Cuestionan decisión

LO QUE SIGUE. Expertos de Colombia y Panamá afirman que el Gobierno debe procesar a Hurtado en el país. LA PRENSA/Archivo

La decisión del Go-bierno de negar ayer la solicitud de extradición de la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia María del Pilar Hurtado, hecha por la administración del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el 9 de diciembre de 2011, generó toda clase de reacciones.

El abogado de la exfuncionaria, Jaime Camacho, dijo a este diario desde Colombia que la decisión del Gobierno panameño era una “decisión esperada”, ya que la “institución del asilo es muy seria y si Panamá lo había concedido a su cliente, no podía fácilmente conceder la extradición”.

En tanto, el senador colombiano Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático, deploró la decisión que, a su juicio, no se basó en razones de derecho internacional, sino en presiones ejercidas por el exmandatario Álvaro Uribe y por los vínculos de este con el presidente, Ricardo Martinelli.

Sin embargo, opinó que “esta situación no será eterna, pues los procesos siguen y aunque hoy [Hurtado] está prófuga, va a tener que responder en algún momento a la justicia, aunque haya que esperar a que un nuevo gobierno panameño, que sí respete la ley internacional, suba al poder”.

Ramiro Bejarano, abogado y columnista del diario El Espectador, apuntó que la decisión panameña, “que pisotea la tradición americana del asilo, es un fraude orquestado entre los gobiernos de Panamá y Colombia, para darle gusto a Uribe y premiar con la impunidad a María del Pilar Hurtado”.

Por su parte, Luis Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, calificó el rechazo de Panamá como “una grave afrenta a la democracia colombiana, a la justicia, a los derechos de las víctimas y a la sociedad colombiana en su conjunto”.

Pérez, quien la semana pasada vino a Panamá junto con el periodista Hollman Morris para entregar a las autoridades pruebas de que Hurtado no es una perseguida política en Colombia, confirmó ayer que ahora, con esta decisión, demandarán a Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo harán el 23 de marzo próximo, cuando se inician las sesiones del organismo.

Pidió que la justicia panameña detenga y procese a Hurtado, ya que, a su juicio, “el asilo no es sinónimo de impunidad”.

Recordó que el artículo 20 del Código Penal de Panamá establece: “También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando: ....4, una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero”.

Precisó que en el Juzgado Decimotercero Penal de Panamá cursa una denuncia contra Hurtado por dos crímenes de lesa humanidad: tortura sicológica y persecución política, contemplados como delitos en el título XV del Código Penal de Panamá.

“Panamá debe investigarla por los delitos por los cuales se le ha negado la extradición, conforme lo establece el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Extradiciones”, apuntó.

En ese mismo criterio coincidió el experto en derecho internacional Julio Berríos, quien explicó que al negar la extradición, el Gobierno debe ahora pedir a las autoridades colombianas copias de los procesos que se le siguen a Hurtado en su país, y si estos delitos se encuentran dentro de la legislación penal panameña, se le debe abrir un proceso.

En tanto, Javier Viques, del Centro de Capacitación Social, dijo que la negativa de la Cancillería permitirá a las víctimas que están en Colombia viajar a Panamá, para pedir el inicio de acciones judiciales.

(Con información de Flor Mizrachi Angel, Juan Manuel Díaz C. y Rafael Luna Noguera).