Hoy por Hoy

20/11/2014 - Para aquellos que no entienden la importancia del nombramiento del nuevo contralor general de la República, basta saber que los artículos 8 y 9 de la Ley 59 de 1999 establecen que únicamente este funcionario es quien puede determinar la comisión del delito de enriquecimiento injustificado y ponerlo en manos de la Procuraduría General de la Nación.

 La revelación pública de la declaración jurada de estado patrimonial del exministro de Desarrollo Social, y el descubrimiento de múltiples casas, fincas y hasta de un yate no significan nada si el contralor general no califica de ilegítimos dichos bienes.

Señores políticos, tengan mucho cuidado al escoger al nuevo contralor de la República, ya que la decisión puede acarrear impunidad o justicia.

 

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