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ABANDONO


LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.

 

 

Detrás de la cancha de fútbol Cascarita Tapia, cerca del estadio Rommel Fernández, en el complejo deportivo de Juan Díaz, se encuentran dos canchas de fulbito en completo abandono, sin que se les dé ningún tipo de mantenimiento. Las gradas están deteriorándose y rajadas, y el área está llena de basura y malezas. Estas instalaciones han tenido un alto costo y representan una oportunidad para que la juventud se aleje del vicio por medio del deporte. Muchas veces se ha llamado la atención a las autoridades deportivas, pero no se ha hecho nada.

 

 

Impacto del impuesto al consumo de tabaco

 

Existe suficiente evidencia científica para demostrar que las medidas de control del consumo de tabaco han tenido un impacto positivo tanto desde el punto de vista económico como de la salud. Sin embargo, la industria tabacalera ha asumido todas las formas posibles e inimaginables para tratar de desvirtuar los beneficios que dichas medidas generan.

Ante las aseveraciones hechas por la industria tabacalera de que 84% del comercio de cigarrillos en Panamá es ilícito, el Ministerio de Economía y Finanzas respondió indicando que se hacían afirmaciones equivocadas para desinformar a la población, indicando además que los objetivos del Gobierno de reducir el consumo de tabaco por los efectos nocivos para la salud y aumentar los ingresos del Estado se habían cumplido, con una recaudación que aumentó en 130% con relación al mismo periodo en el año anterior, con un aumento de los ingresos del Estado que se cumplió con creces y con un descenso en la prevalencia de consumo.

Este es un ataque abierto de la industria tabacalera, que utiliza a terceros, como siempre ha sido su tónica. Lo que en efecto no se menciona es que de la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco, se destina el 10% a la Autoridad Nacional de Aduanas para el combate del contrabando, un 20% al Ministerio de Salud y otro 20% al Instituto Oncológico Nacional, como una forma de mitigar el impacto del flagelo de la adicción al tabaco. Estos recursos son utilizados en la atención de las personas con cáncer, clínicas de cesación de tabaco, actividades de promoción a la salud y prevención del consumo de tabaco, entre otras.

De acuerdo con los resultados de investigaciones científicas realizadas (encuesta de marcas) por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) para los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón y David, en 2012 y financiada por el International Research Centré de Canadá, el porcentaje de comercio ilícito estimado fue de 28% y la evasión fiscal estimada por subdeclaración de ventas fue de 30%, muy lejos del mencionado 84%.

Por otro lado, la Encuesta de Tabaco en Adultos (GATS) de Panamá (efectuada conjuntamente por el Icges, el Ministerio de Salud, el CDC de Atlanta y la Organización Panamericana de la Salud en 2013), aplicada a 16 mil 962 personas de 15 años y más, estimó que el comercio ilícito de cigarrillos fue de 36%, nuevamente muy lejos del 84% del que habla la industria tabacalera.

Es bueno saber que los documentos secretos de la industria tabacalera hechos públicos después de los juicios que perdiera en Estados Unidos indican que 1 de cada 3 cigarrillos que entra a los países por el mercado legal sale por el mercado ilegal. Estos mismos documentos muestran las rutas de contrabando usadas por la industria legal para el comercio ilegal de cigarrillos, por lo que sabido es que el contrabando es funcional a la industria, tan funcional que ha tenido que pagar a diversos países millones de dólares como consecuencia del comercio ilegal.

Adicionalmente, la GATS permitió estimar una prevalencia de consumo de tabaco fumado en el país de 6.1%, la más baja de toda nuestra región y una de las más bajas del mundo, que ha hecho merecedora a Panamá de un reconocimiento internacional recientemente, el Premio Especial de la Directora General de la OMS (Organización Mundial de la Salud), otorgado con motivo de la conmemoración del Día Mundial de No Fumar, al Ministerio de Salud por su liderazgo sin precedentes en la promoción de la creación de capacidad regional para el control del tabaco en las Américas y por sus logros en el ámbito fiscal del tabaco, que fue el eje de la campaña 2014 del Día Mundial sin Tabaco.

