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Panorama

HÁBEAS CORPUS

´Ángel de la Cruzno es una amenaza´

La detención del propietario de la empresa Medicom, sin embargo, fue declarada legal por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

25/12/2012 - La detención de Ángel de la Cruz no fue ilegal ni arbitraria, pero se le reemplazó por medidas de prohibición de salida del país y de presentación quincenal ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que no representa “una amenaza real” para lo que resta del proceso que se sigue por los envenenamientos con dietilene glycol, que se han cobrado la vida de 305 personas.

La anterior es la conclusión a la que llegaron siete de los nueve magistrados de la Corte al resolver un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de de la Cruz, el único de los 27 imputados por este caso que se encontraba preso.

El fallo, fechado el 1 de noviembre pasado y al que este diario tuvo acceso, contó con la ponencia del magistrado Hernán De León y el aval de Oydén Ortega, Aníbal Salas, Alejandro Moncada, Víctor Benavides, Harry Díaz y Harley Mitchell.

Luis Ramón Fábrega salvó su voto y Jerónimo Mejía se abstuvo.

Según el ponente, la decisión del Segundo Tribunal de no liberar a de la Cruz pese a que llevaba seis años detenido sin ir a juicio se ajustó a derecho, porque sobre el imputado pesaban cargos por más de un delito: contra la salud pública, homicidio culposo y falsificación.

En ese sentido, De León explicó que si bien de la Cruz ya había cumplido más del mínimo de la pena de cuatro años de prisión estipulada en el Código Penal para los delitos contra la salud pública, el tribunal lo llamó a juicio ante un “concurso material de delitos”, que incidió en que no se le revocara la detención preventiva tras cumplir el mínimo de la pena de prisión, como lo señala el artículo 2141 del Código Judicial.

Sin embargo, al resolver el hábeas corpus presentado por el abogado Juan Cerezo, el pleno de la Corte reemplazó la detención preventiva de de la Cruz, y opinó que siendo su caso “el reflejo de muchos otros privados de libertad [...] debe exigirse que se tomen las medidas necesarias para que se culmine y decida su situación jurídica lo más pronto posible”.

Ángel de la Cruz fue puesto en libertad 15 días más tarde, el 16 de noviembre, tras seis años preso en la cárcel de Tinajita.

Otras opiniones

Fábrega salvó su voto, pues a su juicio “no hay fundamento para la sustitución de la detención preventiva, porque de la Cruz está preso por causas ajenas a la actividad judicial, por lo que no puede entenderse como una arbitrariedad objeto de ser examinada por este pleno”.

Según Fábrega, el reemplazo de la medida “demerita la sana crítica aplicada por el juzgador ordinario, a quien le es pertinente la valoración de la prueba y los medios de convicción respecto a la responsabilidad de los procesados”.

El magistrado también sostiene que en el derecho panameño no se ha consensuado una definición de “detención arbitraria” que permita aplicar el concepto a una situación específica.

Por su parte, Mejía se abstuvo de votar, porque antes de ser magistrado fue el abogado de René Luciani, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), imputado en el proceso.

Mejía explicó que no pudo inhibirse como correspondía, ya que se enteró de que el hábeas corpus tenía relación con el caso de los envenenamientos solo cuando se le pasó el fallo para que votara, no antes, pues este tipo de recursos no circulan con el expediente del proceso.

El magistrado aclaró que firmar el fallo no significa que esté a favor o en contra de su contenido.

Gabriel Pascual, del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, consideró que los argumentos del magistrado Hernán De León carecen de veracidad.

“Por un lado, la Corte Suprema de Justicia resuelve las solicitudes de los supuestos implicados y vemos que las personas siguen falleciendo”, indicó.

Alegó que así como se actuó en favor de de la Cruz, se debe actuar en beneficio de las víctimas y agilizar el llamamiento a juicio de los acusados, pues llevan más de 34 meses clamando justicia.

Estatus

El 29 de enero pasado, el Segundo Tribunal Superior llamó a juicio a 13 de los 27 imputados y sobreseyó a los restantes 14, entre estos los miembros de la junta directiva de la CSS y a la exdirectora de la empresa Rasfer Internacional, Asunción Criado.

El entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado, apeló los sobreseimientos y ese recurso debe ser resuelto por el magistrado Aníbal Salas, de la Sala Penal, cuyo período vence el 31 de este mes.

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