El derecho indígena: Elvis Anthony Ureña

Los indígenas son seres humanos y, por lo tanto, también son nuestro prójimo. Bajo esa concepción de hermandad, sin soberbia, discriminación, irrespeto, ni indiferencia, es que debe continuar el diálogo (explotación minera-recursos hídricos), motivados por un legítimo deseo de paz y desarrollo nacional que todos los panameños queremos; y despojados ambas partes de intransigencias e intereses ocultos, personales, partidistas, politiqueros o económicos de determinadas personas o empresas.

Los indígenas son genuinos panameños al igual que quienes ostentamos dicha nacionalidad. Ellos fueron los primeros pobladores de Panamá antes de que llegaran los españoles y otros grupos étnicos-culturales, que hacen de nuestra nación un crisol de razas, donde hemos convivido en paz, respeto y tolerancia, plenamente identificados con un elemento vinculante que siempre nos ha unido –todos somos panameños– por encima de nuestras diferencias culturales, religiosas, políticas o filosóficas.

El derecho indígena no es un capricho ni un cuerpo normativo que nuestros hermanos indígenas ahora se han “inventado” para crear en Panamá una “República Comarcal”, como distorsionadamente se ha pretendido explicar. El derecho indígena es el conjunto de normas reguladoras de la vida y territorio de los pueblos indígenas, y entre estos y el Estado panameño; régimen jurídico este que consta en instrumentos legales nacionales e internacionales y que viene a representar una conquista para darle autenticidad objetiva a derechos originarios reclamados por varias generaciones, otrora lideradas por el cacique Urracá, Victoriano Lorenzo y Nele Kantule, entre otros, desde que Cristóbal Colón llegó a América.

El derecho indígena a nivel internacional tiene protección y fundamento legal en el Convenio de la OIT –107 de 1957 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas; Convenio de la OIT 169 de 1989 sobre poblaciones indígenas; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, y otros tratados de aceptación universal, en los que se consagra: el derecho a la no discriminación; derecho de propiedad o a sus tierras, entendido como el derecho al territorio, o a lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que esas poblaciones ocupan tradicionalmente o que utilizan de alguna u otra manera; derecho a la consulta y participación en proyectos de desarrollo llevados a cabo por el Gobierno nacional; derecho a que no se emplee contra ellos ninguna forma de fuerza o de coerción que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales; derecho a su libre determinación como pueblo, etc.

El derecho indígena en Panamá es reconocido por nuestra Constitución Política en sus artículos 5, 86 y 123, que preceptúan el reconocimiento y respeto de la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, y su derecho a la propiedad colectiva en sus territorios comarcales, que resultan en la creación de cinco comarcas: comarca Guna Yala (Leyes 2 de 1938 y 16 de 1953), comarca Emberá– Wounaan (Ley 22 de 1983), comarca Guna de Madungandí (Ley 24 de 1996), comarca Ngäbe Buglé (Ley 10 de 1997), y la comarca Guna de Wargandi (Ley 34 de 2000).

Las comarcas son un espacio territorial con un régimen jurídico-legal especial, que apunta hacia un necesario manejo comarcal participativo de su población en la toma de decisiones previstas por el Gobierno dentro de su territorio, y cuyos pobladores están sometidos tanto a sus autoridades tradicionales (Congreso General, caciques) y normas comarcales, como también a las autoridades y leyes nacionales.

Seguro estoy de que los indígenas hoy aspiran seriamente a cooperar con el desarrollo nacional y sumarse a este, empero, ellos también reclaman su legítimo derecho a la participación, a la consulta previa, libre e informada, y no desean continuar siendo marginados, explotados, asimilados a la fuerza ni sometidos a represión. Hoy es el derecho indígena que es objeto de defensa, pero mañana podría ser tu derecho o el mío, que debamos defender ante la indiferencia de una autoridad o gobierno de turno.