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Panorama

contrataciones públicas

Belfon formulará cargos a Portugal

La Procuradora le pide a la Corte Suprema de Justicia una audiencia para imputarle a la defensora del Pueblo delitos contra la administración pública.


20/07/2013 - La procuradora de la Nación, Ana Belfon, solicitó ayer a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una audiencia para formularle cargos por delitos contra la administración pública a la defensora del Pueblo, Patria Portugal, confirmaron fuentes judiciales.

Es el proceso que se le sigue a Portugal por la firma, supuestamente irregular y con sobreprecio, de un contrato suscrito con la empresa Imaginarium Studios, S.A., por $250 mil, para una asesoría en imagen que incluyó el desarrollo de la página web de la entidad.

De acuerdo con las fuentes, el Ministerio Público (MP) remitió la tarde de ayer una nota a la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal, en la que solicitó formalmente fecha para la audiencia de imputación.

En la mañana, la procuradora Belfon informó que su despacho realizaba los trámites pertinentes para pedir la audiencia, aunque no quiso dar detalle de los fundamentos de la imputación a la defensora.

Según Belfon, aunque los contratos firmados por Portugal fueron refrendados por la Contraloría General de la República, hasta ahora no hay ningún elemento en el proceso que conduzca a una eventual acusación contra la titular de ese despacho, Gioconda Torres de Bianchini.

“La investigación se inició por la información que dio la administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, y en función de ella se han estado levantando los elementos necesarios, y llegamos a la conclusión de que vamos a imputarle cargos” [a Portugal] , destacó.

Sobre la noticia publicada ayer por La Prensa, sobre un nuevo contrato con la misma empresa, por $299 mil, Belfon explicó que como el caso se rige por el sistema penal acusatorio, cualquier información que surja debe ser notificada como parte de las evidencias ante el juez de garantías, que en este caso es el magistrado José Ayú Prado.

Portugal, mediante una nota, reiteró que “la Defensoría del Pueblo ha actuado, actúa y actuará en el marco de la ley”.

 

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