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Panorama

se estancan reuniones en la MESA DE ENTENDIMIENTO

Comité reclama más atención del Gobierno

Familiares de las víctimas de la dictadura enviaron una carta de protesta al presidente, Ricardo Martinelli.

26/11/2012 - Transcurridos 30 meses desde la instalación de la mesa de entendimiento entre el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa HG) y representantes del Gobierno, dicha instancia de diálogo y negociación está en total “abandono”.

Así lo denunciaron los familiares de las víctimas de la dictadura en una carta enviada la semana pasada al presidente, Ricardo Martinelli, en la que le solicitaron la reactivación inmediata del foro de discusión para que se haga justicia a las 104 familias cuyos parientes o fueron asesinados por los militares o desaparecieron durante la represión militar entre 1968 y 1989.

De acuerdo con los miembros del comité, el 8 de junio de 2010 se abrió el espacio de diálogo con el Gobierno, pero fue hasta el 30 de diciembre de 2011 cuando el Consejo de Gabinete, a través de la Resolución 499, creó la mesa de entendimiento y, hasta ahora, las conversaciones han sido lentas e infructuosas.

En la misiva se advierte de que el diálogo transcurre sin que se tomen decisiones relacionadas con temas sensibles, como la continuación de las investigaciones y procesos judiciales por las desapariciones y homicidios, la ubicación e identificación de los restos humanos, algunos de los cuales están en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) desde 2002, luego de la culminación del trabajo de la Comisión de la Verdad; y la reparación económica a las familias de las víctimas.

En este mismo sentido, el comité denunció que las reuniones de la mesa no han sido regulares, tal como se había acordado, por la falta de atención por parte de los coordinadores designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El contexto

La vocera del Cofadepa HG, Maritza Maestre, recordó que la mesa de entendimiento fue una iniciativa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el gobierno de Mireya Moscoso, que no se llegó a instalar formalmente en ese período y pasó de largo, completamente ignorada, por la administración del presidente Martín Torrijos.

Aunque reconoció que se instaló en la administración de Ricardo Martinelli, en 30 meses de conversaciones no ha llegado a acuerdos.

“La dictadura militar, que se prolongó desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989, fue un hecho de barbarie, de brutalidad, de persecución, encarcelamiento, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas; de violación de los derechos humanos y de todas las libertades. Fue, en esencia, un acto lesa humanidad”, dijo Maestre.

Sin embargo, expresó que los responsables de los asesinatos y desapariciones, vivos y/o fallecidos, no han sido objeto de juicios “gracias a la impunidad que campea en el país”.

Manifestó que también son víctimas los “familiares que quedaron sin el afecto de padres, hermanos, hijos. Sin un futuro digno al encontrarse absolutamente carentes del sustento económico, viviendo en la dolorosa incertidumbre de no saber siquiera sobre las circunstancias y el lugar de desaparición de sus seres queridos”.

Hasta ahora solo se ha avanzado en el tema relacionado con la toma de muestras de ADN a familiares de los desaparecidos, con el propósito de compararlas con los restos óseos que están en custodia del Imelcf; sin embargo, a pesar de los acuerdos para que un grupo de antropólogos argentinos, promovido por la Cruz Roja Internacional, realizara los correspondientes cotejos, hasta la fecha se ignora el estatus de ese proceso.

El comité, señaló Maestre, no sabe a ciencia cierta si ya se suscribió el contrato con los antropólogos y si finalmente se remitieron las muestras de ADN.

En ese sentido, Maestre recordó que se tenía previsto que peritos argentinos vinieran a Panamá a comienzos del próximo año para hacer las pruebas y, eventualmente, realizar algunas excavaciones en busca de más restos humanos en la isla de Coiba y otros puntos del país, pero hasta ahora no hay una definición en este aspecto.

De hecho, aseguró que esta semana conocieron, por noticias publicadas en las que se cita al fiscal auxiliar de la República, Dimas Guevara, que las muestras fueron enviadas a Argentina para que las pruebas de ADN se lleven a cabo en ese país.

La contraparte

Consultado sobre el eventual fracaso de las discusiones en la mesa de entendimiento, denunciado por los integrantes del Cofadepa HG, el ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux, afirmó que ello no ha sucedido.

Roux admitió, sin embargo, que existen diferencias entre el Gobierno y las familias de las víctimas de la dictadura, que no quiso detallar.

Destacó que una muestra de que el diálogo no ha fracasado es el reciente acuerdo amistoso logrado con la familia de la estudiante chiricana Rita Wald Jaramillo, activa oponente de los tratados canaleros.

Wald Jaramillo desapareció a los 17 años de edad, la tarde del 27 de marzo de 1977, cuando transitaba por galerías Obarrio, en vía España, luego de salir de clases del colegio José Antonio Remón Cantera.

El canciller detalló que este es el primer acuerdo amistoso al que llega el Estado panameño fuera del sistema interamericano de derechos humanos, que incluye, además de una reparación económica por 681 mil dólares, la admisión de la culpa y la solicitud pública de perdón.

Condenas de CIDH aplicadas a Panamá

El 2 de febrero de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado panameño por el caso Baena Ricardo, originado tras la destitución de un grupo de trabajadores del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), obligando a Panamá al pago de más de 21 millones de dólares por violación a los derechos humanos.

El 12 de agosto de 2008, el Estado panameño también fue condenado por violar los derechos humanos de Heliodoro Portugal, padre de la actual defensora del Pueblo, Patria Portugal.

El organismo internacional condenó a Panamá a pagar 256 mil dólares de indemnización por daños materiales, inmateriales y gastos a los familiares de Heliodoro Portugal, desaparecido en 1970 y cuyo restos aparecieron en 1999 en el Cuartel de Los Pumas, en Tocumen.

Además, el Estado panameño fue condenado el 27 de enero de 2009 por interceptar, grabar y divulgar una conversación telefónica del abogado Santander Tristán Donoso.

La CIDH consideró que Panamá violó el derecho a la vida privada, y el derecho al honor y reputación. La sanción fue por 30 mil dólares que debió desembolsar a Tristán Donoso en concepto de daños inmateriales y gastos incurridos. La CIDH declaró responsable a Panamá por la violación de los derechos a la libertad personal y garantías judiciales del ecuatoriano Jesús Vélez Loor, detenido en 2002 por encontrarse indocumentado y sin visa.

El Estado panameño fue obligado a cancelar 59 mil dólares en indemnización. De esa cantidad, 35 mil dólares fueron por ingresos dejados de recibir, asesoría legal, daño inmaterial y gastos médicos para Vélez Loor. El resto se pagó en reembolso al Centro de Justicia y Derecho Internacional por los gastos generados ante las autoridades panameñas.

Los familiares de desaparecidos de la dictadura también presentaron una demanda contra Panamá ante la CIDH.

Juan Manuel Díaz C.


-KAJOL
Hace 2 aos

lo mismo de siempre, el gob no cumple, no habla.
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