Criminalidad y ancianidad: Carlos Guevara Mann

El Centro Simón Wiesenthal es una organización no gubernamental (ONG) dedicada, entre otros objetivos, a combatir el antisemitismo, el odio y el terrorismo; a promover la dignidad y los derechos humanos; y a enseñar las duras lecciones del Holocausto a las presentes y futuras generaciones. En días pasados su director, Efraim Zuroff, anunció una nueva y masiva campaña encaminada a identificar y denunciar, ante las autoridades judiciales de los estados correspondientes, a los criminales de guerra nazis sobrevivientes.

El Centro Wiesenthal estima en 4 mil el número de personas que fungieron como guardias en los campos dedicados exclusivamente al exterminio de personas (Belzec, Sobibor, Chelmno y Treblinka) o como miembros de los escuadrones de la muerte (Einsatzgruppen) encargados de la erradicación masiva de personas consideradas “indeseables”, en cuya categoría el régimen nazi incluyó a judíos, gitanos, discapacitados, enfermos mentales y homosexuales.

De estos 4 mil individuos que participaron en el Holocausto, Zuroff estima que pudiese haber unos 80 aún con vida (Associated Press, 14 de diciembre). Los más jóvenes entre estos sobrevivientes tendrían 80 años o más, pero esto no impediría su identificación, procesamiento y encarcelamiento, en caso de condena. “La ancianidad no debe ofrecer protección para asesinos de masas”, declaró Zuroff (BBC Mundo, 14 de diciembre).

El precedente legal que sustenta la campaña lo constituye el caso de John (Ivan) Demanjuk, quien tras un largo procedimiento fue deportado de Estados Unidos a Alemania en 2009, a la edad de 89 años, para enfrentar cargos de complicidad en el asesinato de 27 mil 900 reclusos en el campo de Sobibor. Tras varias apelaciones fundadas, principalmente, en la avanzada edad del acusado, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos avaló la deportación. En Alemania, el sistema judicial declaró que no había impedimento para que Demanjuk enfrentara los cargos presentados en su contra.

En mayo de 2011, un tribunal de Munich lo encontró culpable de los cargos presentados y condenó a Demanjuk a cinco años de prisión. La causa sigue abierta mientras se resuelven las apelaciones presentadas por el reo y una nueva acusación en su contra, por otros crímenes de guerra, sigue su curso en la fiscalía de Baviera (Associated Press, 19 de julio).

El punto fundamental de este caso –y de la campaña del Centro Wiesenthal– es que hay delitos que por su enormidad no deben permanecer impunes, ni siquiera por la edad del imputado. Entre estos delitos están los que se clasifican como “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”, que comenzaron a configurarse en el derecho internacional a partir de los juicios de Nüremberg (1945-1946).

La comunidad internacional ha ido definiendo las conductas que constituyen graves delitos internacionales graves a partir de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1948), la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968), los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad (1973) y el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (1998).

Dicho Estatuto, en su artículo 5, establece que los siguientes son “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Según el Artículo 6, el asesinato, la encarcelación en violación de las normas del derecho internacional, la tortura, la violación, la persecución de colectividades, la desaparición forzada y otros actos inhumanos constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

La campaña del Centro Wiesenthal contra los crímenes más graves de trascendencia internacional contiene lecciones importantes. Ninguna sociedad interesada en asegurar un estado de derecho para todos sus integrantes puede permitir la impunidad de estos delitos, aun cuando quien los haya cometido sea, al momento de la apertura del proceso, un individuo de edad avanzada.