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Hoy por Hoy

19/07/2013 - Los gastos en consultorías en los que incurre la Defensoría del Pueblo son ignominiosos, pero también son el vivo reflejo de esa malsana política del gobierno de gastar a manos llenas con el único propósito de hacer negocios.

¿Qué justificación racional puede dar la señora defensora al comprometer casi el 15% de su modesto presupuesto en gastos que, si no son caprichos, claramente delatan una inmoralidad que la hacen indigna de seguir ejerciendo el cargo?

Su ligereza en el uso de los fondos es ofensivo, en especial para una mujer que luchó desde las filas de ese pueblo que hoy, con justificadas razones, condena su derroche.

Flaco favor se hace la funcionaria al poner como testigo a la Contraloría, para probar que nada hubo de objetable en esas contrataciones a las que ahora se suma otra que por pura vergüenza desistió de ella. Sus “pruebas” provienen de una institución aún más cuestionada que la propia Defensoría del Pueblo, una entidad que ha avalado incontables compras con sobreprecios y obras con sobrecostos.

Y sus contratos no son la excepción. Son prueba de ello. Si algo de dignidad le queda a la defensora, ojalá le alcance para presentar su renuncia.

 

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