De ideologías políticas...: Xavier Sáez-Llorens

Sin duda, pese a las debilidades que transmita, la democracia es el régimen político más sensato de que disponemos. La mejor cualidad de la democracia no consiste en que el presidente elegido sea mejor que los otros aspirantes, sino en que tenga menor poder de mando. La democracia fomenta la desconfianza en los gobernantes, vigilándolos a través de los órganos Legislativo y Judicial, pero también por los medios de comunicación y la sociedad participativa.

Un grave peligro para la estabilidad democrática es la presencia constante de una ralea de políticos profesionales, especialistas en mandar (notoriamente incompetentes para cualquier otra profesión), que merodean como eternos candidatos para ocupar cargos electivos. La buena democracia requiere la periódica renovación de sus figuras para que gente con frescura, sin tentáculos previos, oxigene el sistema. Para que un gobierno sea eficaz y próspero, se requiere combinar la fortaleza social de la izquierda con la creatividad económica de la derecha. La democracia admite la multiplicidad de opciones, pero se asienta en la universalidad de lo humano. No se progresa forjando diferencias, sino equiparando derechos. Por tanto, la Carta Magna debería dejar ligeramente infelices a todos. Complacer plenamente a las mayorías ocurre a cambio de ultrajar a varias minorías. Todos debemos ceder en deseos y privilegios para recordar que no vivimos solos, que la convivencia armónica con los demás solo se alcanza al asumir alguna frustración propia.

En tiempos actuales, casi todos los partidos mínimamente relevantes (salvo los lunáticos, anárquicos y radicales que nunca faltan), mezclan pensamientos liberales, conservadores y socialistas. Hoy en día, la gente cuerda demuestra cautela y no sucumbe a los preceptos de ninguna ortodoxia. Los derechistas que intentan suprimir a la izquierda o viceversa son propensos a fabricar totalitarismos. La disidencia ideológica es saludable. Las personas que nos adversan nos mantienen democráticamente lúcidos. Los más grandes obstáculos para el progreso de las naciones son la miseria y la ignorancia. No todo el mundo puede quizás ser rico e inteligente, pero tampoco deberíamos permitir, como sociedad civilizada, que alguien sea pobre o analfabeta. Una profunda desigualdad social es el motor ideal para propiciar indignaciones y odios irreversibles entre compatriotas.

Nunca me he identificado con el estribillo izquierdista que clama por la redistribución de riqueza como estrategia para salir de la pobreza. El dicho representa una manera fácil de obtener popularidad, poniéndose supuestamente al lado del más débil. Quienes defienden esta demagógica idea atentan contra la libertad individual. Los gobiernos, en todo caso, deben procurar que haya paridad en oportunidades (educación y salud como pilares de equidad) para que todos los ciudadanos puedan, con base en esfuerzo y perseverancia, lograr sus metas particulares. Mientras no se den estas ecuánimes condiciones, el Estado tiene la obligación de ser fraterno. Un excesivo paternalismo, empero, resulta también contraproducente. La solidaridad consiste en utilizar los dineros del fisco para ejecutar inversiones sociales y subsidios temporales en las regiones más marginadas del desarrollo nacional, tratando de igualar hacia arriba. Los impuestos deben ser proporcionales a la ganancia generada por cada individuo pero, quitarle, en demasía, a personas que han forjado su capital de forma legítima, constituye terrorismo estatal. Al mejor se le debe compensar, no castigar. Claro, aquel que haga fortuna de manera ilegal, algo habitual en Panamá, debería pernoctar varios lustros detrás de las rejas. Un ejemplo mundano ilustra mi perspectiva. Cualquier atleta, independientemente del nivel económico, tiene idéntica oportunidad para ser buen maratonista, pero solo uno vence. Los aficionados pagan por ver al talentoso. Es justo, entonces, que al triunfador se le otorgue más de las ventas en taquilla y publicidad que al perdedor. Los incentivos estimulan a todos los seres vivos, humanos o animales, porque asimilan que a más empeño más premio.

Tampoco soy afín al estribillo derechista que sublima al libre mercado como táctica salvadora para dinamizar la actividad económica del país. La regulación oficial es siempre necesaria para controlar abusos. Tarde o temprano, la codicia particular perjudica al bienestar colectivo. Se debe modular la usura mercantil mediante prevención de monopolios, abolición de clientelismos políticos, erradicación de conflictos de interés en funcionarios con poder decisorio, fijación de tope en precios y penalización por publicidad engañosa de productos. Un Estado muy permisivo auspicia la corrupción porque favorece el pago de coimas por empresas que compiten inescrupulosamente entre sí para liderar el mercado. Recientemente, Transparencia Internacional documentó la extraordinaria cantidad de sobornos que pagan las compañías cuando hacen negocios en el extranjero, especialmente en países con laxas reglamentaciones. La ética empresarial es todavía una asignatura pendiente. En dos décadas de democracia, ninguna administración ha sabido combinar inteligentemente las virtudes de ambas ideologías. El futuro mandatario debería tener como lema “Equidad y seguridad sin corrupción”. Dos condiciones son fundamentales. Que la oferta sea genuina y que el líder tenga nuevo rostro. Estamos hastiados de las promesas de los mismos.twitter @xsaezll