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Panorama

LAS CORREGIDURÍAS COMO ÁRBITROS EN CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS

En busca de justicia popular

Agresiones físicas, desalojos y pensiones alimenticias son los casos más comunes abordados por los 30 corregidores de Panamá y San Miguelito.

09/12/2012 - Hace dos años, después de separarse de su marido, María Alejandra tuvo que pisar una corregiduría por primera vez en su vida, para reclamar una pensión que le permitiera alimentar a sus dos pequeños hijos.

Fue a la de El Chorrillo y tras conseguir una asignación de 60 dólares mensuales para los dos niños, supuso que no tendría que regresar más nunca a esa institución.

Pero se equivocó. El hombre no solo incumplió con los pagos, sino que comenzó a maltratarla psicológicamente. Le gritaba groserías frente a sus hijos, pues presa de los celos no se resignaba a terminar la relación.

María Alejandra, cuyo verdadero nombre se omitió por petición propia, volvió a la corregiduría y esa vez le dieron una boleta de protección. Pero su exesposo seguía incumpliendo con la pensión y no cesaban los insultos y la persecución.

Aquella situación, cada vez de más tensión, obligó a la muchacha a regresar una tercera vez a la corregiduría, cuyo titular dictó, entonces, una fianza de alejamiento por 350 dólares, que tampoco surtió efecto.

Tras una nueva agresión, María Alejandra pidió ayuda a la Policía Nacional, que, sin embargo poco hizo por ella.

Desesperada volvió al despacho del corregidor, quien en audiencia pública alertó al exesposo para que se alejara y envió el expediente a un juzgado de Familia, donde la joven presentó una denuncia por violencia doméstica e incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia.

Ninguno de los expedientes ha sido resuelto, pero después de que el hombre fuera notificado desistió de su actitud hostil, aunque aún no se hace responsable por la manutención de sus hijos.

En total, María Alejandra fue cuatro veces a la corregiduría en un busca de una justicia que casi no llega.

Su caso es un ejemplo de los muchos que se reportan anualmente en el sistema de justicia administrativa de policía, impartida por corregidores y jueces nocturnos.

EN LA CAPITAL

En el distrito de Panamá hay 21 corregidurías y 2 juzgados nocturnos, pero a partir de 2014, cuando comiencen a funcionar los nuevos corregimientos de Ernesto Córdoba y Alcalde Díaz, este último separado de Las Cumbres, se sumarán 2 nuevos despachos y serán 23.

En San Miguelito, a su vez, hay nueve corregidurías y tres juzgados nocturnos.

Los corregidores están subordinados a las alcaldías; y los juzgados nocturnos, al Ministerio de Gobierno. En el caso de Panamá, ambos juzgados están situados en Calidonia.

Mientras los corregidores laboran de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes; los juzgados nocturnos, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., toda la semana.

En casos especiales que requieran de un corregidor, algunos pueden ser habilitados para trabajar después de las 4:00 p.m., y durante los fines de semana hacen turnos.

De acuerdo con la secretaria judicial de la Alcaldía de Panamá, Yarineth Cárdenas, en ese distrito todos los corregidores son abogados, ya que, según explicó, deben aplicar el Código Judicial y por tanto “deben saber de leyes”.

Sin embargo, el asesor legal de la Alcaldía de San Miguelito, Luis Donadío, explicó que la ley no exige que los corregidores sean abogados, pero en esa jurisdicción solo dos de los nueve corregidores no lo son.

Un corregidor en San Miguelito gana 500 dólares mensuales, mientras que en Panamá su salario es de mil dólares al mes.

AFUERA HAY MÁS CASOS

Los casos que más se atienden en las 30 corregidurías que funcionan en la capital tienen que ver con agresiones físicas, desalojos y con el pago de pensiones alimenticias, dos de las causas que llevaron a María Alejandra a la corregiduría de El Chorrillo.

