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ABANDONO


LA PRENSA/Eric Batista.

 

 

El parque de la plaza 5 de Mayo, a un costado del palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional, y que en una época fue considerado uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, hoy ha quedado reducido a una fétida charca ideal para criaderos de mosquitos, sapos y otras alimañas. El monumento al expresidente José Antonio Remón Cantera es escenario de actos inmorales, refugio de indigentes y de delincuentes que atracan a los que transitan por el lugar. Todavía se observan las borrosas palabras del exmandatario: “Ni millones ni limosnas, queremos justicia”. El Municipio de Panamá tiene la palabra.

 

 

Critican burocracia en el Seguro Social

 

Este es el caso y camino kafkiano recorrido por los familiares de un discapacitado, dependiente, con síndrome de Down, de 56 años, peleando por sus derechos.

Hay ciertas cosas que uno quisiera dejar pasar por alto, pero no es posible. El 5 de enero de 2013 falleció nuestro padre Alfredo Ehlers Prestán (viudo). El 8 de febrero de 2013 recordamos que debíamos pasar a la Caja de Seguro Social con documentos para que nuestro hermano Claudio Enrique Ehlers, dependiente, discapacitado, atendido por el servicio SADI (Sistema de Atención Domiciliaria Integral) de la CSS, pudiera obtener su pensión como le corresponde, según la ley.

En las oficinas de la CSS nos informaron que debíamos ir al Juzgado de Familia para tramitar la tutoría legal del dependiente. Nos dijeron que podíamos procesar la solicitud por cuenta propia o por medio de un abogado. Ese mismo día nos presentamos al Juzgado de Familia, y contratamos a un jurista para que procediera con el caso que, según nos informaron, tomaría unas tres semanas. Pasó el tiempo, nos tocó de por medio Carnaval, Semana Santa, mudanza de las oficinas a las nuevas instalaciones, fiestas patrias, Día de la madre, Navidad, y nos pidieron que lleváramos a nuestro hermano con síndrome de Down, que casi no puede moverse, a sus oficinas.

Después de publicar los edictos en la prensa (abril 2013), nos dijeron que tenía que visitarnos un médico forense para examinarlo. Luego de varias llamadas y meses, llegó el médico forense acompañado de nuestro abogado, pagando nosotros el servicio de taxi. El galeno nos informó que debía hacerle al enfermo tres visitas para ver si mejoraba. Le dijimos:

- Doctor, el día que vea que un síndrome de Down, en el estado en que está mi hermano, mejora, me avisa, por favor.

Con el tiempo comunicaron que la jueza tenía que venir a ver al dependiente. Después de varios intentos llegó el día 17 de diciembre de 2013. Apareció en compañía de nuestro abogado y un secretario, pagando nosotros el servicio de taxi. Al ver el estado del dependiente, discapacitado, dijo que en tres días tendríamos la resolución temporal que nos permitiría continuar con los procedimientos. Ella cumplió con su palabra. Luego se tomaron varias semanas en la Fiscalía para bajar el expediente. Finalmente, entregamos los documentos el día 8 de enero de 2014 con la resolución temporal en las oficinas de la CSS con toda la documentación, esperando haber cumplido con todo el proceso.

Para nuestra sorpresa, el día 20 de marzo de 2014 nos llamaron del Servicio Social de la CSS para solicitarnos nuevamente documentos, que como hemos dicho ya habíamos completados en las oficinas de la institución. Cumplimos nuevamente con ello ese día. El 29 de mayo de 2014 tuvimos audiencia con la jueza de familia para el proceso de la tutoría definitiva. Pasaron las semanas, y el 8 de julio llamaron del Seguro para pedirnos la resolución definitiva. Hablamos con nuestro apoderado legal, al que le dijeron que en unos 3 días debería estar lista. Han pasado varias semanas. Hoy, nuestro padre tiene más de un año y ocho meses de muerto y su hijo discapacitado, dependiente, síndrome de Down, sigue sin adquirir sus beneficios del Seguro Social. Si no fuera por su familia, que lo adora, estaría muerto de hambre.

Nos preguntamos: si el sistema funciona de esa manera tan deplorable con un dependiente que tiene quien abogue por él, ¿cómo estarán los pobres que no tienen ayuda? Es un abuso a los derechos humanos, máxime que es un discapacitado que tiene su carné del Seguro, cédula, acta de nacimiento, acta de defunción del padre, entre otros documentos solicitados.

La respuesta que recibimos es que la resolución no ha bajado. ¿Bajado adónde y de dónde? Hace un mes que esperamos que baje del cielo o suba del infierno.

 



SONIA EHLERS
CIUDADANA


Aclaración de Órgano Judicial

 

En cuanto a la noticia titulada “Acusan a magistrados de Coclé por corrupción”, publicada el miércoles 30 de julio de 2014 en La Prensa y Mi Diario, los miembros del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, con sede en Penonomé: Juan Francisco Castillo, Delia Carrizo e Idalides Pinilla Guzmán, quieren aclarar lo siguiente:

1- A este Tribunal han llegado varios procesos y acciones legales, que involucran a las sociedades Bienes Raíces Farallón y Urbanizadora Farallón, a todos los cuales se les ha dado el trámite y el curso dispuesto en el procedimiento civil panameño.

