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Panorama

ACUSACIÓN DEL Ministerio público POR EL HOMICIDIO DE DARÍO FERNÁNDEZ

50 años para los asesinos

La Fiscalía de Coclé formuló cargos por los delitos de homicidio y asociación ilícita a seis de los nueve imputados en el proceso.

16/12/2012 - El Ministerio Público (MP) solicitó la pena máxima de 50 años de prisión para dos de los seis imputados por la muerte del exgobernador de Coclé Darío Fernández, ocurrida el 6 de noviembre de 2011.

Así consta en el escrito de acusación enviado el pasado 22 de noviembre al juez de garantías del Circuito Judicial de Coclé y que debe ser expuesto en audiencia oral el 19 de este mes.

La Fiscalía de Circuito de Coclé acusó por los delitos de homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir a Miguel Ángel Arner García, Joel Abdiel Guerra Flores, Julián Alfredo Nouvet Conte, Deshy Iveth Quirós Matal, Carlos Emilio Bárcenas, y a Mayra Evelia Hall Conte de Pérez.

En el documento, el fiscal Alexis Medina solicitó penas de prisión de 42 años para todos los imputados por la comisión de ambos delitos.

Pero, además, pidió un aumento de una cuarta parte de la pena, hasta llegar a la máxima sanción de 50 años, para Carlos Bárcenas y Julián Nouvet, ambos en su condición de reincidentes.

También solicitó que se mantenga abierto el proceso a Ricardo Martínez Quirós, supuesto autor intelectual, que está prófugo.

Los señalamientos

El fiscal Medina describió en su escrito de acusación que a primeras horas de la noche del 6 de noviembre de 2011, un hombre interceptó a Fernández y le disparó en la cabeza cuando caminaba hacia su casa, ubicada en la calle Simón Quirós del barrio San Antonio de Penonomé. Después huyó.

En la investigación, la fiscalía interrogó a 59 personas, de las cuales 17 se refirieron a las denuncias que el exgobernador había hecho en relación con el traspaso supuestamente fraudulento de unas tierras.

Otros 7 testigos declararon sobre los hechos previos y durante el asesinato, y 3 rindieron testimonio por los primeros auxilios que brindaron a Fernández en el sitio donde fue tiroteado y en el hospital.

14 personas más testificaron sobre la supuesta vinculación de Arner y de Bárcenas, y 6 dieron detalles de la ubicación de los autores del hecho.

La fiscalía también practicó 18 experticias y analizó 36 documentos, entre estos un informe de auditoría de una finca identificada con el número 070 y situada en Colón, que supuestamente fue obtenida de manera fraudulenta, lo cual había sido denunciado por Fernández.

El móvil del homicidio guardaría relación con el traspaso de ese lote, en el que se involucró a la madre del exgobernador, Juana Jaén.

Sobreseimientos

En tanto, la fiscalía pidió sobreseimientos para Gamal Gordón y Cristóbal Jiménez, luego de considerar que no estaban vinculados.

Sobre Gordón, la fiscalía detalla que se le relacionó por información de la policía, según la cual horas después de cometido el crimen dos hombres apodados Pícoro y Calito sida se presentaron en un minisúper de Ancón, y dijeron haber cometido el delito.

Después de esa supuesta confesión, la policía hizo un operativo en la zona y detuvo a Gordón, quien fue confundido debido a su parecido físico con Calito sida. Gordón, empero, probó más tarde que estaba en otro lugar.

A Jiménez se le vinculó luego de que una compañía telefónica certificó que había adquirido uno de los números de celular que aparece en el análisis de llamadas hechas entre los acusados.

Jiménez informó que había perdido el celular el mismo día que lo compró y aunque la versión no pareció razonable al principio, luego pudo probarla.

OTROS DETALLES

Aunque no está contenida en el escrito de la fiscalía, en junio pasado trascendió la declaración de un testigo, que afirmó que por el crimen se pagó la suma de $35 mil.

Los supuestos asesinos llegaron a Penonomé procedentes de la capital, y fueron a buscar a la víctima en su emisora, Mi Preferida, pero como no estaba lo esperaron en su casa y allí lo mataron.

Según el testigo, Guerra se le acercó, le disparó dos veces en la cabeza y huyó.

Familia de exgobernador, conforme con investigación

Armando Fuentes, abogado de la familia Fernández, dijo que a pesar de que la solicitud que hizo el Ministerio Público en este caso no ha sido del total agrado de sus clientes, se sienten conformes con las investigaciones.

“Ninguna justicia será satisfactoria para esta familia porque se le privó de la compañía de un padre, esposo, abuelo y hermano”, expresó.

Sin embargo, recalcó que aunque el dolor que en estos momentos siente la familia Fernández no será minimizado por la justicia humana, sí es satisfactorio que se lleve ante los tribunales a quienes cometieron este crimen. Explicó que la pena de prisión solicitada por la Fiscalía de Circuito de Coclé está dentro de la ley.

Con relación a quienes no han sido ubicados, el abogado consideró que el Estado panameño está en deuda con la familia del exgobernador Darío Fernández. Las seis personas acusadas por cometer este crimen están detenidas en cárceles públicas de Coclé.

Elio Núñez

 

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