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Panorama

gobernante DIVULGA DATOS DELICADOS DE DIPUTADO OPOSITOR

Información sensible en Twitter

Abogados sostienen que el mandatario Ricardo Martinelli utiliza comunicación sensitiva que llega a sus manos, por ser Presidente, para atacar políticamente a sus adversarios. Advierten de que incumple normas constitucionales.

Yassir Purcait LA PRENSA/Archivo

16/07/2013 - El presidente, Ricardo Martinelli, utilizó a través de Twitter información sensible para desacreditar al diputado perredista Yassir Purcait, uno de sus rivales políticos.

El domingo, el mandatario escribió: “No entiendo odio de Purcait a mí si hace 3 años le salvé la vida cuando su chofer le iba a robar y matar por $400000 que tenia el en su carro” [sic].

A ese mensaje el diputado contestó –también por Twitter– que con ese episodio, que según dijo nunca ocurrió, el Presidente trató de amedrentarlo e intimidarlo; que su chofer es un “pan de Dios” a quien conoce desde hace 22 años, que $400 mil es mucha plata y que, como su familia no cuenta con la protección que tiene la suya, lo responsabiliza por cualquier plagio.

El Presidente divulgó ese mensaje justo después de la participación del diputado en un programa televisivo en el que lo cuestionó por escándalos en los que él es señalado, como el de Finmeccanica y el de Financial Pacific. En este último tema Purcait trajo a colación la desaparición de Vernon Ramos, subdirector de Análisis Financiero de la Dirección de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores, quien formaba parte del equipo investigador de esa entidad en el escándalo de Financial Pacific (FP).

Pero el intercambio entre Martinelli y Purcait no acabó el domingo. Ayer, el Presidente volvió a escribir: “Que tiene que ver Martín López en el caso Purcait? Los Pueblos?” [sic].

HISTORIA DE VIEJA DATA

El 1 de noviembre de 2011, cuando ya se había consumado su venta y uno de sus accionistas era el presidente Martinelli, el diario Panamá América reportó, citando a un supuesto miembro de inteligencia del Estado, que en noviembre de 2010 Purcait estuvo a punto de caer en una trampa de quienes querían “tumbarle” $250 mil en efectivo que retiraría en el centro comercial Los Pueblos de las empresas de Martín López, que opera con el desaparecido Fondo de Inversión Social, hoy Programa de Ayuda Nacional, y que fueron relacionadas con el desfalco millonario por supuestas compras ficticias.

Según la noticia, dos de los delincuentes eran monitoreados por otro caso, lo que permitió frustrar el delito. Pero el hecho no se judicializó.

En esa nota, Purcait dijo que, por intermediación del diputado oficialista José Muñoz, Martinelli le mostró un audio en el que se planeaba seguirlo e interceptarlo y que, aunque le agradeció el gesto, pensó que el Presidente se enorgullecía de su capacidad para intervenir conversaciones y que le pareció que se trataba de un “montaje” para intimidarlo.

Pero en ese reporte noticioso, Muñoz dijo que, tras oír la grabación, Purcait le agradeció al Presidente por “salvarle la vida” y prometió “no meterse con él”.

El Ministerio Público informó ayer de que no existen investigaciones de ese caso.

HABLA PURCAIT

Ayer, Purcait negó el incidente a este diario. Dijo que nunca tuvo $400 mil en su carro, que su chofer no le robaría y que todo lo que escribió el Presidente es falso.

Negó tener relación con Martín López, aseguró que jamás ha recibido un favor del Presidente y que no conoce de procesos legales en su contra.

Sin embargo, no contestó si sostiene la opinión publicada por Panamá América de que se trataba de un montaje para intimidarlo. Tampoco respondió si su decisión de no buscar la reelección como diputado obedece o tiene relación con este incidente.

Este diario le envió un cuestionario al Presidente para conocer su versión, pero no lo respondió.

ADVERTENCIA DADA

El 25 de diciembre de 2010 el diario español El País publicó cables diplomáticos divulgados por Wikileaks en los que se reveló que, en julio de 2009, Martinelli pidió ayuda a la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá Barbara Stephenson para intervenciones telefónicas, sin especificar si las quería para identificar objetivos de seguridad o enemigos políticos.

Ante eso, Stephenson incluyó en su informe secreto su molestia por la intención del mandatario de usar la infraestructura de estamentos estadounidenses para espiar a rivales políticos: “Su tendencia al acoso y al chantaje puede haberle llevado al estrellato en el mundo de los supermercados, pero es poco propio de un estadista”, escribió la diplomática.

ENTRE LA LEY Y LA MORAL

Los mensajes del Presidente obedecen, según la abogada y exprocuradora Ana Matilde Gómez, a la personalidad de Martinelli, “que no tiene la capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto y toda información que llega a sus manos la utiliza sin filtros en su provecho cuando quiere o piensa que tiene que golpear públicamente a alguien”.

Gómez sostiene que el tema es “definitivamente más ético que legal, aun cuando en el Código Penal hay una norma referente a la inviolabilidad del secreto”.

