Buenos diputados: Carlos Guevara Mann

Durante siglos, filósofos y estadistas han considerado la mejor forma de obtener buenos representantes para el ejercicio de la función pública. Algunos pusieron énfasis en la influencia positiva de la educación y de la moral.

Otros optaron por soluciones menos idealistas. Adujeron que el ser humano es ambicioso por naturaleza y que resulta ilusorio esperar que la educación o los dictámenes de la moral, por sí solos, logren plena coincidencia entre las actuaciones del político y el bien de la colectividad.

Concibieron la política no como un arte o como un deber cívico, sino como una competencia de ambiciones que debe organizarse mediante la aplicación de reglas aceptadas por quienes participan en la contienda.

La implementación de normas apropiadas produciría gobernantes idóneos o –al menos– haría que quienes ejercen cargos públicos permanezcan sujetos a ciertos parámetros de decencia y probidad, mientras duren en el ejercicio de sus cargos. Esta es, poco más o menos, la idea, enunciada con lucidez por James Madison, padre del constitucionalismo estadounidense. Algo de razón les asiste a quienes así piensan, según lo demuestran la historia y el estudio comparado de la política.

Si a una colectividad le interesa, por ejemplo, darse una buena asamblea representativa –sea esta un congreso ordinario o una convención constituyente– haría bien en instituir procedimientos adecuados para asegurar la elección del personal más competente posible. A tales efectos, para asegurar una amplia gama de candidatos de donde escoger a los mejores, convendría instituir un sistema de dos vueltas, abiertas no solo a los miembros de los partidos políticos sino, además, a los independientes.

En la primera vuelta podría anotarse, sin restricción alguna, todo el que aspire a una curul, tanto en las listas partidarias como en la de independientes. Tras la votación inicial, los candidatos más favorecidos pasarían a una segunda vuelta, en la que finalmente se definiría a quiénes corresponden las curules en la cámara.

Para evitar el desgaste y el desasosiego, las campañas políticas deberían ser cortas. En Inglaterra, por ejemplo, duran seis semanas. En el caso de un sistema de dos vueltas, convendría fijarla en un mes para cada vuelta.

Para prevenir la elección de diputados ligados al tráfico de influencias y el blanqueo de capitales, lo mismo que para evitar el clientelismo y que un candidato tenga mayores ventajas que otro en el acceso al electorado, debería prohibirse todo aporte privado a las candidaturas. Ya que el fin de una campaña electoral es el acceso al electorado para obtener su aprobación, el Estado debería garantizar que cada candidato tenga exactamente la misma oportunidad de acceder al público y que ninguno posea ventajas sobre otro por razones de dinero o conexiones con los medios de comunicación social.

El tamaño de los circuitos electorales contribuye a la calidad del personal que acude a la asamblea. Madison, ya citado, arguyó que si la proporción de ciudadanos idóneos es la misma en un circuito pequeño que en uno grande, habrá mayor número de gente idónea en un circuito grande que en uno pequeño. Por lo tanto, en las circunscripciones electorales grandes hay mayor número de individuos idóneos que pueden servir de candidatos, que en las circunscripciones pequeñas.

Esta es una de las razones más claras por las que conviene organizar un sistema electoral con base en un circuito nacional y circunscripciones provinciales (como se hizo en Panamá en 1945), en vez de organizarlo a nivel municipal (o de corregimientos).

La fórmula electoral mediante la cual se determinan los ganadores en una elección está entre las normas más importantes de todo sistema político y es una que incide directamente en la calidad de la asamblea. A fin de garantizar una amplia participación de las corrientes políticas existentes, así como para asegurar la mayor validez de los votos emitidos, se debe optar por un sistema de representación proporcional –en que los escaños de la asamblea se asignen según criterios de perfecta proporcionalidad– y no se descarten votos mediante la asignación de “residuos” de acuerdo con fórmulas que no toman en cuenta una parte de los sufragios emitidos.

Estos son tan solo algunos ejemplos de normas que, correctamente estructuradas y aplicadas, pueden contribuir a aportar mayor idoneidad al ejercicio de los cargos representativos de un Estado democrático.