Ayú Prado pide archivar sumarias de Finmeccanica

REACCIÓN. El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino (Izq.), dijo respetar la decisión del procurador, José Ayú Prado (Der.),y que en este caso nunca hubo ilícitos. LA PRENSA

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, solicitó a la Corte Suprema de Justicia el archivo del expediente por las supuestas irregularidades y sobreprecio en la compra de 19 radares por $125 millones a la empresa italiana Selex Sistemi Integrati, filial del conglomerado de ese país Finmeccanica, confirmó el Ministerio Público.

La vista fiscal del caso fue remitida ayer a la Corte, mes y medio después de que Ayú Prado diera inicio a las investigaciones.

En el documento pidió un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal de las sumarias, empezadas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, basado en que no se acreditó la comisión de dicho hecho punible y tampoco se acusó a personas.

El propio Ayú Prado explicó que el expediente fue remitido al pleno de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que sea esa instancia la que decida si se archiva o no, tomando en cuenta que en la denuncia que sirvió para abrir la investigación se mencionó al ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.

Fuentes del Ministerio Público detallaron que las conclusiones del Procurador se basaron en los informes que le remitieron el pasado martes los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad, y Economía y Finanzas, así como la Contraloría.

Sobre estos últimos informes, las fuentes revelaron que entre los documentos remitidos por la Contraloría destaca un certificado de que el Tesoro Nacional no ha girado pago alguno, ni en cheque ni en efectivo ni en transferencia, a la sociedad anónima Agafia Corp., que según su propietario, el argentino Gustavo Franchella, fungió como “agente comercial” entre Selex y el Gobierno y, por ello, recibió en pago una comisión.

“De la lectura del Acuerdo de Entendimiento de la república de Panamá con la república de Italia, se deduce el origen del contrato DA-044-2010 con la compañía Agusta, S.p.A., del contrato DA-043-2010 con la compañía Selex Sistemi Integrati, S.p.A. y del contrato AL-3-82-2010 con la compañía Telespazio Argentina, S.A., este último que no guarda relación con el Ministerio de Seguridad Pública como los dos anteriores, pero todos han sido debidamente fiscalizados por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo que informa con la Nota N° 105-2012-DFG-UCEF del 18 de enero de 2012”, dice un comunicado difundido ayer por el Ministerio Público.

Sin embargo, ni las fuentes ni el comunicado del Ministerio Público ni el Procurador hicieron referencia al supuesto sobrecosto en la compra de los radares, denunciado por sectores de la oposición.

Según esas denuncias, los 19 radares adquiridos por Panamá (que ya están en el país) costaron $125 millones, mientras que los mismos equipos costaron a Yemen y Turquía poco más de $33 millones.

El argumento del Gobierno para justificar esta diferencia de precios se ha referido al hecho de que Panamá pagó hasta por la instalación de los equipos, mientras que los otros países solo por la renovación de los aparatos.

En las sumarias enviadas a la Corte se incluyó el informe de Finmeccanica entregado al Gobierno el 19 de enero pasado, que da fe de la “regularidad y transparencia” de la transacción.

La denuncia que dio paso a la investigación fue presentada el 20 de diciembre de 2011 por Oreste del Río Sandoval, representante de la juventud del opositor Partido Popular, e incluía una petición para que se solicitara a Italia, por la vía de la asistencia judicial, copia de la investigación contra el exconsultor de Finmeccanica Valter Lavítola, acusado de corrupción y quien está prófugo de la justicia.

Sobre esto último, las fuentes precisaron que el Ministerio Público no hizo ningún exhorto judicial internacional en este caso.

Seis días antes de que Del Río presentara la denuncia, Ayú Prado declaró públicamente que para esa fecha no había elementos para dar inicio a una investigación.

Reacciones

Para el diputado del Partido Panameñista Jorge Rosas, uno de los principales críticos del contrato, a simple vista se aprecia que el Ministerio Público hizo una investigación “muy somera” y destinada al archivo.

Rosas admitió no conocer la vista fiscal remitida a la Corte por Ayú Prado, pero se atrevió a decir que por el corto tiempo que duró la investigación, de seguro no incluyó lo necesario.

A su juicio, Ayú Prado debió hacer una investigación sobre los equipos comprados, y pedir a los gobiernos de Turquía y Yemen información sobre los suyos.

Asimismo, haber pedido al CitiBank copia de los contratos para saber exactamente de qué tipo de negociación se trata; e incorporar en el sumario los contratos del financiamiento local.

Además, debió llamar a expertos para que aclararan cualquier duda sobre los radares adquiridos.

Por su parte, la excandidata presidencial Balbina Herrera opinó que la decisión del Ministerio Público “es una vergüenza, que demuestra la inexistencia de independencia de los organismos de administración de justicia”.

Sin embargo, dijo sentirse confiada en que las investigaciones que realiza la Fiscalía de Nápoles, Italia, demostrarán “las graves irregularidades en la firma de los contratos, y así quedarán en evidencia”.

Recordó que el argentino Gustavo Franchella, dueño de Agafia Corp., aceptó haber cobrado 10% de comisión, por lo que “esta decisión deja claro a quién responde el procurador Ayú Prado”.

Oreste Del Río Sandoval, autor de la denuncia, calificó las conclusiones del Ministerio Público como “un insulto a la inteligencia” de todos los ciudadanos.

No obstante, dijo que ya esperaba un resultado similar, basado en la “poca independencia que ha mostrado la Procuraduría de la Nación con respecto a los intereses del Ejecutivo”.

Añadió que el Partido Popular no va a permitir que la denuncia sea archivada y que todas las irregularidades cometidas queden impunes.

“Evaluaremos los recursos legales y vamos a interponerlos ante las instancias correspondientes”, destacó.

En tanto, el exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Abad consideró la decisión del Ministerio Público como “indecente, indignante y esperada”.

Advirtió que tras el regaño público dado por el presidente Martinelli al procurador Ayú Prado el pasado miércoles, este decidió enviar de forma inmediata los expedientes más sensibles con “sobreseimientos descabellados”.

Por parte del Ejecutivo, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo desconocer la decisión del Ministerio Público, pero aseguró que la respeta, y reiteró que en la transacción con Finmeccanica “nunca hubo nada ilegal ni ilícito; todo fue transparente”.

“Nunca he hecho nada ilegal en mi vida”, afirmó.

(Con información de José Otero, Juan Manuel Díaz C. y Rafael Luna Noguera).