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Panorama

escandalosas contrataciones de la defensoría del pueblo

Patria Portugal, acorralada

La Procuradora pidió una audiencia para formularle cargos a la Defensora y esta también debe comparecer otra vez ante la Asamblea.

CARGO. Patria Portugal, que asumió como defensora del Pueblo en abril de 2011, aseguró en aquel entonces que iba a ‘poner orden en la casa’ y prometió defender los derechos humanos de los ciudadanos. LA PRENSA/Archivo

20/07/2013 - Desde ahora, la suerte de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, está en manos de la justicia y del Legislativo.

Por un lado el Ministerio Público (MP), por medio de Ana Belfon, procuradora de la Nación, solicitó ayer a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una audiencia para imputarle cargos a Portugal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

“La investigación se inició por la información que dio la administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, y en función de ella se han estado levantando los elementos necesarios, y llegamos a la conclusión que vamos a imputarle cargos” a Patria Portugal, destacó ayer Belfon.

En el otro frente, la próxima semana la defensora del Pueblo se enfrentará por segunda vez, en menos de 15 días, a la Asamblea Nacional. Esta vez deberá comparecer ante la Comisión de Credenciales.

En su primera interpelación, el pasado 11 de julio, Portugal defendió los dos contratos por $450 mil con los que benefició en 2012 a dos empresas de una misma familia.

En marzo del año pasado, Portugal contrató por $250 mil a Imaginarium Studio, S.A., propiedad de Jean Paul Ortega Ramírez, por una asesoría para cambiar la imagen de la Defensoría, que incluía el desarrollo de una página web.

Menos de cinco meses después, en agosto, contrató a la empresa En Avant, S.A., propiedad de la madre de Ortega, Jazmine Ramírez, a la que le pagó $200 mil por una consultoría para el mejoramiento de la atención al usuario en la Defensoría del Pueblo. En este último acuerdo, Ramírez subcontrató a una persona para realizar las tareas estipuladas por $6 mil.

En la presentación agendada para la próxima semana, la defensora del Pueblo deberá también justificar el contrato 11-2013, en el que pactó por $299 mil con Imaginarium Studio, S.A. para un seguimiento del trabajo que realizó en 2012. Sin embargo, en mayo pasado, apenas unos días antes de que este medio revelara el primer contrato con Ortega, Portugal canceló la negociación a pesar de tener ya la aprobación de la contralora, Gioconda Torres de Bianchini.

PORTUGAL SE CONTRADICE

Luego que La Prensa revelara ayer la última operación entre Imaginarium Studio, S.A. y la Defensoría del Pueblo, por $299 mil, Portugal envió un comunicado confirmando el citado contrato y su posterior cancelación.

“Dicho contrato jamás tuvo vida jurídica, por lo que no se realizaron desembolsos de los fondos del Estado”, sostuvo la defensora.

Además, Portugal aduce que la cancelación del nuevo acuerdo obedeció a que “luego de un análisis del Despacho Superior y su equipo de trabajo (...) se llegó a la conclusión que el Recurso Humano de la institución estaba en capacidad de darle seguimiento al trabajo realizado por la consultora”.

Sin embargo, en la carta que Portugal le envió a Ortega Ramírez a principios de mayo pasado, e identificada con el número 62-2013, la defensora señaló que se hizo imposible ejecutar el contrato “toda vez que el actual edificio que estamos ocupando es más grande, implica gastos operativos mayores, aunado a otras prioridades que han surgido”.

En su nota “aclaratoria”, Portugal aseguró que “en la Defensoría del Pueblo no escondemos información, ni mentimos. Estamos abiertos a compartir con la ciudadanía los datos que sean necesarios para satisfacer inquietudes genuinas sobre el manejo eficiente y honesto de los fondos públicos (...). Toda la documentación sobre contrataciones públicas se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes”, sostuvo.

Sin embargo, Benzadón explicó ayer que, a pesar de la inspección [en mayo pasado] que realizó la Autoridad de Transparencia en la Defensoría sobre los vínculos entre esta institución e Imaginarium Studio, S.A., ningún funcionario le comunicó sobre la existencia de un acuerdo cancelado.

