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Panorama

fraude con incapacidades médicas

´¿Prefiere gripe o diarrea?´

Ángel López Guía
alopez@prensa.com
Pie de foto LA PRENSA/Credito

14/07/2013 - Los hongos que carcomen las uñas de los pies de Enrique González, un jubilado que a los 72 años de edad sigue cuidando carros en la calle para poder comer, son dignos de ilustrar las páginas de una revista médica.

Cuando estaciono en las inmediaciones del corregimiento de Santa Ana, González se levanta de la acera y ofrece cuidarme el carro aunque a duras penas pueda caminar.

“Compañero, yo tengo 72 años viviendo aquí. Nada le va a pasar a tu carro”, me dice.

“Maestro, hoy me da pereza ir a trabajar y necesito una incapacidad médica. ¿Sabe dónde puedo conseguir una?”, le pregunto.

“Claro, papa”, me contesta con el tono de voz de los que se conocen la calle y su gente.

A continuación caminamos unos pocos metros y me lleva a un centro médico que atiende los siete días de la semana.

“Qué sopá, chola. Este man quiere una incapacidad”, le dice el jubilado a la secretaria de esta clínica ubicada en el primer piso de un vetusto edificio.

“Siéntese y espere al doctor”, responde la mujer señalando una de las sillas de la sala de espera.

La decoración del lugar está llena de afiches de campañas de salud de los años 80 y 90. La luz es tenue.

Cinco minutos más tarde una voz masculina pronuncia mi nombre.

“Buenas tardes, doctor. Es que hoy no fui a trabajar y necesito una incapacidad”, le comento al galeno, ya entrado en años y de seguro con la edad para poder jubilarse.

Con un bolígrafo negro, en menos de tres minutos el hombre apunta mis datos en una hoja blanca que hace las veces de expediente médico: nombre, cédula, dirección y lugar de trabajo.

De buen humor, el doctor comenta un par de chistes y me hace una pregunta que me toma por sorpresa: “¿prefiere la incapacidad por gripe o diarrea?”.

Tras unos segundos de pensarlo respondo: diarrea, haciendo énfasis en las letras “erre”.

Presumo que, en teoría, para un jefe es más complicado comprobar una falla intestinal que un resfriado.

Antes de firmar y sellar la incapacidad, el doctor me pregunta por cuántos días quiero estar sin ir al trabajo y el horario que tengo.

Papel en mano, bajo las escaleras de la clínica.

Antes de ir hacia el carro me percato de que cruzando la acera hay otra clínica privada, y decido probar suerte.

Subo unos 12 peldaños y paso directamente a una sala de espera. “Buenos días, necesito una incapacidad”, le digo a la enfermera que atiende en la entrada.

“Querrá decir que quiere una cita médica”, me corrige con un tono regañón y frunciendo el ceño.

“Mire, lo que pasa es que llegué tarde al trabajo y necesito algo que lo justifique”.

“Bueno, tome asiento y espere a que lo vea el doctor. Son tres dólares la consulta”, me responde. Los cubículos donde atienden son pequeños, de unos dos metros por dos metros.

“Ángel López ”, me llama en voz alta uno de los galenos. El hombre también está de buen humor y con tiempo para hablar de las últimas noticias, como el viaje del presidente, Ricardo Martinelli, a Venezuela para negociar con su homólogo Nicolás Maduro.

“Te voy a poner que tenías diarrea”, me dice.

Agradezco el trámite y salgo escaleras abajo a buscar el carro. En mis manos llevo dos certificados en pocos minutos.

´NO INSISTA´

En medio de la lluvia, conduzco hacia Río Abajo, donde varios amigos me han comentado que se pueden adquirir incapacidades médicas sin estar enfermo.

En toda vía España, en una pequeña clínica, entro a preguntar. Antes de hacerlo leo un papel escrito que está pegado en el vidrio del mostrador: “No vendemos incapacidades”.

En la misma acera, metros más adelante, entro a otra clínica pequeña.

En el vidrio de la recepción hay un aviso similar al anterior. Esta vez la advertencia está acompañada de una frase: “No vendemos. No insista”.