Ninguno de los dos municipios tiene estadísticas actualizadas, aunque según Cárdenas la cantidad de casos depende del corregimiento, y en el caso de Panamá es el de Las Cumbres-Alcalde Díaz, con una población de 112 mil 710 habitantes el que más casos reporta cada año.

De acuerdo con la funcionaria, el tipo de caso que atiende cada corregidor también se relaciona directamente con el lugar.

En ese sentido, explicó que en Pacora, por ejemplo, se dan más procesos por desalojos, porque hay muchas invasiones de terrenos ajenos; mientras que en El Chorrillo se tramitan más agresiones físicas y disputas entre vecinos.

Detalló, además, que en San Felipe también se registra un importante número de desalojos, debido a que la mayoría de sus antiguos habitantes se ha ido de la zona.

“Hay gran cantidad de gente viviendo en las afueras: en Alcalde Díaz, 24 de Diciembre, Tocumen, Pacora. Se han ido del centro de la ciudad por la construcción de barriadas”, indicó.

En el caso de San Miguelito, la secretaria judicial de la alcaldía, Lineth Justiniani, precisó que las corregidurías atienden sobre todo casos de agresiones físicas y controversias entre vecinos, estas últimas por la ocupación de terrenos.

“Cuando un muro se pasa unos metros al terreno ajeno, parecen casos sencillos, pero son bien complicados. Luego, los vecinos tienen que tumbar el muro y pierden dinero”, explicó.

El asesor legal de la Alcaldía, Luis Donadío, acotó que la población de San Miguelito ronda los 300 mil habitantes y recordó que desde 2000, cuando se crearon los cuatro nuevos corregimientos de Rufina Alfaro, Arnulfo Arias, Omar Torrijos y Belisario Frías, la Alcaldía tuvo que crear la infraestructura y contratar al personal de las nuevas corregidurías con el mismo presupuesto de las otras cinco, estimado en 80 mil dólares anuales.

Señaló que debido al volumen de casos que atendían y dado que solo tenían un solo juzgado nocturno en el corregimiento de Mateo Iturralde, crearon dos nuevos juzgados nocturnos que funcionan en Arnulfo Arias y otro en Belisario Frías.

Críticas al sistema

De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, parte del problema con los corregidores se fundamenta en que sus funciones son reguladas por un código administrativo de 1918, que, a su juicio, no se corresponde con la realidad que vive la sociedad actualmente y desconoce las nuevas corrientes de resolución pacífica de conflictos y de prevención de la violencia.

“El procedimiento en los procesos de policía por faltas administrativas o civiles es represivo y autoritario”, advirtió.

Recordó que entre 2004 y 2007 la organización elaboró un estudio sobre el estado de la justicia administrativa de policía, del cual hay cuatro grandes conclusiones.

Primero, que “la mayoría de los corregidores son destituidos al año de estar en funciones”. Segundo, que “los ciudadanos que acuden a esta justicia no tienen acceso a defensores gratuitos o mediadores”.

Tercero, que “no existe una equiparación del salario de los corregidores [y mientras] en el interior pueden ganar de $100 al mes, en la ciudad pueden devengar $1,500 mensualmente”.

Y cuarto, que “las funciones de los corregidores están dispersas y aunque la mayoría no son abogados tienen la facultad de privar de libertad sin respetar las garantías fundamentales”.

Frente a esa situación, precisó que en 2005 “la Comisión de Estado por la Justicia acordó eliminar la figura de los corregidores y en su lugar crear una jurisdicción de paz, que mejorara la calidad de este serviciopúblico y lograra que los distritos pobres del país tuvieran una mejor calidad de justicia comunitaria”.

Esa nueva justicia, dijo, “pretende desjudicializar los conflictos sociales, priorizar la resolución pacífica de conflictos e involucrar a la comunidad y los municipios en la búsqueda de soluciones a sus problemas”.

Asimismo, “además de enmarcarse en el proceso de descentralización del Estado, esta nueva justicia deja a un lado los formalismos judiciales, el excesivo legalismo y se inclina por la equidad, la mediación y la conciliación”.

