colón, podrán ser vendidas al mejor postor luego que el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto 19 del 13 de agosto de 2013.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial, declaró como “áreas de desarrollo especial” los territorios insulares de las islas Boca Brava, Secas y Ladrones (Chiriquí); islas Cébaco, Gobernadores y Contreras (Veraguas); e islas Grande y Cabra (Colón).

En el caso de las islas en la provincia de Chiriquí destacan por su atractivo para la pesca deportiva, mientras que las de Veraguas como Bahía Honda, en el distrito de Soná, ha despertado el interés de inversionistas para establecer marinas y astilleros.

La idea de incluir las nueve islas dentro del marco de “áreas de desarrollo especial” fue sugerida por el Consejo Nacional de Tierras en la resolución N° 015 del 18 de abril de 2013.

El proyecto fue sustentado ante el Consejo de Gabinete por el administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Oduber. Una vez Oduber obtuvo el visto bueno del Ejecutivo, se emitió un decreto en el que se indica que “una importante cantidad” de solicitudes de adjudicación de terrenos nacionales están relacionados con tierras insulares que no han sido declaradas como áreas de desarrollo especial, razón por la cual han sido rechazadas.

De acuerdo con la Ley 80 de 2009, solo se reconocerán derechos posesorios y titulación en aquellas islas que sean declaradas por el Consejo de Gabinete como áreas de desarrollo especial.

Durante la administración de Martín Torrijos, se declaró a los archipiélagos de Las Perlas y Bastimento bajo esta denominación.

De acuerdo con el jurista Ernesto Cedeño se pueden adjudicar tierras insulares para fines turísticos, pero indica que el Decreto 19 no explica qué tipo de desarrollo se dará en esas zonas.

“En lo particular me opongo a la venta de bienes estatales, y a este ritmo que vamos, los Gobiernos van a dejar al país sin islas”, indicó.

Alida Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancón) criticó la decisión del Gobierno. Dijo que el decreto está pasando por encima de las leyes que crearon el Parque Nacional Coiba, y Portobelo, ya que las islas Contreras, Cabra e Isla Grande están protegidas por estas normas.

En internet se pueden encontrar avisos de venta de islas panameñas. Algunas ofertas pueden alcanzar los $3 millones, lo que anticipa el valor que tendrían las tierras que ahora el Gobierno declara como “especiales”.

Para el operador turístico de Chiriquí Julio Santamaría, en estas islas deben mantenerse desarrollos de bajo impacto, ya que con la llegada de grandes cadenas hoteleras estos lugares perderían su atractivo natural, que podría ser aprovechado para un turismo más ecológico.

“El turismo es una actividad que beneficia a mucha gente, pero las grandes cadenas solo favorecen a unos pocos. Los salarios son bajos y en temporada baja despiden a “medio mundo”, advirtió Santamaría.

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

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