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Panorama

COLOMBIA. LA REHABILITACIÓN DE LA UNIÓN PATRIÓTICA.

¿Una salida política?

La resurrección del primer partido político que incluía a las FARC genera esperanzas e inquietudes, de cara a los diálogos de paz en La Habana.

VÍCTIMAS. Pese al retorno a la legalidad del partido Unión Patriótica, cientos de sus militantes asesinados no han recibido justicia. EFE

12/07/2013 - El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa fue acribillado en el puente aéreo de Bogotá por un sicario que lo esperaba.

Jaramillo Ossa era candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), una organización política surgida de un amplio diálogo por la paz con las guerrillas de izquierda de Colombia, que unos cinco años antes había impulsado el gobierno de Belisario Betancourt.

La UP había nacido para dar expresión política en democracia a sectores que de otro modo estarían en el monte tratando de subvertir con las armas el orden democrático. Al consolidarse como partido, la UP se distanció de la lucha armada.

Sin embargo, dirigentes y grupos económicos del país no toleraban la existencia de dicha agrupación política.

Vista como una extensión de las FARC, elementos armados ilegales se dedicaron a diezmar, a punta de bala, al naciente colectivo político.

Más de 3 mil miembros de la UP cayeron abatidos, entre estos, sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Los paramilitares de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, en contubernio con efectivos y oficiales de la fuerza pública, fueron los responsables materiales de esta campaña de sangre.

Tras haber logrado el poder en municipios colombianos, e incluso un puñado de parlamentarios, muchos militantes de la UP optaron por regresar al monte.

Tal fue el caso de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, uno de los actuales comandantes de las FARC y negociador de la paz en Cuba. Iván Márquez tenía un escaño en la Cámara de Representantes antes de reincorporarse a la lucha armada.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en 2002 quitarle la personería política a la UP, al no poder alcanzar un mínimo de 50 mil votos y una curul en las elecciones.

No se habían tomado en cuenta las circunstancias extraordinarias que había padecido la agrupación.

Esta situación fue revertida el pasado 9 de julio de 2013 cuando, al resolver una demanda de la UP, el Consejo de Estado decidió devolverle la personería jurídica a la agrupación política.

El presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, manifestó a periodistas que el CNE se excedió de sus competencias en 2002 al retirarle la personería jurídica a la UP, que había sido objeto de un “genocidio político”.

De inmediato, el hecho fue interpretado como un guiño a la negociación de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos lleva a cabo en La Habana con la dirigencia de las FARC.

Sin embargo, los voceros actuales de la UP han dicho que las FARC ya tienen sus propias organizaciones políticas que los pueden representar en el evento de que dejen la violencia y retornen a la legalidad.

Dirigentes del Polo Democrático, el único partido de izquierda que tenía hasta ahora personería jurídica en Colombia, saludaron la medida.

Y analistas señalan que la resurrección de la UP amplía las posibilidades de la izquierda política y sin duda tendrá un efecto en las negociaciones de La Habana.

(Con información de servicios internacionales).

Todavía sin reparación

El exilio, el monte, la renuncia a la actividad política, el ostracismo. Fueron los destinos de miles de militantes de la Unión Patriótica que no cayeron abatidos por las balas. Pero a los asesinados, aún no se les hace justicia. La rehabilitación del partido político colombiano de izquierda puede ser un comienzo. “Es un gesto trascendental de justicia y de reparación para las víctimas de la violencia política en el país. (Se trata) apenas de la cuota inicial de lo que debe ser una verdadera reparación política”, ha dicho Iván Cepeda, congresista e hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda. Aunque en algunos casos se procesó y sentenció a los autores materiales, la gran mayoría de los asesinatos sigue en la impunidad. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993. El proceso sigue en espera de resolución.

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

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