Entregan pruebas de que Hurtado no era perseguida

OPCIÓN. Luis Pérez (Izq.) y Hollman Morris indicaron que Panamá también puede juzgar a Hurtado. LA PRENSA/Ana Rentería

Una serie de acciones para lograr que el presidente, Ricardo Martinelli, revoque el asilo otorgado en 2010 a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia María del Pilar Hurtado empezaron ayer en Panamá miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el periodista Hollman Morris.

El grupo entregó ayer en la Presidencia y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna (con quien se reunió una hora) documentos que prueban que Hurtado nunca fue perseguida política.

El secretario general de la FIDH, Luis Pérez, detalló que entre esos documentos hay certificados de la Policía Nacional, el ejército y la Fiscalía de Colombia, en los que se acredita que Hurtado nunca presentó una denuncia sobre algún tipo de persecución en su contra.

Dijo que con esos documentos el Gobierno panameño tiene suficientes elementos para revocar el asilo a Hurtado, quien, según advirtió, cometió delitos de lesa humanidad.

Dijo que Martinelli fue engañado cuando el expresidente colombiano Álvaro Uribe le dijo que Hurtado era una perseguida política.

Agregó que esperarán seis meses para ver si el Gobierno panameño toma una decisión o, en caso contrario, presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explicó que, basado en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, Panamá tiene también la alternativa de juzgar a Hurtado por los delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia.

En tanto, el periodista colombiano Hollman Morris dio detalles de las persecuciones, escuchas telefónicas y acusaciones falsas realizadas por funcionarios del DAS a cargo de Hurtado.

Detalló que tales acciones fueron emprendidas por la exfuncionaria luego de recibir órdenes de Uribe, e incluyeron a magistrados de la Corte Suprema colombiana, periodistas (entre estos, él), congresistas y obispos, todos críticos del gobierno.

Denunció que el DAS llegó a convertirse en una amenaza regional, luego de realizar operaciones encubiertas en Venezuela y Ecuador.

Por todas estas acciones, dijo, María del Pilar Hurtado tiene procesos penales en trámite en Colombia, y Panamá está en el perfecto derecho de iniciar procesos penales en su contra.

En este sentido, informó que el magistrado Moncada Luna le confirmó que en entre los miembros del pleno de la Corte circula un proyecto de fallo que resuelve una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de asilo de Hurtado.

A título personal, Morris pidió a Hurtado “que dé la cara y enfrente ante los tribunales todas las acciones ilegales que realizó”.

Por su parte, Javier Víquez, del Centro de Capacitación Social de Panamá, anunció que grupos obreros y de derechos humanos exigirán en las calles de Panamá el arresto de Hurtado.