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Panorama

DERECHOS. SENTENCIA DE CORTE INTERAMERICANA.

Justicia para El Mozote

En 1981, cientos de campesinos fueron asesinados por miembros del Ejército salvadoreño. Hace pocos días, la Corte fijó responsabilidades.

19/12/2012 - Alma Guillermoprieto lo contó todo en 1981. Fue hasta el caserío de El Mozote, en El Salvador, y constató –por el “olor dulzón y nauseabundo” y los cuerpos en descomposición dispuestos en cualquier parte– que en ese pueblo había ocurrido una masacre.

Con la ayuda de la guerrilla se encontró con Rufina Amaya, una sobreviviente. “Me contó que en la tarde del 11 de diciembre, las tropas de la Brigada Atlacátl habían llegado a El Mozote... Narró que los soldados habían sacado a todo el mundo de sus casas y los habían hecho esperar... Se llevaron nuestro dinero, esculcaron las casas, se comieron nuestra comida...”.

Las familias pensaron que sería todo, pero fue al día siguiente, en la madrugada, cuando se convirtieron en historia, sin querer serlo.

Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su sentencia del 25 de octubre de 2012, en la que establece que la república de El Salvador es responsable por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres perpetradas del 11 al 13 de diciembre de 1981.

La Corte habla en plural porque no solo fue El Mozote: los soldados también aplicaron su política de “tierra arrasada” en los cantones de la Joya, Cerro Pando y los caseríos de Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo.

La masacre de El Mozote fue incluida en el informe que la Comisión de la Verdad de El Salvador publicó en 1993, “como un caso ilustrativo de las masacres de campesinos cometidas por la fuerza armada”.

La paz apenas se había firmado en 1992. Y cinco días después de la presentación del informe, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó una norma, la “Ley de amnistía general para la consolidación de la paz”, con la cual todos los posibles responsables lograron impunidad.

La matanza empezó con los hombres. “Los soldados no tenían rabia. Se limitaron a cumplir las órdenes del teniente”, contó Amaya. “Cerca del mediodía empezaron con las mujeres. Cuando me llegó el turno, me escondí detrás de un árbol y me encaramé”, expresó.

Desde ese árbol, Amaya escuchó a los soldados gritar y a los niños llorar. “Oía a mis propios hijos... Más tarde, por la noche, el teniente ordenó a los soldados que quemaran los cuerpos”, escribió Guillermoprieto.

La Corte ordenó al Estado salvadoreño una indemnización de 35 mil dólares para cada una de las 440 víctimas confirmadas (aunque se denuncia la muerte de más de mil personas), 20 mil dólares para cada uno de los 48 sobrevivientes acreditados y 10 mil dólares para cada uno de los 124 familiares de las víctimas.

Más allá de la reparación monetaria, la CIDH estableció que el poder estatal no solo utilizó sus medios para violar derechos, sino que promovió “una situación de impunidad propiciada y tolerada por las más altas autoridades estatales”, por lo que pide remover todos los obstáculos que la propician y la mantienen vigente.

Truco viejo: la desacreditación

Cuando la masacre de El Mozote se conoció, el Gobierno salvadoreño se apresuró a negarla.

En declaraciones dadas a Alma Guillermoprieto, el embajador de El Salvador en Washington de ese entonces, Ernesto Rivas Gallont, rechazó “enfáticamente la afirmación de que el ejército salvadoreño haya matado mujeres y niños”. “Este tipo de actuación no está de acuerdo con la filosofía de las instituciones armadas”, agregó.

Como suele ocurrir en el mundo político, Rivas no solo negó la matanza sino que afirmó que tales publicaciones no eran sino un intento para “desacreditar” a las fuerzas armadas.

Miembros del batallón Atlacatl, responsables de la masacre, fueron los mismos que en noviembre de 1989 entraron a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesinaron a seis padres jesuitas y a dos mujeres.

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

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