El tabaquismo le cuesta al Estado más de $150 millones al año, sin considerar las muertes y discapacidad, que no pueden ser valoradas monetariamente, y el gasto que tienen las familias panameñas para poder atender a las víctimas primarias de la industria tabacalera, los fumadores y fumadoras, y a los que esta industria les miente ofreciendo beneficios por el consumo de sus productos que matan al 50% de sus consumidores. La importancia de la implementación de medidas de control de tabaco integrales son el mecanismo efectivo que ha aplicado Panamá y que permiten explicar la caída vertiginosa en las importaciones legales desde 2000 a la fecha y la caída en la prevalencia, así como el incremento de la recaudación fiscal que pasó de 11 millones en 2009 a más de 24 millones en 2013.

Las evidencias son contundentes, y se reportan a partir de diversos estudios multicéntricos realizados por cerca de 10 años, publicados en la página web del Icges, del Minsa, CDC, OPS y en la revista PLOS|ONE, donde se publicó un artículo de investigadores panameños intitulado “The Association of Tobacco Control Policies and the Risk of Acute Myocardial Infarction Using Hospital Admissions Data”, publicado el 10 de febrero de 2014 ubicado en el sitio http://www.plosone.org, en el cual se demuestra la caída en el riesgo relativo de infarto agudo de miocardio en Panamá, a partir de la entrada en vigencia del incremento del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco a finales de 2009.

 



 


Agua envenenada, descuido peligroso

 

Qué ironía. En 2001, cuando estaba a cargo del Grupo Sodecon, una organización conservacionista que en ese momento trabajaba en el proyecto de Agroforestería y Educación Ambiental en la cuenca del río La Villa, en la región de Azuero, denunciamos el uso indiscriminado de herbicidas, plaguicidas y el problema de la vinaza, residuo de las actividades industriales de la empresa Alcoholes del Istmo, S.A. (Campos de Pesé, S.A.) y de la empresa Varela Hnos.

En ese entonces solo algunos periodistas le dieron la importancia necesaria al problema. El periódico La Prensa, en un artículo denominado “Ríos enfermos en Panamá” http://mensual.prensa.com. hizo una breve reseña de los ríos en todo el país que tenían problemas de contaminación; para ese entonces señalábamos que la quebrada de Pesé, a la altura de Las Cabras, estaba siendo contaminada por vinaza, que era derramada por una tubería que venía de la tina de oxidación de la empresa Alcoholes del Istmo, hoy Campos de Pesé, S.A.

Hoy nuevamente se mencionan dichas tuberías, lo que deja en evidencia que se siguió con la mala práctica en este sector. Pero el problema no solo radica en la empresa señalada, hay muchos factores y actores que tienen que ver con este problema. La venta indiscriminada y sin control de herbicidas, plaguicidas, etc., en nuestro país es uno de los mayores problemas, pero la pregunta es: ¿Podrá la nueva administración aprobar leyes que regulen la entrada de esos productos al país? ¿Habrá la disposición de poner la salud de los habitantes antes que todos los intereses de esas empresas que venden y compran esos productos?

Quiero elevar un reto a la nueva administración: hagamos una ley que regule la entrada de esos productos que en otros países son prohibidos y que aquí se venden como pan en una panadería. Por allí tenemos que empezar, si queremos realmente controlar el problema de la contaminación por plaguicidas, herbicidas, etc. y que las autoridades tomen conciencia del problema acabando con el “juega vivo” y las coimas cuando se hacen inspecciones.

Aquí tenemos que actuar gobierno, empresas privadas, organizaciones civiles, Iglesias y todos los que de una u otra forma queremos que esto no vuelva a suceder.

El cierre de la empresa no es la solución, porque vendrán otras y otras, además de que la cantidad de productores que también utilizan estos productos a lo largo de la cuenca es muy alta.

