Alianza objeta a magistrados

La Alianza Ciudadana Pro Justicia cuestionó que las dos salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que están facultadas para controlar y regular el ejercicio del poder público queden en manos de magistrados cuyos niveles de independencia con el Ejecutivo han sido puestos en tela de duda.

En un comunicado, esta organización planteó que los magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral son quienes están facultados para controlar y regular el ejercicio del poder público, que solo se logra con independencia, imparcialidad y autonomía.

Detalla la agrupación que en diciembre de 2009, bajo un polémico proceso, el Ejecutivo hizo el nombramiento de Alejandro Moncada Luna para el cargo de magistrado de la Sala Tercera de la CSJ, pese a que en aquel momento se cuestionó su participación activa en la campaña de Ricardo Martinelli como candidato presidencial.

Ahora, en 2011, el Ejecutivo resolvió acordar el nombramiento de Luis Ramón Fábrega para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Tercera, quien también es cuestionado por su vinculación directa con el Presidente al ser hermano de la viceministra de la Presidencia, María Fábrega.

“Recapitulando, podemos ver que a partir de enero de 2012 la Sala Tercera quedará integrada por dos magistrados cuyos niveles de independencia del Presidente y del Gabinete han sido puestos en tela de duda por la opinión pública. Lo anterior crea un ambiente de desconfianza en torno a la efectividad de este tribunal de justicia, al cual le corresponde enfrentar las arbitrariedades administrativas en el ejercicio del poder, especialmente del poder ejecutivo, señala el comunicado de la Alianza.

El documento agrega que se nombró como magistrado de la Sala Primera de lo Civil a Hernán De León, quien ejerce el cargo de magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario desde febrero de 2010, un funcionario con mando y jurisdicción del Ejecutivo.