Página del lector

ESTACIONAMIENTOS EN RUINAS


LA PRENSA/Eric Batista.

 

Los estacionamientos del histórico Teatro Nacional, en el barrio de San Felipe, están tan deteriorados que ya se pueden ver las parrillas de hierro que reforzaban la capa protectora de cemento. Este ícono de la cultura nacional es muy frecuentado por visitantes locales e internacionales, por lo tanto, urge hacer las reparaciones pertinentes, a fin de evitar accidentes. Hay que incluir estos daños en la agenda de restauración del Casco Antiguo.

 

Memorando a la sombra del pasado quinquenio

Las notas “Panamá y Colombia, un año para negociar acuerdo” e “Intercambio seguirá modelos de la OCDE” (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), publicadas en las ediciones de La Prensa del 22 y 23 de octubre de 2014, respectivamente, informan sobre la firma de un “memorando de entendimiento” por las cancilleres de ambos países, con el fin de negociar, en un plazo de cerca de 11 meses - hasta el 30 de septiembre de 2015 - “un convenio para evitar la doble tributación que incluiría cláusulas de intercambio de información financiera”.

El análisis del contenido de dicho memorando de entendimiento, con fecha del 21 de octubre pasado, en un ejemplar de dos páginas, deja la impresión de que las desafortunadas asesorías que tanto perjudicaron a los mejores intereses panameños en temas de tratados tributarios durante la nefasta gestión del gobierno anterior (2009-2014) parecieran continuar erosionando la posición de nuestra República globalmente. Para muestra, hay que citar y comentar algunos párrafos encontrados en dicho memorando:

1 - “Los signatarios se comprometen a concluir la negociación del mencionado acuerdo y a proceder a su suscripción para el 30 de septiembre de 2015”. Panamá no solo se “compromete” a negociar, sino a concluir la negociación de un acuerdo que nunca tuvo la intención de concretar y además acepta también suscribirlo en un plazo determinado, implicando que de todas maneras deberemos hacer un pacto no deseado con Colombia.

Asimismo, el memorando establece tales “compromisos” para Panamá, a pesar de que el ordenamiento constitucional panameño solo reconoce como acuerdos internacionales a aquellos que sean aprobados por la Asamblea Nacional.

2 - “Las negociaciones que se adelanten para alcanzar un acuerdo en los términos del presente Memorando serán mantenidas de forma confidencial hasta que el acuerdo sea concluido en forma final”. Esta cláusula es inaceptable desde todo punto de vista. La “diplomacia secreta” que su adopción involucra no es tolerable en una democracia, donde cualquier ciudadano tiene el derecho a ser informado sobre progresos en la negociación de un acuerdo internacional antes de que el mismo llegue a ser suscrito.

3 - “Cooperación en materia de temas relacionados con estándares internacionales desarrollados o monitoreados por distintos organismos internacionales (OECD, GAFISUD, IOSCO, FATF, ETC.)”. De cara al derecho internacional, sin embargo, ninguno de los organismos mencionados “desarrolla” o puede “monitorear” un “estándar internacional”.

4 - “Se tendrá como objetivo analizar, negociar y concretar un Acuerdo para evitar la Doble Tributación, teniendo como base los Modelos de Convenio de Doble Imposición de la OCDE y de la ONU, atendiendo a los intereses de cada uno de los Estados, como evitar la Doble No Tributación”. [ El error en la redacción de esta cláusula es evidente].

5 - “El acuerdo incluirá normas que regulen el intercambio de información a requerimiento, de acuerdo con el estándar internacional consagrado en el artículo 26 del Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE (Versión 2010) ...”. El artículo 26 referido no “consagra” ningún “estándar internacional”, ni tampoco constituye una norma de derecho internacional. Ese artículo es apenas una disposición propuesta por los 34 países que conforman la OCDE. La Organización de Naciones Unidas, por su parte, está compuesta por 193 países.

Colombia nos ha retirado con carácter temporal por un año de su lista de “paraísos fiscales”, a cambio de la firma de este memorando. No obstante, su deficiente texto permite prever que, lamentablemente, este nos ocasionará nuevos inconvenientes con el Gobierno colombiano, mucho más temprano que tarde.



FERNANDO GÓMEZ ARBELÁEZ ABOGADO Y ÁRBITRO INTERNACIONAL


Crisis de la educación nacional

El tema de la profunda crisis por la que atraviesa la educación nacional ha sido motivo de información, análisis y señalamientos a través de los medios de comunicación, especialmente del diario La Prensa en sus ediciones cotidianas.

Empecemos por replantear el fin de la educación panameña, en sus diversas formas y niveles, el cual es facilitar el desarrollo armónico de todos los aspectos de la personalidad del individuo de acuerdo con sus capacidades e intereses, y contribuir a acelerar el proceso de desarrollo cultural, social y económico del país. Esto significa que la estructura del sistema escolar y los contenidos de la enseñanza han de ser tales que robustezcan la unidad nacional, fortaleciendo la integración y la solidaridad de los diversos grupos, y que, fundándose en la mejor tradición de nuestra cultura, fomenten los valores y estimulen las actitudes que favorezcan la formación del hombre y del ciudadano.

