Panorama
obispo josé luis lacunza habla del diálogo
´A escuchar a los demás´
El mediador pidió a las partes que el próximo lunes 27 de febrero las partes que negocian las reformas al código minero vayan con una actitud de consenso.
Un franco intercambio de opiniones y no imposiciones fue lo que pidió ayer el mediador en el diálogo entre el Gobierno y los indígenas en el tema de las reformas al Código de Recursos Minerales, el obispo católico José Luis Lacunza.
“Diálogo no es pedir algo y si no me lo dan me voy; diálogo es una conversación en la que se busca un punto de entendimiento... yo pido que vayamos a esa mesa el lunes a dialogar, plantear los pros y los contras, las exigencias, y a escuchar a los demás, porque sino, no puede haber diálogo”, aseguró Lacunza al referirse al hecho de que este lunes se reanuda el diálogo en la Asamblea Nacional, que entró en receso por motivos de Carnaval desde el pasado 17 de febrero.
Por su parte, la cacica general ngäbe buglé, Silvia Carrera, pidió que respalden la lucha para detener la construcción de hidroeléctricas en la comarca y territorios anexos porque, a su juicio, existen “grandes cantidades de hidroeléctricas en todo el país”. Carrera aprovechó el receso para reunirse con las bases. Ayer sostuvo un encuentro con sus seguidores en Soloy y el martes fue a Changuinola, Bocas del Toro, donde se reunió con la alta dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana).
Por otro lado, el dirigente Alberto Montezuma negó que la cacica Carrera haya apoyado una iniciativa de un grupo de indígenas de no enviar sus hijos a clases hasta tanto se logre un acuerdo con el Gobierno.
En tanto, los sacerdotes agustinos de Tolé y Munä (Carlos De la Cruz, Nicanor Jiménez y Roberto Carpintero) divulgaron ayer un comunicado en el que rechazan las declaraciones del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en las que ponía en duda el papel de los curas. Aseguraron, además, que el Gobierno no quiere pasar la propuesta indígena “porque toca muchos intereses económicos de empresas mineras e hidroeléctricas”.
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