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Opinión

DERECHO CONSTITUCIONAL

La defensa material del imputado: Hipólito Gil

Hipólito Gil
opinion@prensa.com

31/12/2013 - Cuando una persona ha sido vinculada a la comisión de un delito, constitucional y legalmente, tiene derecho a la asistencia de un abogado que la represente y defienda de las acusaciones que le atribuye el denunciante, las víctimas del delito o el Ministerio Público.

Este es un aspecto sobre el que no hay discusión, pues aunque el acusado no posea recursos para su defensa o simplemente no quiera que se le defienda, el Estado está obligado a proporcionar un defensor “de oficio” que gratuitamente le preste asistencia profesional. El incumplimiento de este requerimiento no solo detiene el avance de la investigación o del proceso, sino que incluso se sancionan con nulidad las gestiones que se adelanten sin representación legal al imputado. Y, en algunos casos, por razón de las normas establecidas –constitucionales, procesales o penales– las autoridades pueden verse limitadas en la continuación del proceso, aunque existan pruebas de la comisión del delito.

Sin embargo, en el desarrollo de la investigación o del proceso penal pueden presentarse algunas dificultades que impidan que el derecho constitucional a la defensa se realice de conformidad con los intereses del sindicado o imputado. Las razones son diversas: disposiciones legales dispersas y complejas, interpretaciones contradictorias, especialización, estereotipos en perjuicio del encausado, burocratización de la justicia, entre otras.

Pueden producirse así distancias, desencuentros o contraposiciones entre la defensa formal y la material del imputado, que pongan en entredicho el derecho constitucional a la defensa. La garantía de que tenga quien lo represente en la investigación y en el proceso penal no se satisface por el simple hecho de que haya sido, formalmente, designado un abogado que lo asista, pues, como ya señalamos, puede no haber coincidencia entre ambos extremos.

Hemos ensayado ante las instancias correspondientes la necesidad de vigilar de forma continua la vigencia de la garantía penal de la defensa material, con el objetivo de que el imputado cuente con una defensa idónea, que impida que este derecho se convierta en una formalidad sin ningún contenido sustancial.

La propia ley procesal penal contempla supuestos para cumplir con este objetivo, como se prevé en el artículo 2298 del Código Judicial, al establecer que siempre que un proceso se halle en un tribunal de apelación, por razón de recurso o consulta, el mencionado tribunal debe examinar si se ha incurrido en alguna irregularidad por la que deba ordenarse la reposición del proceso, es decir, el denominado “saneamiento del proceso” a que hacen referencia los procesalistas.

Lo propio acontece en materia de un proceso directo, cuando el imputado elige esta clase de procedimiento, en el entendimiento de que ha sido bien asesorado por parte de su abogado defensor en relación con la responsabilidad penal y la posibilidad de disminución de la sanción correspondiente (artículos 2526 y 2529 del Código Judicial).

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

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