Minería, futuro interesante para Panamá: Ricardo Eskildsen M.

El pronóstico económico para este 2012 es que será otro año de crecimiento similar a 2011, lo que permitirá a Panamá continuar destacándose como el pequeño Dubai de América Latina.

No cabe duda deducir que este crecimiento consistente con los últimos años es producto de la confianza de los sectores productivos en las políticas de los gobiernos que se fundamentan en el respeto a la tutela que ofrece el derecho, la institucionalidad democrática y a la vigencia de la libertad de expresión.

El esperado crecimiento del 10.5% para el año fiscal 2011 no deja de ser una grata noticia, empero, por otro lado sabemos que no resolverá las diferencias económicas e históricas que viven los diversos sectores de la sociedad de Panamá. De allí que gobierno tras gobierno deberán continuar los proyectos sociales de apoyo a los sectores más necesitados.

Los 232 millones de dólares anuales que ha invertido el Gobierno en “subsidios” son una bendición para los necesitados, ya que con este apoyo contarán con herramientas que les permitan cubrir los sobrecostos de la canasta básica.

Se hace necesario entonces ampliar la fuente de ingreso del Estado para no seguir castigando a los contribuyentes con mayores impuestos, o disminuir los aportes del Canal cuando estos deben destinarse a obras de infraestructura que generen mayor productividad.

Y al leer el interés del Gobierno en reformar la ley que creó el Fondo de Inversión, administrado por un fideicomiso, queda demostrado que para que el presidente, Ricardo Martinelli, mantenga el ritmo de inversión y subsidio por los siguientes tres años, el Gobierno tiene que encontrar nuevas fuentes de ingresos. La explotación de los recursos minerales en el subsuelo volcánico del trópico de Panamá ofrece una oportunidad y esta garantiza otra fuente de ingreso por el gran valor de los metales de hoy en día.

Hay que reconocer que el tema de la minería es nuevo para Panamá y como tal exige mayor docencia. Este rol que le corresponde al Ejecutivo se debe llevar a través de la Dirección de Recursos Minerales y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Los comentarios del 21 de diciembre de 2011, publicados en el diario La Prensa, demuestran el potencial, cuando se publicó que “la exportación de bienes (oro) totalizó $660 millones, $34 millones más que en el mismo período del año 2010, según informes de la Contraloría”.

Los yacimientos de oro, plata y cobre fueron confirmados oficialmente en el territorio desde 1968, cuando la Organización de Naciones Unidas envió expertos para investigar el potencial de los minerales en Panamá. En esa época se hicieron mil 275 excavaciones y se descubrieron grandes reservas de diversos minerales en las provincias centrales.

El precio del gramo de cobre hoy día se tasa varias veces más alto que el gramo de cobre en 1974, cuando se inició el debate en Cerro Colorado (la segunda reserva más grande de cobre de la América Latina). En aquella época, la administración de Omar Torrijos contaba con el beneficio de la falta de un marco regulatorio. Hoy se exige la aprobación de un estudio de impacto ambiental para adelantar la exploración o explotación de cualquier mineral.

Recordamos que la razón principal del fracaso del intento de la explotación de Cerro Colorado en aquellos años fue la falta de transparencia y el destino de los fondos a recaudar. Incluso, todo ello se dio décadas antes de que las tierras en donde hoy se encuentran las reservas fueran donadas por el Ejecutivo y el Legislativo a las comunidades indígenas en 1998.

Hoy el actual Gobierno cuenta con el beneficio de que el valor de la onza de oro, plata y cobre en el mercado internacional continúa al alza.

Recomendamos al Gobierno, superar lo que no hizo el Partido Revolucionario Democrático ni el Partido Panameñista en sus días de gobierno. Debe, pues, rodearse de profesionales idóneos. La Dirección de Recursos Minerales debe ofrecer contratos con generosos sueldos, estabilidad laboral y la oferta de la educación continua. Estos profesionales deben asegurarse de que las comunidades aledañas reciban su cuota-parte de las regalías una vez sean adjudicadas las concesiones, sin ambigüedad o discrecionalidad.

Estos profesionales, igualmente, tienen que saber negociar y resolver las inquietudes de los ecologistas al exponer las virtudes de las tecnologías limpias.

El anteproyecto de Ley No. 394, en discusión este mes en la Asamblea Nacional, tendría que establecer un fideicomiso que sea operado por el banco, que ofrezca la mejor tasa por la administración de las tres décimas partes de la regalías a cobrarse al concesionario.

La primera décima parte debería invertirse en las comunidades distritales cercanas a la explotación; la segunda décima parte, en el fondo de pensión, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social y, finalmente, la tercera décima parte, en la Anam para fortalecer el cumplimiento de la mitigación de la contaminación, según la aprobación del estudio de impacto ambiental.