La educación general básica tiende a facilitar el desarrollo integral de los miembros de una sociedad democrática en constante cambio, es decir, la formación general del hombre, del ciudadano y del productor y consumidor de bienes y servicios. Específicamente aspira a realizar, sin otro límite que el de las capacidades de cada cual, entre otros, los siguientes objetivos principales:

1) Favorecer la adquisición de conocimientos y el desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes que contribuyan al progreso del organismo, a la conservación de la salud física y mental, y a la seguridad individual y social;

2) Alcanzar un dominio satisfactorio del español (hablar, leer, escribir, escuchar) como un medio de formular eficazmente el pensamiento propio, de comprender el de los demás y de iniciarse en la apreciación de los valores de la cultura universal; 3) Alcanzar un dominio satisfactorio de las matemáticas (calcular, plantearse y resolver problemas) en la medida en que ello se requiere para las necesidades ordinarias de la vida y para la comprensión de las relaciones y aspectos cuantitativos más importantes del mundo físico y social; y

4) Desarrollar una comprensión satisfactoria de los hechos, procesos, conceptos, principios, métodos y técnicas indispensables para una explicación científica de la naturaleza y de la sociedad y para una adecuada conducta en ellas.

Si bien es cierto sobre la profunda crisis que padece nuestra educación actualmente, también es cierto que la regionalización de la educación, vigente desde hace algunos años, no satisface en su función integral. Se ha descuidado el problema de la educación rural (aún existen las escuelas “rancho” con su secuela de necesidades y de maestros).

Entendemos por regionalización no solo la parte administrativa regional, sino el ajustamiento de la educación, de la escuela a su medio circundante, cuyos problemas y cuyas preocupaciones deben servir de centro de actividad a los maestros.

Nuestra escuela rural ha estado siempre desvinculada de esa realidad circundante. Planes y programas están concebidos de manera nacional, en forma tal que la enseñanza en el campo no se diferencia de la enseñanza de la ciudad. Los horarios, estructurados rígidamente desde el Ministerio de Educación no están en relación con las preocupaciones de las diferentes regiones. Los períodos de vacaciones son idénticos para toda la República y el año escolar se inicia en una misma época.

Regiones hay en Panamá donde en las épocas de lluvia quedan inundados los caminos, imposibilitándose el tránsito entre pueblos y ciudades. En otras regiones, la siembra y recolección de las cosechas no coinciden con los períodos de vacaciones, etc. Todo esto afecta el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y jóvenes del ambiente rural.

¡He ahí otras razones de peso por las cuales se justifica una planificación integral de la educación panameña más temprano que tarde!



PAULINO ROMERO EDUCADOR


´No defiendo ni ataco a Moncada Luna´

Aunque el magistrado Alejandro Moncada Luna es abogado y tiene un equipo de juristas que lo asesora, no puedo dejar de criticar el procedimiento al considerar infringido el derecho al debido proceso que no establece excepciones, ni siquiera y mucho menos para los casos tramitados ante la Asamblea Nacional, que por su cobertura mediática servirá de referente.

No defiendo ni ataco a Moncada Luna. Defiendo: 1) el respeto a la garantía fundamental de la Doble Instancia (Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos); y 2) el sagrado deber de motivación exigible directamente a todo funcionario, y con mayor rigurosidad al Tribunal de Garantía conformado por tres ilustres abogadas versadas en derecho penal. Ambos derechos son parte del bloque de constitucionalidad.

Las reglas constitucionales se interpretan conforme a valores y principios convencionales internacionales, y de manera armónica e integral. El razonamiento para una adecuada sindéresis (capacidad natural para juzgar rectamente) fue pobre; se le negó a la defensa el examen del caudal probatorio, y lo peor es que también se le negó el derecho a apelar. “El derecho a hacer uso de los recursos contra resoluciones judiciales previstos en la ley constituye, claramente, un elemento de la garantía constitucional del debido proceso legal, y, por lo tanto, serán violatorios de dicha garantía las resoluciones judiciales que arbitrariamente impidan o nieguen a una persona la utilización de los medios de impugnación consagrados por la ley contra sentencias, autos u otras resoluciones judiciales” (Hoyos, El Debido Proceso, Temis, 1996, Pág. 74).

Las medidas cautelares tienen finalidad instrumental: evitar que el tiempo haga ilusoria una sentencia condenatoria, pero en su adopción se deben respetar las garantías constitucionales. ¿Existió en el caso Moncada Luna un justo medio entre la efectividad del proceso y el derecho a la defensa? Era imprescindible armonizar esos intereses contrapuestos.

El derecho procesal es un medio al servicio de la justicia y no un arma para sojuzgar al adversario, y por tal razón debe inspirarse en el reconocimiento de principios humanitarios de trato igualitario en que la doble instancia y recurribilidad son básicos. Las medidas cautelares no tienen fin en sí mismas.

Suponen como requisito 1) un peligro en la demora (periculum in mora) para que la sentencia no resulte infructuosa; y 2) la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris) que debió ser meticulosamente articulado (motivado) para permitir el ejercicio de la defensa. De lo contrario, peligran los derechos sustanciales del imputado y su severidad podría equivaler a una culpabilidad y condenas anticipadas.

Toda persona tiene derecho a recurrir y pedir que otro juez revise si lo actuado fue jurídico. La verdad debe ceder ante las mencionadas garantías. La hipótesis del fiscal era solo conjetura, por tanto insuficiente para generar consecuencias tan gravosas como el confinamiento en residencia y suspensión del cargo. No interesa solo lo que dijeron las juezas, sino cómo y por qué lo dijeron. Si los argumentos no son explicados por escrito para permitir su impugnación, se violan los derechos del imputado. La simplificación del procedimiento no debe significar reducción de garantías y menos de una segunda instancia. Esperemos que este no sea el ejemplo que los funcionarios jurisdiccionales sigan.

Independientemente de la culpabilidad o inocencia, cuyo momento para su determinación no ha llegado, nadie merece el trato recibido por el magistrado Moncada Luna, pues para que los procedimientos sean válidos y jurídicos no solo deben ser rígidos legalmente, sino también moralmente.



NELSON CARREYÓ COLLAZOS ABOGADO


EDICIONES ANTERIORES