´Gobierno violó derechos´

SERVICIO. El titular de la cartera de Seguridad, José Raúl Mulino, informó que será hoy cuando se evalúe la conveniencia de restablecer las comunicaciones en la zona del conflicto, proceso que requerirá ciertas especificaciones técnicas que, según dijo, ni él conoce con precisión. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, reconoció ayer que fue el Gobierno, por razones de seguridad, el que ordenó la suspensión de la telefonía celular entre el Viguí (Veraguas) y Horconcitos (Chiriquí), donde indígenas Ngäbe Buglé impedían el tránsito por la vía Interamericana en protesta contra la minería.

Mulino justificó el corte basado en el argumento de que tenían información de inteligencia que daba cuenta de posibles ataques de manifestantes contra torres de empresas de telefonía celular en la zona.

Admitió que la suspensión del servicio afectó las comunicaciones de la Policía Nacional, pero también alegó que sirvió para “opacar coordinaciones políticas, manipulaciones políticas de grupos de oposición que están detrás de estos hechos”.

Agregó que la suspensión del servicio se mantendría hasta hoy, cuando se evaluará si se restablece.

Aseguró que las potenciales acciones de sabotaje están documentadas y sus posibles autores, identificados, pero aclaró que será el Ministerio Público –que investiga los hechos– el que decida si suministra esas identidades al país o no.

Sus afirmaciones contrastran con declaraciones que él mismo dio el sábado pasado, cuando dijo a Radio Panamá que la telefonía se había visto afectada a causa del “sabotaje de algunas torres”, y afirmó que el Gobierno no tenía nada que ver con ello.

Garantías

Para el expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Roberto Troncoso, la Constitución es clara al indicar que mientras no exista un estado de emergencia o un estado en el que haya fuerzas que pretendan violentar el orden jurídico y social del país, suspender las comunicaciones es una medida extrema que no solo viola la propia Carta Magna, sino convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Troncoso reconoció que puede haber algún recurso de seguridad que permita este tipo de acciones dentro de las estrategias previstas para controlar una situación dada, pero lo que no se puede permitir es que se afecte flagrantemente a personas que nada tienen que ver con dicho conflicto.

Por su parte, el doctor en derecho Ernesto Cedeño remitió a este diario un mensaje que envió al ministro Mulino a través de su cuenta de Twitter, en el que se dijo sorprendido por las declaraciones del funcionario.

“A mi juicio, no hay basamento legal suficiente para decretar tal medida y por lo tanto sería saludable que le informara al país en qué norma jurídica se ha basado para la ejecución de tal decisión, toda vez que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dispone, según el principio de estricta legalidad (artículos 17 y 18 de la Constitución)”, dice el mensaje.

Cedeño citó, además, la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección [...] No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

En tanto, el artículo 29 de la Constitución, que forma parte de las garantías fundamentales, dice: “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

La misma Constitución, en su artículo 37, precisa: “Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”.

El artículo 55, en cambio, indica que las garantías fundamentales podrán ser suspendidas “en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público”, aunque previamente se debe declarar un estado de urgencia a través de un decreto ejecutivo acordado en Consejo de Gabinete.

Dentro de la Ley 15 del 14 de abril de 2010, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y más concretamente dentro de sus funciones, no se hace referencia alguna a temas relacionados con las comunicaciones telefónicas ni se declara esta entidad como “autoridad judicial”.

Los puntos 1, 2 y 4 de sus facultades se limitan a lo siguiente: “coordinar los servicios de seguridad pública; coordinar las actividades de los organismos de información e inteligencia de los estamentos que integren este Ministerio para los efectos de la seguridad pública del país, en coordinación permanente con el Consejo de Seguridad Nacional; y establecer políticas y acciones de protección y seguridad de quienes se encuentren en el territorio nacional”.

LAS TELEFÓNICAS

Voceros de Cable & Wireless y Digicel confirmaron que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) dio la orden de bloquear las comunicaciones desde Viguí (Veraguas) hasta Horconcitos (Chiriquí).

Dada la orden, la operación técnica la realizó cada operador desde sus respectivas instalaciones, informaron desde Cable & Wireless.

Las empresas Claro y Movistar optaron por no dar información al respecto.

En la tarde de ayer, Mulino declaró que a través de la autoridad reguladora, fundamentado en la ley y la Constitución, y por razones de seguridad nacional, se procedió a suspender el servicio. Sin embargo, la administración de la Asep, que fue consultada, no dio detalles sobre cuáles fueron los fundamentos legales en los que se sustentó la decisión.

(Con información de Rafael Luna Noguera, Rubén Polanco, Roberto González e Isidro Rodríguez).

´Ni secuestrados ni rehenes´

Juristas coincidieron ayer en advertir como un error la calificación de secuestrados y rehenes dada por el Gobierno a las personas atascadas en el tranque de la carretera Interamericana a causa de las protestas indígenas.

La exmagistrada Esmeralda de Troitiño advirtió que los conceptos de “rehén” y “secuestro” usados por personeros del Gobierno, incluyendo al presidente, Ricardo Martinelli, significan la implicación de los manifestantes en la comisión de delitos.

“Por un lado [el Gobierno] señala que tiene a la Iglesia como mediadora para el diálogo, pero, por el otro, dice que la protesta es una acción delictiva al calificarla como un secuestro o toma de rehenes. Esto no tiene sentido”, dijo.

Reconoció que hubo personas a quienes se les impidió el tránsito por el cierre de la vía, pero indicar que estas eran rehenes es un error.

A su juicio, las organizaciones de derechos humanos del país tendrán que pronunciarse.

Por su lado, la exprocuradora Ana Matilde Gómez aclaró que a las personas atascadas en el tranque se les vulneró el derecho al libre tránsito consagrado en la Constitución, mas no se les secuestró.

“En ningún momento se pidió rescate por las personas afectadas. Sí hubo una grave afectación a terceros, pero ninguno de estos recibió una acción directa de violencia. Su situación es el resultado de una protesta legítima que, sin embargo, utilizó mecanismos ilegítimos”, precisó.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez insistió que dentro del contexto de lo sucedido no aplica el concepto de secuestro ni de rehén, sobre todo porque “los terceros afectados por el cierre de la circulación bien podían irse a pie de donde estaban”.

“El problema estuvo en el cierre del tránsito con los camiones, que no podían virar, pero los carros particulares sí”, apuntó.

Según la versión web del diario La Nación de Costa Rica, de los cerca de 300 ciudadanos de ese país que quedaron atrapados en la Interamericana, al menos 100 ya habían regresado al mediodía de ayer.

Según el diario, estas personas fueron atendidas por la Cruz Roja.

La Nación citó a la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, quien, a través de su cuenta de Twitter, dijo: “Son pocos los ticos que han logrado llegar a Paso Canoas, cerca de 100. Confiamos en los esfuerzos de diálogo que están por iniciarse”.

En la misma nota se citó a Stefano Stevanovich, uno de los costarricenses varados, quien expresó: “El viaje fue muy lindo, pero terminó en una pesadilla. Me siento muy mal, tengo infecciones en el estómago y en el pie izquierdo. Fueron cuatro días sin comida ni agua”.

Asimismo, a Karla Brenes, quien relató que quedó atrapada al llegar a San Félix, y a Patricia Navarro, quien afirmó que su hija y su yerno, junto con otros viajeros, fueron tomados como rehenes.

En una nota de la agencia de noticias AP también se citó a Chinchilla: “Ticos [que] se encontraban en zona de bloqueo han sido liberados”.

Rafael Luna Noguera