La tarea sigue pendiente.

Descargos

En respuesta a esas propuestas, Cárdenas señaló que aunque los corregidores están facultados hoy día para hacer allanamientos, con el sistema penal acusatorio deberán ser autorizados por un juez de garantías, por lo que tendrán que adecuarse a nuevos roles.

“Soy de la idea de que el corregidor no puede desaparecer, porque es la autoridad más inmediata que hay en la comunidad y sacar esa mentalidad de la población es quitarle mucho. Hay que adecuar una ley y nuevas funciones”, señaló.

Por su parte, Justiniani consideró que para convertir a los corregidores en jueces de paz y mediadores hace falta no solo una nueva ley, sino capacitación y cambio de mentalidad de los funcionarios. “Muchos fallan así porque ese es su rol, es su costumbre y eso habría que cambiarlo”, indicó.

A su vez, Donadío aprobó que los corregidores se conviertan en jueces de paz, que sean más conciliadores, porque “lo que atienden son problemas entre vecinos y qué mejor que atender eso buscando la conciliación”.

Informó de que en San Miguelito ya operan dos centros de mediación comunitaria, uno del Órgano Judicial y otro de la Procuraduría de la Administración en convenio con la Alcaldía, para que en vez de acudir a la esfera penal se cita a ambas partes para llegar a un arreglo, lo que ayuda al descongestionamiento judicial.

Donadío también abogó por un cambio a Ley 112 de 1974, que rige la justicia administrativa de policía, y por mejorar la forma en que se escoge a los corregidores.

 

ENFOQUE

Un espacio donde se violan derechos

Ana Matilde Gómez*
[email protected]

OPINIÓN. De acuerdo con varios diagnósticos que se han hecho, incluyendo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, es en las corregidurías donde con mayor frecuencia se violan los derechos humanos de los ciudadanos, principalmente los menos favorecidos, ya que es el primer espacio de justicia que encuentran las personas más humildes para dirimir sus diferencias personales, vecinales y otras.

De hecho, eso es tan así, que una de las primeras decisiones que se tomó a raíz de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado por la Justicia fue la necesidad de atender la exigencia social de transformación de la administración de justicia en general y particularmente la justicia administrativa, y con urgencia la que se imparte en los juzgados nocturnos y corregidurías. No sé qué seguimiento se le dio a esto, pues yo fui sacada del sistema.

*La autora fue procuradora general de la Nación.

 

 

Mediador y conciliador de conflictos

Rolando Botello, corregidor de Belisario Frías, en San Miguelito, tiene dos años de experiencia en el cargo y durante ese tiempo ha tratado, según afirmó, de ser conciliador y mediador en los conflictos que debe atender.

Cuando las personas llegan a su despacho, dijo, trata de darles consejos, sobre todo a las parejas en disputa por pensiones alimenticias.

“Me ha tocado atender situaciones de mujeres que se agreden por hombres, o a hombres que pelean por una mujer. En esos casos, les hago ver a las partes que no vale la pena la disputa y luego de eso les impongo la sanción correspondiente”, contó.

Botello señaló que la idea no es solo imponer la sanción, sino tratar de que los conflictos no vuelvan a repetirse.

Recordó un caso de hace tres semanas, que a su juicio es el común denominador en los casos que atiende en su corregiduría.

Esa vez, un señor acusó a un joven vecino por el hurto de un perro, pero como el animal costaba 350 dólares tuvo que mandar el caso al Ministerio Público, ya que las corregidurías solo pueden atender procesos de hasta 250 dólares.

El acusado, recordó Botello, se puso a llorar como si fuese un niño y el dueño del can decidió retirar la denuncia, porque, según alegó, no quería estar subiendo y bajando escaleras en una fiscalía.

Rubén Polanco


akemi 5
Hace 2 aos

Las corregidoras y los juzgados tienen que atender cantidades de casos de conflictos, riñas, etc.; pero aunque es dura la tarea y tome su tiempo trabajan en las comunidades y eso es lo importante.
Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

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