frustración. En San Félix, la gente intentaba comunicarse infructuosamente. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

El presidente, Ricardo Martinelli, denunció ayer que en el área de San Félix los grupos indígenas Ngäbe Buglé, mantienen “secuestradas” a casi 200 personas, entre ellas a extranjeros.

“Están retenidos contra su propia voluntad y eso es inconcebible porque ya no es una protesta pacífica, sino algo que atenta contra la personalidad interna del Estado”, aseguró el mandatario.

Las declaraciones del Presidente se dieron durante su visita ayer a las instalaciones del aeropuerto de Albrook, para inspeccionar la llegada de más de 10 mil libras de productos perecederos procedentes de la provincia de Chiriquí, como una medida para evitar el desabastecimiento de los mercados, debido al cierre de la vía Interamericana por parte de los indígenas.

En la terminal aérea, Martinelli estuvo acompañado del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y del ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano.

FLECHAS Y PIEDRAS

Allí subió al avión de Air Panamá para inspeccionar la mercancía. Luego empezó a cargar cajas y sacos de zanahoria, papa, lechuga, entre otras mercancías.

Martinelli sostuvo que hay una intransigencia por parte de estos grupos originarios. Advirtió que otro problema creado con el cierre de vías es que se han afectado los programas sociales, como el pago de la Red de Oportunidades, “100 a los 70”, porque los funcionarios temen represalias por parte de los indígenas.

“Imagínese que la gente tiene pavor de ir a esos lugares, porque a los helicópteros les tiraban flechas y piedras”, recalcó Martinelli.

SABOTAJE

El Presidente también dijo que le han reportado que grupos indígenas “dañaron” algunas torres, por lo que se cortó la comunicación entre Viguí y Horconcitos.

Mientras, el ministro Mulino aseguró que se trató de un sabotaje. “Tenemos entendido que ha sido por materia de sabotaje de algunas torres [de comunicaciones]”, dijo.

El servicio de comunicación a través de la telefonía móvil en esa área se mantiene suspendido desde la tarde del viernes “por orden de las autoridades competentes”, según información suministrada por el departamento de servicio al cliente de las empresas telefónicas.

De las cuatro operadoras de telefonía móvil del país, Cable & Wireless fue la única que confirmó que “la orden fue recibida ayer (viernes) al final de la tarde”. “El fundamento es una orden girada por la autoridad competente”, informó Abdiel Gutiérrez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cable & Wireless Panamá.

Movistar no hizo comentarios, mientras que Digicel y Claro tampoco contestaron las solicitud para conocer las razones de la suspención.

Este diario pidió a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) la resolución mediante la cual se suspendió el servicio de telefonía móvil en el área donde se mantiene la vía Interamericana bloqueada, pero no fue suministrada.

LA OPOSICIÓN

Los opositores Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Popular (PP) calificaron de “intransigente” al Gobierno, por incumplir los acuerdos con el pueblo Ngäbe Buglé para evitar la explotación minera, y que ha provocado el cierre de la vía Interamericana con el consecuente perjuicio del libre tránsito de personas y el trasiego de productos.

El secretario general del PRD, Mitchell Doens, exigió ayer al Gobierno retirar del debate el proyecto de ley 415 que se discute en la Asamblea Nacional, si no tiene el interés de retomar el artículo 5 del proyecto, tal como exigen los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé.

El dirigente opositor rechazó las acusaciones del Gobierno, que culpó a la oposición de estar tras estas manifestaciones, y señaló que la culpa la tiene el presidente Martinelli, por su avaricia y sus intereses. “Él es quien quiere utilizar la ley y el engaño para tratar de meter estos goles de media cancha, con el fin de explotar cerro Colorado, porque es accionista de Petaquilla Gold”.

Por su parte, el PP en un comunicado mostró su preocupación por el llamado a cierre de vías en otras partes del país, que señalan el posible desborde de esta crisis causada por un gobierno “inepto y codicioso”.

También se pronunció la Comisión Médica Negociadora Nacional en favor de las demandas indígenas, y otras organizaciones como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales.

(Con información de Wilfredo Jordán, Gustavo Aparicio e Irene Hernández).

(Con información de Irene Hernández, Wilfredo Jordan y Gustavo Aparicio)

Insulza pide a indígenas que acepten el diálogo

El secretario general de  la Organización de  Estados Americanos, José Miguel Insulza, les pidió a los dirigentes indígenas   aceptar el diálogo ofrecido por el Gobierno panameño.

“El presidente, Ricardo Martinelli, ha mostrado su disposición a dialogar para evitar mantener una situación de tensión”, declaró el secretario general en un comunicado de la organización, e insistió en la necesidad de abrir “un diálogo respetuoso para lograr la conciliación y la paz que desean y merecen los panameños”.

Insulza llamó a tener conciencia de que “las pérdidas materiales y  económicas, producto de esta situación, lesionan la vida de miles de familias panameñas de todos los niveles, lo que lejos de sustentar una reivindicación social,  podría ocasionar pérdidas irreparables”.

Redacción de La prensa

MP no investigaa ngäbes

A pesar del cierre que durante cinco días mantienen indígenas de la comarca Ngäbe Buglé y las denuncias de “secuestro” hechas por diversas autoridades del Gobierno, el Ministerio Público no ha abierto ningún expediente. Así lo confirmó el procurador, José Ayú Prado. La Fiscalía Auxiliar tampoco mantiene expedientes relacionados con los cierres hechos por los indígenas.

La Ley 14 del 13 de abril de 2010 (conocida como ley carcelazo) aplica penas de seis meses a dos años de prisión para quien mediante el uso de la fuerza impida el libre tránsito vehicular. En el área de conflicto se mantienen funcionarios del Servicio Nacional Fronteras (Senafront) y del Grupo de Apoyo al Servicio (GAS), que se han limitado a vigilar a los manifestantes.

JUAN MANUEL DÍAZ C.

Señales de humo, rabia y otras historias

Eran las 6:40 p.m. del viernes 3 de febrero, cuando misteriosamente los teléfonos celulares de la empresa Digicel perdieron la señal, y a la banda ancha de las televisoras que informaban en directo lo que sucedía, le falló la moderna tecnología.

Una hora más tarde, salió de señal la empresa Movistar y luego de que el Presidente de la República sostuviera una comunicación con la dirigencia por un teléfono de Claro, las señales salieron del sistema en su totalidad y fue imposible enviar información telefónica.

También a los dirigentes indígenas, que se comunicaban con los diferentes frentes por esa vía, se les bloqueó toda comunicación. Mártir Montenegro, un residente en San Félix, que no tiene nada que ver con el paro, dijo que se atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos, ya que no pueden moverse por carretera y ahora les impiden la comunicación.

El viejo teléfono público, que casi nadie miraba en la esquina diagonal al estamento de la Policía en San Félix, y el teléfono público en el cuarto de urgencias del hospital general de San Félix son los únicos canales de comunicación con el resto del país. Mientras que en una sola esquina del pueblo, muchos se las ingenian para buscar señal de celular, porque aparentemente por allí quedó una ventana abierta que permite comunicarse de forma muy débil.

FLOR BOCHAREL