Entre Garzón y Ríos Montt: Carlos Guevara Mann

El domingo 29 de enero, miles de personas se manifestaron en Madrid, en apoyo al juez Baltasar Garzón, contra quien se han presentado cargos en la justicia española. A Garzón –quien es juez investigador (fiscal)– se lo acusó inicialmente de interceptar comunicaciones privadas entre reos y defensores en un caso de corrupción de alto perfil (Gürtel).

Luego –y, este, se supone, es el asunto fundamental– se lo denunció por violar la Ley de Amnistía de 1977, al abrir causas vinculadas a la desaparición y muerte de las víctimas del régimen franquista, cuyo número se estima en unos 114 mil. A este segundo proceso, que comenzó la semana anterior (24 de enero), ahora se agregan cargos de soborno por supuestamente haber recibido Garzón pagos (indirectos) de un banco que investigaba (The Guardian, 29 de enero).

Muchos analistas consideran que se trata de un pase de factura a quien en sus años como funcionario judicial ha desplegado una labor ejemplar, hasta heroica, en favor de la justicia. A lo largo de su carrera, Garzón ha procesado a criminales de diverso pelaje, entre terroristas, desfalcadores y violadores de los derechos humanos a gran escala.

Sus actuaciones han dado un impulso ejemplar y necesario a la causa de la justicia. Uno de sus aportes más valiosos fue la orden de detención que emitió en 1998 contra Augusto Pinochet, exdictador de Chile, mientras este se encontraba en Londres recibiendo tratamiento médico y aparentemente amparado por su condición de exjefe de Estado.

Con fundamento en los adelantos registrados por el Derecho Internacional, Garzón requirió a Pinochet para que enfrentara en España acusaciones por la muerte de unas tres mil personas en Chile durante la dictadura militar en ese país (1973-1989). Se basó en el argumento, acogido por el Derecho Internacional, de que no puede haber protecciones de índole alguna para los delitos de mayor gravedad, como lo son los crímenes de lesa humanidad, cuya naturaleza aborrecible los hace detestables al mundo entero y merecedores de sanciones ejemplarizantes.

Aunque la vía política libró a Pinochet del encausamiento español, las causas planteadas por Garzón –las de la universalidad e imprescriptibilidad de ciertos delitos abominables– son las que actualmente se defienden en las calles de Madrid. Los procesos contra el juez han activado a la opinión pública internacional, a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y a ciudadanos probos en todos los confines del mundo, y han fortalecido su intención de luchar a fin de que no se pierdan los avances contra la impunidad conseguidos en años recientes.

La impunidad es un estorbo considerable al desarrollo y las sociedades que experimentan ese mal en niveles inaceptables deben adquirir mayor conciencia de sus nefastas implicaciones. La impunidad es particularmente inconveniente cuando quienes gozan de ella ejercen funciones públicas para concentrar el poder político, acaparar recursos económicos, debilitar a sus adversarios y dejar a su paso pavorosas secuelas de sufrimiento, muerte y destrucción.

Por ese motivo, el encausamiento logrado el 26 de enero en Guatemala, donde la jueza Carol Patricia Flores admitió las causas presentadas por la fiscalía contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982–1983), merece especial atención y provee algún aliento a la lucha internacional contra la impunidad. Según BBC Mundo (29 de enero), a Ríos Montt se lo acusa “de permitir u ordenar homicidios, violaciones y torturas” durante su gobierno, contabilizadas “en al menos 266 acciones militares en las cuales murieron más de mil 700 personas, hubo mil 400 violaciones sexuales y unas 29 mil personas debieron abandonar sus hogares para huir de la violencia”.

Hasta la víspera, Ríos Montt había logrado evadir los cargos judiciales pues como diputado en el Congreso de Guatemala gozaba de inmunidad. Pero la conclusión de su mandato puso fin a esta ventaja y su avanzada edad (86 años) tampoco ha sido, como en otros casos, obstáculo para que enfrente las responsabilidades que la fiscalía le atribuye en el marco de las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil en Guatemala (1960–1996), cuyo número estimado de muertos excede los 200 mil.

Aunque apenas empiezan, estos episodios judiciales en España y Guatemala ofrecen importantes lecciones. La impunidad es una práctica execrable que debe reducirse a su mínima expresión porque atenta contra la seguridad individual y colectiva. Para erradicarla, no hacen falta costosas consultorías o radares sofisticados tanto como personal idóneo, voluntad política, compromiso moral y, sobre todo, apoyo ciudadano.