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Panorama

EL ESCÁNDALO DE FINANCIAL PACIFIC

Pellegrini denuncia torturas

El director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, negó las acusaciones, pero aceptó que le han impuesto medidas disciplinarias.

ACCIÓN. Zulay Rodríguez, abogada de Mayte Pellegrini, pidió que se investigue a tres funcionarios. LA PRENSA/Archivo

12/07/2013 - Mayte Pellegrini, acusada junto con otras 12 personas por la supuesta comisión de delitos financieros en la casa de valores Financial Pacific (FP), denunció ayer ante el Ministerio Público (MP) ser víctima de torturas y pidió una investigación formal al respecto.

En la denuncia, presentada ayer por su abogada Zulay Rodríguez, Pellegrini también destacó que en el Centro Femenino de Rehabilitación, donde está presa, corren rumores de que personas (que no identificó) ofrecieron una recompensa de 8 mil dólares a quien le haga daño.

Asimismo, reiteró que está aislada, sin derecho a ser visitada, y que ello ocurre desde que dio declaraciones a TVN, Telemetro, La Prensa y La Estrella.

En dichas revelaciones, Pellegrini afirmó que fue coaccionada para que el 26 de diciembre de 2012 se retractara de las declaraciones que previamente había dado y en las que vinculaba al presidente, Ricardo Martinelli, con el escándalo de FP.

En la denuncia de ayer pidió que se investigue al director de Sistema Penitenciario, Ángel Calderón; al juez segundo penal, Johann Barrios; y al fiscal decimotercero de circuito, Julio Laffaurie, todos por violación de derechos humanos.

Acusó a Calderón de someterla a una permanente persecución, con requisas y aislamientos prolongados.

Recordó que con la excusa de un supuesto plan de fuga, Calderón suspendió su traslado a la fiscalía el 26 de marzo pasado, cuando pretendía ampliar su indagatoria y exponer la coacción de la cual afirma fue objeto.

Denunció que como consecuencia de ello el expediente fue enviado al juzgado con una solicitud de juicio para ella, sin que se considerase su declaración.

Según Pellegrini, Calderón, Laffaurie y Barrios incurren en delitos contra la libertad individual al someterla a castigos indebidos que afectan su salud y dignidad, como lo indica el artículo 154 del Código Penal, que, de paso, contempla penas de hasta ocho años de cárcel si las vejaciones consisten en “torturas, castigos infamantes, vejación o medidas arbitrarias”.

Asimismo, dijo que incurren en el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, tipificado en el artículo 351 del Código Penal, que dice: “el servidor público, que abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal, será sancionado con pena de uno a dos años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.

Más allá, el abogado Donaldo Sousa, de la Asamblea Ciudadana, denunció que el caso de Pellegrini demuestra una clara violación de derechos humanos. “Ninguna persona debe ser sometida a torturas o tratos degradantes, aun cuando esté detenida”, indicó el jurista, citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

Con respecto a la actuación del juez, Pellegrini aseguró que este usó un argumento falso para negarle un incidente de controversia con el que su defensa atacaba la decisión del fiscal de rechazarle la prática de 22 pruebas, entre estas la ampliación de su indagatoria.

Según Pellegrini, es falso que dicho recurso haya sido presentado después de que Laffaurie remitiera la vista fiscal del proceso, como alegó Barrios en su fallo.

Detalló que el recurso fue interpuesto el 19 de abril y la vista fiscal entró al juzgado el 22 del mismo mes.

Además de la denuncia penal de ayer, Pellegrini presentó contra Barrios una queja, una recusación y un incidente de controversia, los tres en jurisdicción del Segundo Tribunal Superior.

Consultado sobre los señalamientos de Pellegrini, el fiscal Laffaurie contestó, a través de la oficina de prensa del Ministerio Público, que no ha sido notificado de la denuncia en su contra.

Este diario pidió un comentario del juez Barrios a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial. Sin embargo, al cierre de esta edición no había dado una respuesta.

A su vez, Calderón negó que se le estén violando los derechos humanos a Pellegrini, pero aceptó que le han aplicado sanciones disciplinarias por violar los reglamentos del reclusorio.

Afirmó que no se le ha limitado el derecho a la alimentación ni la asistencia de sus abogados.

Procuradora Belfon justifica a Martinelli

La procuradora de la Nación, Ana Belfon, defendió ayer al presidente de la República, Ricardo Martinelli, y afirmó que la información que el mandatario ha divulgado públicamente sobre el caso del supuesto desfalco en la casa de valores Financial Pacific (FP) es la que ha también ha sido publicada por los medios de comunicación social.

De acuerdo con Belfon, para nadie en el país es desconocida la “profusa difusión de información” inherente a este proceso.

“Lo que él [Martinelli] conoce es lo que conocemos todos a través de los medios de comunicación”, afirmó.

En declaraciones a TVN, la Procuradora aclaró que dicha información no ha sido filtrada ni por el Juzgado Segundo de lo Penal, que conoce la causa, ni por el Ministerio Público, y en ese sentido hizo un llamado a las partes de este y de otros casos, para que no lleven “procesos paralelos” en los periódicos, televisoras o emisoras de radio.

A su juicio, esta práctica no solo se constituye en una falta de carácter ético, sino que además viola el principio de presunción de inocencia.

Martinelli declaró el pasado martes que en las investigaciones del caso FP se le habían “encontrado millones de dólares” a Mayte Pellegrini, una de los 12 acusados.

Sin embargo, ese dato no había trascendido ni se había publicado previamente en los medios de comunicación que han divulgado detalles del escándalo de FP.

Juan Manuel Díaz C.

 

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