 

AMBIENTALISTA

 



OVIDIO E. MONTENEGRO


El fin de un gobierno depredador

 

El saldo de la deuda pública al cierre de junio se ubicó en $17 mil 639 millones, según un reporte publicado el pasado miércoles por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Este registro oficial de deuda es el legado del gobierno de Ricardo Martinelli, que concluyó su administración el pasado 30 de junio.

En el último año de su gestión, Martinelli y el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, elevaron la deuda del país en casi $2 mil millones, una cifra superior al costo de la primera línea de Metro de Panamá, incluyendo la extensión a San Isidro. Además de la deuda registrada, el gobierno de Juan Carlos Varela deberá afrontar los contratos “llave en mano” por más de $4 mil millones comprometidos por su antecesor, según La Prensa del 16 de julio pasado.

Jamás, en la historia de la República (110 años de vida independiente), gobierno alguno endeudó el país con miles de millones de dólares como lo ha hecho el gobierno autocrático de Ricardo Martinelli. De hecho, un gobierno depredador, dado a la malversación de fondos y bienes nacionales, aunque mantiene como excusa o posible garantía de exceso en el gasto público, algunas obras realizadas (el Metro, cinta costera II y III, ciudad hospitalaria, aeropuertos, carreteras, cadena de frío, estadios deportivos, etcétera), muy cuestionadas por la ciudadanía en razón de los sobreprecios y la contratación directa.

Siempre hemos mantenido como ejemplo a Enrique A. Jiménez, uno de los presidentes con más recia envergadura que ha tenido la República (1945-1948). Durante el tiempo de su gestión administrativa se produjo una serie de circunstancias que él supo aprovechar y convertir en realidad que lo acreditan como uno de los estadistas panameños cuyas acciones como gobernante se proyectan ampliamente favorables para los intereses de la Nación. Cada una de las obras ejecutadas por la administración Jiménez respondía a una necesidad sentida y era motivo de economía para el Estado.

Un examen somero de sus realizaciones lo coloca en primera fila entre los gobernantes que imprimieron con sus acciones rumbos de bonanza a la administración. Proporciones guardadas, en su periodo de mando, el mandatario llevó a cabo las más y mejores obras que son orgullo del país. Y se distinguió por apartarse de la costumbre de “marcar con placas conmemorativas los trabajos materiales construidos durante su gobierno, estimando que, en definitiva, no es el bronce sino el tiempo lo que indica la eficiencia y la perennidad de las obras realizadas”.

En solo tres años de gobierno, la educación pública recibió las siguientes aportaciones: la autonomía universitaria y la dotación de rentas fijas que garantizaran a la Universidad de Panamá su permanencia, más la creación de la ciudad universitaria, llegando a construirse sus tres primeros edificios. La construcción de la Escuela de Artes y Oficios; el colegio Abel Bravo de Colón, el colegio Félix Olivares de David, los primeros ciclos de Chitré y Las Tablas, igual que numerosas escuelas primarias esparcidas por el país. Aprobó la Ley 47, de 1946, Orgánica de Educación, inspirada por el ministro José Daniel Crespo. En lo económico, entre otras obras, el relleno de los manglares y la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto de Tocumen y el hotel El Panamá. En lo local, las barriadas Alcalde Díaz y Betania; el acueducto de Chitré, los hospitales de Penonomé y Nicolás Solano de La Chorrera; la donación de los terrenos para el Hospital del Niño y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

En agricultura, cuestión fundamental para el país, creó el Instituto de Artes Mecánicas de Divisa y los fomentos agrícolas de Chitré, Colón y David. Se adquirieron valiosas tierras para el campesinado en Tonosí y Boquete, aparte de Taboga. En el aspecto legal, se aprobó la Constitución de 1946.

El presidente Jiménez no comprometió el país con deudas, y solo hizo un empréstito de 9 millones de dólares con los que se construyeron las obras mencionadas. Que contraste con las mega obras del gobierno de Ricardo Martinelli (66 años después), que nos comprometen para la posteridad con casi $11 mil millones, incluyendo contratos “llave en mano”, en solo cinco años.

 

PAULINO ROMERO C.
EDUCADOR Y ESCRITOR

 



 


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