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Panorama

anomalías en COMPRAS MENORES DE LA CSS

Exigen investigar a Doris Arias

La hoy exsecretaria general de la Caja Doris Arias, y otros altos funcionarios de la entidad deberán responder por acciones irregulares.

Gasto. En 2012, Doris Arias gastó más de 29 mil dólares por la limpieza de ‘15 días’ de la casa que alojará al ‘futuro’ museo de la entidad. LA PRENSA/Arhivo

13/06/2013 - Una denuncia por el supuesto delito contra la administración pública en perjuicio del Estado enfrentan Doris Arias y Olga Araica, secretaria general y ejecutiva III de la Caja de Seguro Social (CSS), respectivamente, ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, luego que una investigación de este medio diera a conocer irregularidades en la contratación de las empresas Auguris Dell´Angelo y Logística de Transporte Nacional (Logitransa).

En solo año y medio, más de 2 millones de dólares le fueron entregados a estas dos compañías cuyos dignatarios tienen estrechos lazos familiares entre sí. Estas empresas pertenecen a Yadira Hawkins y a su hija Ethazel Gómez, que comparten las mismas oficinas, números de teléfono, correos y empleados.

El pasado 17 de mayo, la ahora directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción investigar y llamar a juicio a Arias, Araica y a Alberto Maggiori, director ejecutivo de finanzas de la CSS.

El director de esa entidad, Guillermo Sáez-Llorens, a través de una nota fechada el pasado 25 de marzo, pidió a Benzadón investigar los hechos descritos en La Prensa sobre las irregularidades en la contratación de estas empresas.

HALLAZGOS

En la revisión de los contratos otorgados por Arias y Araica se observa que las empresas Auguris y Logitransa, a pesar de que no ser “idóneas” para hacer labores de construcción y remodelación, fueron contratadas por estas funcionarias, que extendían notas en las que hacían constar haber recibido los trabajos a satisfacción, aunque las obras estaban “sin cumplir”.

Entre las violaciones, menciona la denuncia, se pudo detectar que las empresas de Hawkins y Gómez se dedican al suministro de víveres, perfumes, artículos para el hogar y el servicio de mensajería, pero se les otorgaba trabajos de construcción en la CSS.

“La empresa Auguris no tiene relación contractual ni mucho menos idoneidad para realizar trabajos de ingeniería y arquitectura”, indicó Benzadón en la denuncia.

Añade que Araica autorizó contratos sin tomar en consideración los criterios de selección, “favoreciendo a una empresa que no cumple con algunos de los requisitos importantes”, pero que “no solo ella es responsable de esta adjudicación”, sino también Arias, quien es “la responsable” de las gestiones de Araica.

También se cuestionaron los precios “onerosos” de servicios y trabajos contratados por la entidad de salud en sus agencias administrativas.

Benzadón se pregunta: ¿cómo las funcionarias responsables de las propuestas, que son administrativas, pudieron determinar cuál era el costo promedio de las adecuaciones [sin ser especialistas en la materia]?

La interrogante se debía a que los precios de referencia en la mayoría de los contratos eran menores a 30 mil dólares, monto límite para las contrataciones menores.

“Ambas empresas han sido por dos años las únicas favorecidas por estas compras menores por las señoras Doris Arias y Olga Ariaca”, destaca el documento al que se tuvo acceso.

En la denuncia se incluye a Alberto Maggiori Toledano, quien autorizó a la secretaria general Doris Arias “para desarrollar adecuaciones en diferentes unidades ejecutoras no establecidas en el mandato de las resoluciones emitidas” por el director de la entidad.

Ello trajo como resultado, dice la denuncia, “supuestas irregularidades en los precios y en una continua adjudicación a las empresas” en cuestión.

Sorpresas

Las contrataciones para construcción y remodelación no fueron las únicas cuestionadas. Una revisión en la sala de descanso delsalón de operaciones del Complejo Hospitalario Metropolitano dejó a más de uno sorprendido.

