Página del lector

[FOTODENUNCIA]

INDIFERENCIA


LA PRENSA/Iván Uribe.

 

 

Completamente deteriorado se encuentra este recipiente para basura ubicado en las cercanías del Ministerio de Gobierno, en el Casco Antiguo. A pesar de que en el área hay un plan de remodelación de residencias y edificios históricos, el servicio de recolección de los desperdicios es deficiente. Esta censurable práctica contamina el ambiente en un sector muy visitado por los turistas. De nada han servido las constantes quejas de los vecinos de San Felipe.

 

 

Cuestionan artículo de la página ´Raíces´

 

He leído con estupor y pena ajena la publicación aparecida en la página denominada Raíces, de la sección “Mosaico Dominical” correspondiente al domingo 12 de octubre de 2014, en la que el editor hace suyas las palabras de un profesor de la Universidad de Wyoming cuando afirma: “Se puede sostener que Panamá, considerada como una formación nacional, es en gran parte producto de actividades y prácticas ilícitas desde tiempos de la colonia”.

 No contento con citar las palabras infundadas e injuriosas que dejó transcritas, el editor tiene el descaro de destacarlas en grandes caracteres como las más relevantes de la mencionada publicación, en un nefasto intento de convencer a los panameños de que somos ciudadanos de un país ilícito. Este profesor de Wyoming, cuyas fuentes quisiera conocer, y el editor de Raíces, que de aquel parece haber aprendido sus nociones de historia de Panamá, se han dado a la desagradable tarea de dimensionar la leyenda negra antipanameña a niveles verdaderamente inimaginables. También se lanzan, dentro del mismo artículo, acusaciones calumniosas y absurdas contra el general Bolívar Vallarino (excomandante de la Guardia Nacional), sin citar, por supuesto, ninguna fuente fidedigna.

La irresponsabilidad manifiesta del editor de Raíces y del profesor de la Universidad de Wyoming no se compagina con la seriedad de un diario como La Prensa, que debería examinar mejor el contenido de sus páginas para evitar que sirvan de vehículo para mancillar la dignidad nacional a través de aseveraciones tendenciosas y calumniosas.

JUAN DAVID MORGAN
ABOGADO Y ESCRITOR

NOTA DEL DEFENSOR DEL LECTOR

A continuación publicamos la respuesta del doctor Ricardo López Arias, editor de Raíces, a Juan David Morgan.

No es la primera vez que un familiar de algún personaje se siente ultrajado por el editor de Raíces y asume que el país entero ha sido simultáneamente mancillado. En esta ocasión ha hecho el turno Juan David Morgan. Como en otro caso, la réplica se ha dirigido a derogar al autor, al editor o ambos.

No responderé a la parte de la nota cargada de afectación ni a los efluvios de indignación. En cambio, le informaré a Morgan que Stephen Ropp es profesor emérito distinguido de la Universidad de Wyoming, autor de Explaining the Long-Term Maintenance of a Military Regime: Panama before the U.S. Invasion. World Politics, Vol. 44, No. 2 (Jan., 1992), pp. 210-234, cuyos derechos resguarda Cambridge University Press (CUP), editorial que autorizó expresa y directamente al autor y al editor de Raíces a publicar los artículos que han desencajado al novelista y yerno de Bolívar Vallarino.

Si Morgan perteneciera al ámbito académico o si hubiese cursado estudios hasta el grado de doctorado, no ignoraría que una editorial como CUP no publica ensayos sin pasarlos por el filtro de un comité asesor o fiscalizador. Hago la aclaración para hacerle comprender a Morgan que no es a la dirección de La Prensa adonde debe acudir a pedir auxilio.

Una noticia –reiterada-, una advertencia y un anuncio. La primera se refiere al hecho de que la noción de que en Panamá la corrupción se encuentra institucionalizada desde los días de la colonia, es compartida por historiadores nacionales y extranjeros: Patricia Pizzurno y Celestino Araúz; Steven Ropp, Mathew Scalena, John Major y numerosos investigadores a tiempo completo. La advertencia: el editor de Raíces comparte esa noción y la convicción de que solo debe atender diligentemente réplicas de un nivel mínimo que Morgan no parece alcanzar. El anuncio: a medida que Raíces se acerque a las últimas cuatro décadas de nuestra historia, probablemente encontrará ocasión para sentir malestar. A los lectores de Raíces declaro que procuraré invitar, hasta donde me sea posible, únicamente a autores de la academia con grado de doctorado, nacionales y extranjeros.

La dirección de Ropp. [email protected]

RICARDO LÓPEZ ARIAS
EDITOR DE ´RAÍCES´

 

 



 


Aclaración de Ricardo Chanis

 

Yo jamás he sido beneficiado con fallos judiciales cuyo ponente sea el magistrado (Alejandro) Moncada Luna, incluyendo cualquiera dado en relación con Traffic Safety de Panamá, S.A., ya que en esa sociedad yo nunca he sido accionista ni he tenido interés económico alguno, tal y como lo he informado a La Prensa en reiteradas ocasiones; por tanto, todo lo afirmado de mí sobre lo anterior por La Prensa en su edición de hoy (3 de octubre de 2014) es totalmente falso.

