Noriega, en un país sin justicia: Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –Creo que la llegada de Manuel Antonio Noriega ha servido para levantarnos un espejo que refleja todas las contradicciones de la sociedad panameña y todos los vicios de la política criolla. Como no nos gusta mucho lo que el espejo nos está mostrando, y además hay muy poco consenso sobre los hechos y su debida interpretación, el caso Noriega ha resultado ser polarizante.

Los medios norteamericanos informaron que Panamá había reaccionado con “indiferencia” al arribo de Noriega, pero yo no he visto esa indiferencia en los días que tengo de estar aquí. Por el contrario, veo por todas partes un debate enardecido entre quienes opinan que el exdictador debe cumplir sus condenas en la cárcel y quien abogan por concederle detención domiciliaria, junto al debate ardiente sobre los hechos básicos en torno a la dictadura, su derrocamiento, la transición a democracia, y la realidad actual.

Sobre un solo punto he visto consenso claro entre nosotros. En el programa Debate Abierto del miércoles hicieron una encuesta sobre cómo los panameños califican la administración de justicia en el país y los resultados fueron más que patéticos: 90% de los entrevistados la calificó de “mala”, mientras que solo 5% la juzgó “buena”.

Pero si los panameños reconocemos por margen abrumador que en Panamá no hay justicia, ese hecho de por sí es un reflejo de las fallas de nuestra sociedad, porque con un respaldo de 90% se debiera poder exigir –repito, exigir– un sistema eficaz, honesto y equitativo de justicia. ¿Por qué no lo hemos hecho? Por otro lado, gran parte de lo que impulsa el debate sobre el desenlace del caso Noriega es, precisamente, el hecho de que absolutamente nadie confía en que la decisión será tomada honestamente y con impecable apego a la ley. Por el contrario, se sospecha que el asunto ya se ha “arreglado” tras bastidores, con base en burdas consideraciones políticas o financieras que nada tienen que ver con justicia o con la ley. En otras palabras, si confiáramos en que el proceso es justo y limpio, aceptaríamos de buena fe el desenlace, cualquiera que sea.

Mientras tanto, el debate sobre Noriega ha incluido toda clase de afirmaciones que poca relación tienen con los hechos, lo cual refleja lo poco que hemos hecho para estudiar, documentar, y enseñarle a los jóvenes lo que ocurrió durante la dictadura. Lejos de “voltear la página”, otros países latinoamericanos han tenido la valentía de encarar los hechos y crear un archivo imborrable en honor al “nunca más” y al “no olvidar”. Panamá tiene que hacer lo mismo, no solo por aquel cliché del que “quien no conozca su pasado está obligado a repetirlo”, sino también porque conocer el pasado nos empodera a sobreponernos a él. Si información es poder, información sobre el pasado nos da poder sobre el futuro, mientras que la amnesia colectiva es una negación de historia patria que oscurece el camino por delante en vez de iluminarla.

Esto último es de vital importancia porque casi a diario, bajo este Gobierno de tendencia autoritaria, veo retrocesos peligrosos en torno a derechos ciudadanos; y estos son recibidos con un alzar de hombros (allí sí veo indiferencia) por una población que se indigna por casos de corrupción, pero que no se inmuta mucho por defender sus derechos. Sin trivializar los escándalos de corrupción bajo el gobierno actual, subrayo que los atropellos a las libertades ciudadanas también son inaceptables. Tenemos que defenderlas.

En lo personal, no veo razón para perdonar a un reo que cometió crímenes graves, que no ha expresado arrepentimiento, y que no ha hecho gesto alguno de reparación hacia las víctimas y sus familias. Pero lo que más lamento es que la repatriación de Noriega no lo haya devuelto a un país que ya sabe respetar los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a justicia.