Esa norma –contenida en el artículo 164 del Código Penal– se refiere a la información y divulgación, o uso con provecho, de información que se obtiene producto del trabajo o posición que se ocupa. Eso tiene una pena de prisión de hasta cuatro años, y si se trata de un funcionario, la pena puede aumentar hasta en una sexta parte.

Sin embargo, el artículo 191 de la Constitución dice que el Presidente y el Vicepresidente solo son responsables por los siguientes delitos en el ejercicio de sus funciones: extralimitación de sus funciones constitucionales, actos de violencia en el curso del proceso electoral, por impedir que la Asamblea Nacional se reúna, por obstaculizar el ejercicio de las funciones de las autoridades públicas o por delitos contra la administración pública o la personalidad internacional del Estado.

Eso, explica Gómez, “pone un freno en materia de interpretación, ya que será muy difícil que con la mayoría comprada que tiene en la Asamblea Nacional y la mayoría controlada que tiene en la Corte Suprema se le haga algo al respecto”.

Pero para el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, ese es un juicio de valor que no excluye la comisión del delito que el Presidente comete al divulgar información de un expediente.

“Él no puede revelar información sobre el contenido de un expediente del cual no es parte. Y menos siendo el jefe del Ejecutivo: es una intervención directa en otro órgano del Estado, viola la separación de poderes y el principio del debido proceso y el de presunción de inocencia, establecidos en la Constitución. Ningún artículo de la Constitución lo ampara para hacer lo que está haciendo”. Bernal se refiere al artículo 32 de la Constitución, que dice que “nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales”.

La semana pasada, el 9 de julio de 2013, Martinelli reveló detalles contenidos en el expediente del proceso que siguió el Ministerio Público a Mayte Pellegrini, principal acusada de fraude en perjuicio de FP.

“Sencillamente a ella le han encontrado millones de dólares en el Ministerio Público”, manifestó Martinelli, a quien Pellegrini vinculó a la cuenta de FP High Spirit, con la que supuestamente se manipuló el mercado accionario.

A juicio de Gómez, el Presidente siempre hace alarde “de su pobre buen juicio o ausencia de buen juicio para manejarse con el poder que tiene la investidura de su cargo, ya que toda información privilegiada que obtiene por razón del cargo la maneja como bochinche”.

En eso último coincide el abogado Ebrahim Asvat, para quien el Presidente busca “neutralizar a la contraparte con presunciones. La idea es que todo el mundo esté quieto en su lugar”.

A nivel legal, sostiene, “los bochinches de patio no tienen ninguna incidencia. Si él tiene algo que constituya delito debe interponer la denuncia, pero aquí lo que hay es solo morbo de maleante”.

El Presidente, indica el abogado Ramón Ricardo Arias, parece olvidar que como funcionario debe denunciar al Ministerio Público un delito apenas tenga conocimiento de ello, “no guardárselo para cuando le convenga ponerse en dimes y diretes con diputados opositores”.

Para Arias, de estos mensajes surgen varias preguntas: ¿Cómo conoce el Presidente de los pormenores de un asunto criminal que presumiblemente atenta contra la integridad de un diputado de oposición? Si conocía de esto antes, ¿por qué no lo denunció en su momento? ¿Por qué espera hasta el momento de entrar en una disputa con el mencionado diputado para denunciarlo por un medio social y no ante las autoridades competentes?

Por su parte, el abogado Edgardo Molino Mola hace alusión al artículo 18 del código de los funcionarios, que dice que “el servidor público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa”.

RETÓRICA INOPORTUNA

El recién electo presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, sostuvo que el mensaje enviado por Martinelli sobre una “situación personal” de Purcait merece rechazo y condena.

Dijo que si Martinelli tiene información sobre un delito “debió ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales”.

Según Álvarez, es “difícil saber dónde está el límite de las informaciones que obtiene el señor Presidente, si son de la vida privada de las personas o son de la esfera de seguridad nacional. Ya corresponderá en un futuro a una autoridad competente investigar a los que hoy son miembros de los estamentos de seguridad y hacerlos pagar por cualquier delito que hayan cometido”.

En tanto, para César Ruiloba, presidente saliente del Colegio Nacional de Abogados, el intercambio entre Martinelli y Purcait es una “dialéctica sin sentido y contraproducente para los intereses nacionales”, que no guarda sentido “con la solución de las profundas contradicciones que existen en el país, como la pésima distribución de la riqueza, agua, costo de la vida, etc.”.

“La tensión que genera esta comunicación entre dos altos actores de la vida nacional hace que nuestro pueblo se constituya en el principal perdedor, cuando no encuentra en sus líderes políticos y sociales la medida y la templanza para dirigir la riendas de la sociedad. Hay un pueblo que aguarda estoicamente para que por medio del discurso y la acción política proactiva se resuelvan sus necesidades básicas”, piensa Ruiloba, y recuerda que “la delegación de la soberanía popular dentro de un régimen democrático no constituye un cheque en blanco para los que nos gobiernan”.

 

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