19/12/2012 - Una nueva demanda de nulidad fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución 953-AL y el contrato 4011 de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que adjudicó a la empresa Traffic Safety Panamá, S.A. la concesión de la operación de cámaras de videovigilancia para la emisión de multas por infracciones viales.
La demanda fue presentada el 13 de noviembre pasado por el abogado Víctor Martínez, quien alega que el contrato -refrendado por la Contraloría el 24 de noviembre de 2011- viola el artículo 2 de la Ley No. 52 de 2005, según el cual la concesionaria realizará una actividad por su cuenta y riesgo a cambio de una retribución, que puede ser mediante el cobro de tarifas por el servicio prestado, y fiscalizada por la entidad cesionaria.
Sin embargo, según el contrato, Traffic Safety Panamá, S.A. no cobra, sino que la ATTT le da un porcentaje de las multas.
La demanda quedó radicada en el despacho del magistrado Alejandro Moncada.
La Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos también demandó la ilegalidad de este contrato.
El 28 de agosto, Moncada no admitió una primera demanda de nulidad presentada por Martínez.
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