Panamá ´en venta´, sin consulta ciudadana: Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –Yo estuve tan sorprendida como cualquier otro panameño con la noticia publicada en este diario el lunes, en el sentido de que ha empezado la construcción de un rompeolas en la Avenida Balboa que incluirá otro relleno más (con “restaurante turístico”). Aun más sorprendida estuve, y para nada contenta, al leer allí que el estudio de impacto ambiental (EIA) ha sido preparado por la oficina en Panamá de la empresa consultora Louis Berger. Y muy disgustada estuve al leer, también, que la supuesta “consulta ciudadana” en el EIA consistió en entrevistar a 32 personas y en unas reuniones a las que la sociedad civil no fue invitada; además, la única manera de que un ciudadano pueda examinar el EIA es presentándose a la Anam.

Aquí es donde debo detenerme a hacer lo que los norteamericanos tildan de full disclosure: Mi esposo, Fred Berger, es actualmente el chairman de Louis Berger Group, un grupo de empresas con sede en Washington. La realidad, sin embargo, es que la empresa no me informa de sus trabajos, contratos y procedimientos, y mucho menos me los consulta, ni en Washington ni en Panamá. Por el contrario, la realidad es que no me meto en lo que ellos hacen y ellos no se meten en lo que escribo. Esto significa que a ellos no se les puede culpar por lo que yo escriba y que a mí no se me puede culpar por lo que ellos hagan, pero también significa que un contrato a la empresa no compromete mi pluma en lo más mínimo.

En este caso, deploro el pobrísimo esfuerzo de consulta ciudadana que se ha hecho con respecto a todo el proyecto de extensión de la cinta costera, ya sea por parte de la empresa o del gobierno. El 10 de julio escribí que lo que más me preocupaba del proyecto era “la falta de una genuina consulta ciudadana” y ese desprecio del gobierno de Ricardo Martinelli por el sentir ciudadano sigue siendo lo que encuentro más deplorable, especialmente después de escuchar las quejas que organizaciones ambientales panameñas presentaron la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una presentación que me pareció muy buena, Joana Abrego, de CIAM (Centro de Incidencia Ambiental de Panamá), y la arquitecta Raisa Banfield, de Pasos (Fundación Panamá Sostenible), denunciaron “el patrón de violación del derecho de acceso a la información pública... en particular la relacionada con la gestión ambiental del país”. Ellas expusieron las múltiples tácticas que el gobierno actual está empleando para negar información –desde tasas exorbitantes para las fotocopias hasta reducir drásticamente el periodo para consulta pública– a la vez que se multiplica increíblemente el número de proyectos y megaproyectos. Banfield señaló que en marcha hay 118 proyectos hidroeléctricos, 926 concesiones mineras y al menos 66 proyectos costeros, todos avanzando “sin que las comunidades afectadas hayan sido consultadas a tiempo”. Con eso en mente, algunas organizaciones ambientales acusan que el gobierno panameño debería poner este anuncio en su página web: “En venta: recursos ambientales de Panamá. Baratos. Sin restricciones. Compre ahora y evite la molestia de consultar con el público o proteger los recursos naturales para el futuro”. (Ver http://www.aida-americas.org/es/project/peligrosocamino%20).

A todo esto, el estándar moderno sobre el desarrollo de proyectos estatales es que estos requieren un consentimiento “libre e informado” por parte de las comunidades afectadas, y que un buen proceso de consulta pública termina por fortalecer el proyecto. Percibo que el gobierno de Martinelli –trabado en la Edad Media para muchas cosas– ha reducido el concepto de “comunidades afectadas” a dimensiones risibles (¡32 personas!) para así evadir una genuina consulta ciudadana a la que de todos modos no haría caso.

Por eso, los trabajos en el rompeolas ya comenzaron; creo que el EIA fue solo una hoja de parra.