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Opinión

CRÍTICA

Juicio político en la Asamblea: Delfo A. de Lora Rivera

Delfo A. de Lora Rivera
opinion@prensa.com

20/07/2013 - La señora Patria Portugal acudió, valientemente, a la Asamblea Nacional para responder a “cuestionamientos” sobre contratos de la Defensoría del Pueblo.

Después de contestar preguntas y señalamientos que no tenían nada que ver con el cuestionario, y tras haber escuchado el discurso en su defensa, así como los ataques directos a la “persona” de la defensora de parte de ciertos diputados de la oposición, que echaron a un lado la presunción de inocencia y, prácticamente, hicieron un juicio político, juzgándola sin la opinión de los diputados del gobierno, saqué las siguientes conclusiones:

1. La Defensora del Pueblo no cometió delito alguno al firmar esos contratos.

2. Ella actuó solo con la intención de modernizar la institución, tanto en sus condiciones físicas y técnicas, como del recurso humano para prestar un mejor servicio al pueblo panameño que acude a la Defensoría a reclamar justicia, la mayoría gente humilde. Quedó claro para mí que ella se hizo cargo de una institución que era disfuncional.

3. Los gastos en que incurrió fueron aprobados por la Contraloría, como corresponde según la ley.

4. Los diputados de oposición enfatizaban “el delito moral”, reiteradamente, en que había incurrido la defensora, cuando ellos son los que menos pueden hablar de “moralidad”, después de los actos bochornosos que todos hemos presenciado por televisión y a todo color en que esos “honorables diputados” y “padres de la patria” se han visto envueltos.

5. La intención de ciertos diputados opositores (obvia y manifiesta) era embarrar al Ejecutivo en actos de corrupción, apoyados por una declaración de la defensora. Por ello, la acorralaron como “ángeles demoníacos”, diciéndole en reiteradas ocasiones que había sido “traicionada” y llevada allí por “su gobierno”.

6. Algunos le exigían respeto, pero ellos eran los que la irrespetaban, como dama y como funcionaria. El respeto se gana, no se demanda.

7. Ciertos diputados de oposición se dedicaron a “intimidarla” poniéndola contra la pared para “obligarla” a embarrar al Ejecutivo, asegurando que habían sido los diputados del gobierno los que la habían sentado ahí, en el “banquillo de los acusados”, y que ella “tenía sus días contados en el cargo”.

Para mí esto es extralimitación de funciones, porque ella fue a responder a un cuestionario, no al juzgamiento político de una “minoría”, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia. No soy muy ducho en esto, pero tengo entendido que para llegar a un juicio político en la Asamblea se necesita la anuencia de un mínimo de la totalidad de los diputados, lo que incluye, desafortunadamente para los diputados de oposición, a los del gobierno, quienes ni siquiera dijeron esta boca es mía, con excepción de uno, creo, quien criticó la actuación de sus colegas.

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