“Me enteré de eso hoy [ayer] en La Prensa. En ningún momento se nos dijo que hubo un contrato cancelado con esa empresa”, indicó Benzadón.

Este medio contactó ayer por segunda vez a la Contraloría para obtener copia del contrato por $299 mil. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

´UNA FALTA GRAVE´

Para el diputado de CD José Muñoz, que Portugal no revelara haber contratado este año nuevamente a la familia Ramírez por $299 mil genera rechazo.

“Ocultar acciones que se hayan tomado es un elemento muy grave. Vamos a esperar que sea citada la próxima semana por la Comisión de Credenciales y tenga que responder el porqué ocultó esa información”, afirmó Muñoz, quien añadió que para poder separar del cargo a Portugal necesitan un consenso con las bancadas de oposición.

Según el artículo 129 de la Constitución, el titular de la Defensoría del Pueblo podrá ser removido de su cargo por la Asamblea Nacional con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros. En estos momentos, el voto de 47 de los 71 diputados del Legislativo serían suficientes para destituirla.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila, que es miembro de la Comisión de Credenciales, señaló que la bancada oficialista tendrá la mayor responsabilidad para decidir qué hacer con Portugal.

“La remoción de ella va a depender de la mayoría oficialista. Nosotros vamos a fiscalizar que se haga lo que se tenga que hacer”, sostuvo Ávila, que fue uno de los diputados que más cuestionó a Portugal durante su presentación en el Palacio Legislativo el pasado 11 de julio.

En tanto, el panameñista Adolfo Valderrama tildó a Portugal de “mentirosa”, y aseguró que debe sufrir las consecuencias del mal manejo del dinero estatal. “Más rápido se agarra a un mentiroso que a un cojo: la verdad siempre sale a relucir. Al final, quien no maneje los fondos del Estado poniendo al pueblo primero, debe sufrir las consecuencias”, consideró Valderrama.

´CON LOS DÍAS CONTADOS´

Por otro lado, Guido Rodríguez, exdefensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, apuntó que el comportamiento de Portugal ya definió su fortuna.

“Su presencia allí es insostenible. Hay un mal manejo evidente, y será muy difícil que pueda justificar esas contrataciones, tanto las otorgadas como las pretendidas”, dijo Rodríguez.

“Llama la atención de esta última revelación que es evidente que, más que satisfacer una necesidad, se buscaba evadir el control del Consejo Económico Nacional (Cena)”, añadió.

Según la Ley 22 de Contrataciones Públicas, las entidades públicas pueden contratar de forma directa, y sin la fiscalización del Cena, hasta $300 mil. Es decir, el último contrato de Portugal con Imaginarium Studio, S.A. fue apenas mil dólares menos del límite que le permite esa ley.

“La defensora tiene los días contados. No puede quedarse allí. Patria Portugal perdió su credibilidad”, agregó Rodríguez.

Además, advirtió que a pesar de una eventual separación de Portugal del cargo, la investigación que realiza el Ministerio Público debe continuar. “No puede ser que con la salida de la persona del cargo se pretenda echar agua sobre temas administrativos o judiciales. Es lo mínimo que espera la ciudadanía”.

Debe explicar

En tanto, representantes de la sociedad civil también se manifestaron en contra de los criterios de Portugal para efectuar contrataciones con los fondos estatales.

“Este nuevo hallazgo debe ser explicado, tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Contraloría General”, indicó Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional capítulo Panamá.

Además, Gasnell solicitó una revisión de las libertades que permite la Ley 22 a los funcionarios para efectuar contrataciones.

Por su lado, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal aseguró que Portugal debe terminar su gestión cuanto antes, ya sea por voluntad o por obligación.

“Se confirma que el comportamiento de Portugal no corresponde al de una defensora del Pueblo, y al querer ocultar información no solo comete un delito adicional, sino que es una falta grave con la responsabilidad que ella tiene. Ya va siendo hora de que renuncie, o que la renuncien”, dijo Bernal.

 

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