(En la información se afirma lo siguiente: “Moncada Luna acudió al diario Panamá América, a cuyo reportero le respondió media docena de preguntas. Es curioso que haya ido a este periódico, porque su presidente Ricardo Chanis - un socio del expresidente Ricardo Martinelli, quien es el principal accionista de Panamá América- ha sido beneficiado con fallos judiciales cuyo ponente es, precisamente, Moncada Luna.

Específicamente a favor de Traffic Safety Panamá, S. A., la empresa de cámaras que pretendía cobrar multas por violaciones al reglamento de Tránsito, en la que Chanis era representante legal). Dicha noticia también hace insinuaciones que constituyen un agravio en mi perjuicio y el de mi familia, por lo que en ejercicio del derecho de réplica que me confiere el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, exijo que ordene la publicación de esta nota en una similar edición de La Prensa en cumplimiento de lo dispuesto en la referida ley dentro de 48 horas.

 



RICARDO CHANIS
 EMPRESARIO


Inversión al otro lado de la frontera

 

Un estado de derecho que garantice a sus conciudadanos una tranquilidad absoluta y un aparato gubernamental limpio de toda clase de corrupción son las mejores prendas de garantía para evitar la fuga de capitales. Lamentablemente, en Colombia este postulado no tiene vigencia.

Colombia se halla inmersa en una situación de compromiso bastante delicada con el tema de la paz, y el gobierno de (Juan Manuel) Santos no ve claro el panorama. El tan renombrado “posconflicto” que se avecina después de dejar en firme los acuerdos con la guerrilla, si es que el pueblo los avala, requiere de mucho dinero y el Estado no cuenta con los recursos necesarios para sostenerlo.

Quizás por el desespero ahora está reclamando orden en el tributo fiscal, pero no se ha detenido a encontrar la causa que está obligando a los colombianos de bien a invertir al otro lado de la frontera.

La corrupción del Estado, la inseguridad, la violencia, la delincuencia común y organizada, la falta de credibilidad en la justicia y la pérdida de la fe en las instituciones son apenas la punta del iceberg, que está destruyendo la democracia de mi querida patria.

Lo que debe hacer primero el Estado colombiano es poner orden en la casa y demostrarle al continente su soberanía de respeto dentro de un marco de seguridad, libre de corrupción gubernamental. Una vez Santos logre este propósito se va a dar cuenta de que sus conciudadanos no van a buscar los mal llamados “paraísos fiscales” en el extranjero para el beneficio de sus inversiones. Quien invierta en Colombia, se sienta seguro y esté convencido de que sus impuestos no siguen llenando los bolsillos de nuestros gobernantes, en su casa muy seguro se quedará.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano no tiene moral para imponer condiciones a un país soberano como lo es Panamá, cuando sus propios principios están siendo mancillados por la clase dirigente.

La historia reciente nos cuenta que cinco contralores generales de la República, templo sagrado donde se construye el dizque más importante para atajar la corrupción en Colombia, terminaron en la cárcel por relación con hechos de narcotráfico y corrupción administrativa.

Las cifras de los “padres de la patria”, nombrados en sus cargos por votación popular, que han fallado contra las normas legales, son escandalosas. Expresidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, ediles y muchos otros políticos corruptos han mancillado el honor de la patria, y muchos de ellos hoy se encuentran purgando sus penas, pero en Colombia no pasa nada.

No se le puede exigir al pueblo orden en el tributo fiscal si el propio gobierno no da el ejemplo. Una gran parte de los ingresos por concepto de impuestos toma otros destinos frente a un Estado inerme para evitarlo. Esto no es mentira ni tampoco obra de mi imaginación. Para muestra un botón: el senador de la República, Iván Moreno Rojas, capo di tutti capi, hizo alianza con su hermano Samuel Moreno Rojas (alcalde de Bogotá elegido popularmente) y con algunos miembros de la Cámara de Representantes, senadores, concejales, contralores, funcionarios de algunos institutos descentralizados, secretarios de salud, contratistas y otros grupos de desalmados para crear “El Cartel de la Contratación”, con el sucio propósito de arrasar el presupuesto de la capital colombiana, dejando en desolación el tema de la salud y el desarrollo social. La justicia ha caminado lenta frente a esta situación, y muchos expedientes judiciales van a fenecer por vencimiento de términos.

En ese orden de ideas, no veo la razón por la cual el gobierno de Santos quiere imponer condiciones a su manera. Lo afirmo nuevamente, Santos debe entender que si las empresas, los industriales, la banca o el mismo ciudadano de a pie no invierte en Colombia es porque no tiene garantías. Si estas existieran, nadie pensaría en buscar otras latitudes.

Yo particularmente tengo una gran inversión en Panamá: mi familia. Nuestra gratitud infinita hacia todo el pueblo panameño, hacia su gobierno, por habernos acogido en este bello paraíso (no fiscal). Igualmente, adquirí una deuda a largo plazo con un banco para financiar la compra de una casa, con los ahorros de más de 40 años de trabajo en mi tierra. Si Santos decide castigarme por haber invertido en Panamá, no tendré otra alternativa que venderla. Por eso, desde esta columna le digo al presidente de Colombia: “Señor, no sea irreverente. Respete al Gobierno de Panamá. Respete a su pueblo y respete a los colombianos”.

 



PABLO EMILIO MEZA PEDRAZA
ESCRITOR Y PERIODISTA


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