Sobre conflictos de interés: Daniel R. Pichel

Vivimos una terrible crisis de credibilidad. Todo el mundo desconfía de los demás, generando suspicacias que dan origen a aseveraciones y acusaciones temerarias que siembran dudas sobre toda la sociedad. Y, con las herramientas (o armas) que dan las redes sociales, todos opinan; en ocasiones de forma atolondrada, y sin base. Gracias a esta gente, hace poco me enteré que formo parte de un “jugoso negocio de equipo y entrenamiento médico”. Lástima que no me dieran más detalles porque al final “quedé en Bosnia”.

Según algunos políticos opositores, comentaristas, periodistas o simples ciudadanos, todas, pero absolutamente todas las acciones del Gobierno o cualquiera de sus funcionarios, esconde un “evidente” acto de corrupción o busca beneficiar a alguien. Así, la cinta costera, el metro, la compras de equipo o la designación de funcionarios, son métodos que el Gobierno en general (y el Presidente en particular) aplican para enriquecerse. Mientras, del otro lado, el panorama no es mejor. Ante la constante queja a todo lo que se hace o se deja hacer, los gobernantes toman la actitud de “si haga lo que haga estará mal” e imponen su criterio, muchas veces sin tomar en cuenta la opinión de quienes se verán afectados por una decisión o de quienes genuinamente les preocupa la institucionalidad y la transparencia. Así, licitaciones dudosas, adjudicaciones directas, proyectos “llave en mano”, y comisiones inexplicables, simplemente permiten que, quienes denuncian la corrupción, tengan más argumentos. Mientras, los índices de transparencia de nuestro país demuestran que, en una calificación escolar, ganaríamos uno con siete, lo cual, salvo que el Meduca haya cambiado las reglas de juego, es un rotundo fracaso.

Para evitar esto, sería necesaria una estricta política de declaración de potenciales conflictos de interés. Para los médicos, desde hace muchos años, es obligatorio declarar estos conflictos, cuando emitimos opiniones en foros académicos o regulatorios. Sé que esto sonará como una locura, pero no veo por qué no puede aplicarse a la sociedad, si se ha podido aplicar en el mundo científico. Explico en que consiste: Cuando alguien va opinar en uno de estos foros, se exige que presente una lista de empresas o compañías, con las que tenga vinculación. Así, deben declararse la posesión de patentes o acciones de oferta pública, y los honorarios por investigación, participación en comités de expertos, o exposición en conferencias. Esto, no desvirtúa los méritos del sujeto, sino que da a la audiencia elementos para juzgar el posible sesgo que pueda tener una opinión. Se llega al punto, en los grupos de trabajo que establecen las guías de atención, que cuando a alguien se le da la palabra, se proyecta inmediatamente en una pantalla su lista de conflictos.

Para comparar, pondré como ejemplo, las discusiones en relación a la tercera fase de la cinta costera, y que han caldeado los ánimos a un nivel que no favorece a nadie. Para cumplir con lo propuesto, declaro que no tengo ningún interés ni en San Felipe ni en El Chorrillo y que no tengo vinculación alguna con el Gobierno, más allá de mi conocida amistad con el ministro de Obras Públicas y con algunos habitantes de San Felipe. Dicho esto, tenemos que por un lado, “las fuerzas vivas de El Chorrillo” defienden el proyecto tal cual lo está implementando el Gobierno, mientras que “los defensores del patrimonio histórico” se oponen acremente a lo que se planea hacer. En el medio, hay interés en temas ambientales y de reordenamiento vial.

Aunque reconozco que es casi imposible, propondría que todo aquel que vaya a dar una opinión, si no lo hace voluntariamente, sea cuestionado sobre sus potenciales conflictos de interés en relación al proyecto. Por un lado, a quienes apoyan el proyecto, se les debe preguntar sobre beneficios que pudieran obtener por defender determinada opción (como financiamiento gubernamental de proyectos comunitarios o beneficios políticos personales), mientras que a los que lo adversan, habría que preguntarles si tienen intereses económicos en el desarrollo inmobiliario del Casco Antiguo o si sus propiedades se verán afectadas por el proyecto. Esto, sin descalificar a nadie, pone en perspectiva las razones por las cuales se pudiera opinar de una u otra manera, tal como ocurre en el mundo académico.

Con esto, no se va a evitar que siga habiendo criticadores de oficio, ni quienes traten de aprovecharse del sistema para realizar actos de corrupción. Pero se estaría dando un claro ejemplo de transparencia ética, a una sociedad que lo está necesitando con urgencia. Sé que es mucho pedir, pero a fin de cuentas, estamos en Navidad...