2- En el proceso que se menciona en la noticia, se han expedidos varias decisiones que han sido impugnadas por ambas partes. Pero el caso a que se refiere la denunciante fue emitido por el Tribunal el 6 de febrero de 2013 y en la continuación del trámite correspondiente, el proceso fue remitido a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante oficio No. 670 de 1 de julio de 2013.

3- En el Tribunal que nos honramos en conformar, se le imparte el trámite debido – no solo a este – sino a todos los procesos que se ventilan con la seriedad, objetividad y la transparencia que exige la altísima responsabilidad de administrar justicia, respetándosele los derechos fundamentales, sean personas naturales o jurídicas.

 



COMUNICADO DEL ÓRGANO JUDICIAL


Enrique Montenegro exige derecho a réplica

 

Acudo nuevamente ante ustedes, con base en la ley de prensa y de transparencia, para solicitarles la respectiva réplica a la noticia publicada por el diario a su cargo el lunes 28 de julio de 2014, en la sección Panorama, página 4-A, suscrita por el periodista Juan Manuel Díaz C.

Ante la sorpresiva publicación, mi abogada se presentó al Juzgado Decimocuarto Penal el lunes 28 de julio de 2014, el mismo día de la publicación de La Prensa, encontrando una Resolución de 18 de julio de 2014, sin haberse notificado a las partes, tanto como acusadora como defensora, y mucho menos al fiscal de la causa. Lo que no entendemos es cómo el reportero mencionado obtuvo copia de la resolución del juez Carrera cuando no habían sido notificadas las partes, y nos enteramos de la misma por la publicación del periódico, práctica esta lesiva a la administración de justicia, quebrantando los principios de presunción de inocencia y reserva del sumario.

Por otra parte, tenemos conocimiento que dentro de las regulaciones que existen en el diario La Prensa se debe consultar a las dos partes, con el propósito de hacer una noticia objetiva. Igualmente, tenemos entendido que se les prohíbe a todos los empleados de La Prensa, y más aún a los reporteros, trabajar en el Gobierno, recibir prebendas e incentivos para que ello no incida en las publicaciones y preservar la imparcialidad de estas, cosa que últimamente ha malogrado la imagen de su diario por las continuas aclaraciones, rectificaciones y hasta acciones judiciales que se han interpuesto contra su medio.

Para su información, en la Resolución de marras se habla de que yo no he querido pagar la multa impuesta cuando hasta la fecha el Tribunal no me ha dado ni la resolución ni el oficio para ir a pagar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cosa que es el objeto de la apelación, ya que es uno de los temas que se ha interpuesto en la misma y su diario, de acuerdo con la noticia, ha establecido que fue una decisión definitiva. Le refiero que la misma se encuentra en apelación.

Soy enfático en señalar que nos hemos opuesto al pago de la multa ilegal de mil 825 dólares, que el Tribunal tasó después de casi 7 años, que corresponden a la honra del querellante Juan Carlos Tapia.

Tal como lo hemos manifestado anteriormente, la firma de abogados Mejía &. Asociados, propiedad del magistrado Jerónimo Mejía, es la representante legal del querellante, actuando con ilegalidad y conflicto de intereses con el cargo que representa, por lo cual ha sido muy cuestionado en los gremios jurídicos, luego entonces sería difícil hacer valer nuestros derechos frente al tráfico de influencias que ejerce la firma Mejía &. Asociados.

Es por esta razón que el juez interino José Carrera y su secretaria Vilma Gisela Urieta fueron denunciados por mi persona ante sus superiores, por la abierta parcialidad hacia la firma que representa los intereses de su jefe, el magistrado Jerónimo Mejía, el cual no solo ha sido querellado en la Comisión de Credenciales, sino también los magistrados (Alejandro) Moncada Luna, Luis Mario Carrasco, José Ayú Prado, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, no solo por mí, sino también por el exjuez Ballesteros.

Quizás estos funcionarios, tanto de la Corte Suprema como del Órgano Judicial, han acelerado sus ataques contra mí, debido a la demanda civil que mantengo contra la Corporación Medcom, propietaria de los canales 13, 4, 28 y Cable Onda, por la suma de $9 millones al haber atacado al movimiento “Súmate”, que impulsa una Constituyente paralela, la cual afecta grandes intereses.

Les reitero que en Panamá se podrán violar las leyes, ejercer tráfico de influencia, chantaje y extorsión, pero que en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington, es difícil que estos corruptos puedan anular la cantidad de irregularidades y violaciones que han ejercido sobre mis derechos humanos.

Espero que el diario La Prensa publique este derecho a réplica, tal como me corresponde por derecho.

ENRIQUE MONTENEGRO DIVIAZO
SECRETARIO DEL FRENTE NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

 



 


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