No se hallaron en el lugar ocho sillones de cuerina y siete mesas de centro comprados por más de 29 mil dólares. Tampoco “existe documento de su recepción”, indica la denuncia.

Incumplimiento

La transparencia e imparcialidad, la promoción de las más amplias competencias en las compras y en los contratos, y el precio más favorable para la entidad, que son principios básicos en la ley orgánica de la entidad, quedaron en “duda” en los actos públicos realizados por ambas funcionarias.

Se cuestionó que siempre participan solo las dos empresas, por lo que no podría decirse que hubo competencia para otorgar las contrataciones, dice el documento.

La Autoridad de la Transparencia cuestionó que “existían precios más favorables para el Estado, sin embargo, se le adjudicaba siempre a Logitransa y a Auguris, aunque su precio fuera el más alto”.

“Es claro y evidente que las funcionarias sabían que estas empresas no cumplían con los requisitos del pliego de cargos [condiciones] y que debían de salvaguardar los intereses de los asegurados, rechazando tales propuestas, sin embargo, actuaron contrario” a la ley, advierte la denuncia.

Solicitud especial

Ante los hechos revelados, se pidió al fiscal anticorrupción “investigar” y “llamar a juicio” a ambas funcionarias por ser las “responsables” de confeccionar los pliegos de cargo [condiciones] y luego otorgar las adjudicaciones a las mismas empresas.

Se destaca que las contrataciones no superan los 30 mil dólares y que se les otorgaron contratos aunque estaban “sin cumplir con las condiciones no subsanables”. Ello sin contar que ofrecían “precios elevados”.

Así mismo, la Autoridad cree que deben ser investigados Maggiori Toledano, por autorizar a Arias a tener más manejo económico, y a los directores de Análisis y Responsabilidad institucional; de auditoría interna; el director administrativo y cualquier otro que pudiera ejercer controles y vigilancias que no se realizaron.

“Arias y Araica monopolizan todas las operaciones de la contratación pública, desde la elaboración del pliego de cargos [condiciones] hasta la verificación de la entrega, sin que otro departamento realizara la fiscalización necesaria de ver si cumplían con todos los requerimientos necesarios para el éxito de las compras menores”, se afirmó.

La denuncia pide que se averigüe si entregaron las mercancías y que se evalúen los trabajos de construcción para determinar si los precios ofertados por las empresas eran onerosos.

La verificación de los documentos que hizo en su momento la Secretaría del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción fueron sobre 62 actos públicos, entre 2011 y 2013, con un valor de un millón 533 mil 981 dólares.

Una investigación de este diario reveló que Auguris y Logitransa participaron en más de 65 actos de compras menores y apremiantes simulando ser rivales.

Entre los contratos asignados por Arias, secretaria general de la CSS a esas empresas, al menos cuatro de ellos se adjudicaron en un mismo día, facturando por más de 95 mil dólares en contratos menores. Lo anterior no despertó la sospecha de los funcionarios encargados de la supervisión.

Arias trabajó en el pasado para el Banco Panamericano, S.A. (Panabank), presidido por Guido Martinelli, hasta que en 1995 fue contratada como agente administrativa en la CSS por el entonces director de la entidad, Ricardo Martinelli, hoy presidente de la República.

En la denuncia no se mencionan los cerca de 60 mil dólares que le costó a la CSS un jardín que tiene unas cuantas palmeras, gravilla y unos pocos metros cuadrados de grama, otorgado al Consorcio Palmas Verdes de Panamá (creado en abril de 2011) que es parte de la red de empresas familiares Logitransa y Auguris.

Palmas Verdes también obtuvo un contrato en agosto de 2012, por 29 mil dólares, para darle mantenimiento por “15 días” a un terreno, y limpiar las paredes de una casa que alojaría el “futuro” museo de la CSS, el cual se halla en total abandono.

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