A continuación conduzco hacia la Gran Estación de San Miguelito. En dos clínicas las secretarias también rechazan el pedido.

DE VUELTA A SANTA ANA

Tratando de conseguir más incapacidades para este reportaje, decido preguntar a algunos amigos y me recomiendan que regrese a Santa Ana, porque allá hay al menos ocho clínicas pequeñas que aún no he visitado.

Una de ellas está a pocas cuadras del parque que lleva el nombre de este corregimiento.

Ya dentro de la clínica, me encuentro con dos trabajadoras de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en la sala de espera.

La asistente del doctor me pregunta qué quiero y le contesto que una incapacidad.

“¿Por cuántos días, joven?”, me indaga.

“Por dos”, le respondo sin verla a la cara.

“Son cinco dólares por cada día”, me contesta la mujer mientras ella misma firma el certificado y lo sella.

Pago con un billete de 10 dólares y en la parte de atrás de la libreta de las incapacidades anota que tengo diarrea.

Salgo del centro médico. Ya tengo tres documentos que me han costado 17 dólares. A los ojos del mundo, están firmados por médicos y en ellos dice que no estoy en condiciones de laborar.

PROBLEMA CERCANO

Alguien que conoce de la expedición de recetas médicas dudosas es la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá (Anreh).

Su presidenta, Lisselotte Ortega, recuerda que los galenos pueden ser investigados y sancionados por esta práctica.

Los asociados de esta organización también han tenido empleados que aunque sí han estado enfermos, hacen trampa y alteran los certificados para extender los días de incapacidad.

“Esto es fácilmente comprobable con tan solo llamar a la clínica y pedir copia del certificado médico expedido”, indica.

Los colaboradores de las empresas tienen el fondo de incapacidad en la Caja de Seguro Social (CSS) que va agotándose a medida que lo van utilizando. “Una vez eso sucede, se empieza a descontar el salario de sus vacaciones. Cuando eso ocurre, el trabajador cambia de actitud y deja de faltar”, agrega.

La CSS reconoce a cada trabajador un goce de hasta 18 días anuales de incapacidad médica (ver tabla).

La normativa señala que si pasado un año en el actual empleo, la persona requiere de una incapacidad mayor a 18 días, la CSS asumirá el salario del trabajador. Si el padecimiento fue adquirido en el trabajo (riesgo profesional) o de camino a este, la entidad paga el 100% del salario. De lo contrario, solo asume el 60%.

LA NORMATIVA

Acerca de las incapacidades médicas irregulares, Félix Bonilla, asesor del Ministerio de Salud, señala que esa instancia tiene la facultad de intervenir en estos casos a través de la Dirección General de Salud Pública y del Consejo Técnico de Salud.

Mediante el Decreto Ejecutivo 210 de 2001 se tipifica como falta grave la expedición de incapacidades médicas con “intención dolosa de lucro”. En caso de reincidir tres veces en una falta grave, la norma prevé la suspensión permanente de la idoneidad y la prohibición definitiva para el ejercicio profesional del involucrado.

Sobre este asunto, el ministro de Salud, Javier Díaz, señaló que durante su administración, que comenzó en agosto del año pasado, ningún médico ha sido sancionado por esta práctica.

Sin embargo, explicó que antes de ejercer el cargo sí tuvo conocimiento de que médicos han sido sancionados por esta práctica.

ARTÍCULO 200 DEL ´CÓDIGO DE TRABAJO´

La norma dice que los certificados de incapacidad deben ser expedidos por facultativos idóneos, y estar prenumerados. Deben contener el número de registro que la Dirección General de Salud le otorga al facultativo, el nombre completo de este, la dirección, el número de teléfono y el nombre de la institución, ya sea la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud, o clínica privada donde labora el médico.

No tendrá validez el certificado que incumpla estos requisitos, salvo que por razones del lugar de expedición no sea posible cumplir con alguna de estas exigencias. El facultativo tendrá la obligación de mantener, en el expediente del trabajador, una copia de cada certificado con el diagnostico o motivo por el cual se da la incapacidad.

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

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