Suárez niega información pública sobre la cinta costera

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha vuelto a incumplir la ley de transparencia, al negarse ­nuevamente­ a entregar información sobre la cinta costera.

El despacho que dirige Federico José Suárez no ha atendido una solicitud de información pública que le dirigió el 4 de agosto de 2011 el entonces director de La Prensa, Fernando Berguido, “luego de varias solicitudes sin respuesta por nuestros periodistas”, para conocer el desglose de costos y diseños de la tercera fase de la cinta costera.

La Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”) señala que las instituciones tienen 30 días para proporcionar formalmente la información requerida, es decir, que Suárez tenía hasta el 4 de septiembre de 2011 para contestar la solicitud de La Prensa. No lo ha hecho aún. Tampoco ha atendido a los periodistas de este diario que en repetidas oportunidades le han solicitado esa misma información por correo electrónico, vía telefónica o personalmente.

La Ley 6 de 2002 señala que toda persona tiene derecho a pedir “sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna”, la información que esté en poder de las autoridades.

El secretismo de Suárez persiste, pese a que la obra fue adjudicada desde marzo pasado a la constructora de capital brasileño Norberto Odebrecht y a que ya se han elaborado tres estudios de impacto ambiental (EIA) sobre diferentes componentes del proyecto: el rompeolas “turístico”, la “nueva” Avenida de los Poetas y, por último, la interconexión de Los Poetas con la Avenida Balboa. Incluso, el MOP destinó más de un cuarto de millón de dólares para contratar ­de manera directa­ a la consultora Cinco Sentidos Productions, para que se encargue de divulgar el plan de reordenamiento vial, que incluye la cinta costera.

En su carta a Suárez, Berguido solicitó copia del contrato por $776.9 millones pactado con Norberto Odebrecht; las alternativas presentadas por la constructora; el desglose de los costos, y ubicación exacta de las obras y posibles rellenos. (Ver recuadro).

También se requirió una comparación de los costos entre las tres alternativas de interconexión vial: túnel, relleno o viaducto marino.

El MOP licitó el túnel y la experiencia previa en este tipo de obras subterráneas fue clave para la precalificación de los contratistas. Luego de adjudicada la obra, y sin que aún se sepan los costos ni razones, el Gobierno parece adelantar un viaducto dado que así consta en uno de los EIA entregados en diciembre pasado a la Autoridad Nacional del Ambiente.

No se ha informado por qué esta alternativa es la más conveniente ni por qué se ignoró un compromiso adquirido hace seis meses con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) de suspender la obra hasta que un panel internacional de expertos examinara las opciones del túnel, relleno y viaducto.

Reincidencia

No es la primera vez que el MOP ­bajo distintas administraciones gubernamentales­ se resiste a entregar información pública sobre la cinta costera a La Prensa.

Cuando el gobierno de Martín Torrijos anunció que se rellenarían 35 hectáreas en Avenida Balboa, el MOP ­entonces dirigido por Benjamín Colamarco­ evitó entregar los planos, por lo que este diario presentó un hábeas data contra el ministro ante la Corte Suprema, el 6 de agosto de 2008.

En aquella época, el hoy presidente, Ricardo Martinelli ­que entonces buscaba votos como candidato de Cambio Democrático­, expresó su preocupación por la falta de transparencia del proyecto y se solidarizó con La Prensa en su esfuerzo por obtener la información pública.

Finalmente el MOP entregó información confusa, obsoleta y desactualizada.

En aquel entonces, Berguido, en nombre de La Prensa, también presentó un recurso de hábeas data a la Corte Suprema de Justicia para que se hiciera pública la información.

El fallo del pleno de la Corte, de octubre de 2009, fue contundente. Bajo la ponencia del magistrado Oydén Ortega, los magistrados concluyeron que Colamarco “vulneró el derecho de acceso a la información pública”, y ordenó la entrega de la información requerida.

“Esta superioridad advierte a los funcionarios que el artículo 7 de la Ley 6 de 2002 es claro en su precepto” –advirtió la Corte, recordándoles que no pueden admitirse excusas cuando las solicitudes son claras.

“El derecho de acceso a la información pública es consustancial a la libertad de pensamiento y de expresión, pues estas no se limitan al derecho de manifestarla públicamente, sino también al de buscarla”, resalta el fallo.

La historia se repite, tres años después.

(Con información de Aleida Samaniego, Didier Gil y Mónica Palm).