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Panorama

ALCALDE DÍAZ

Transportistas, bajo sospecha

Por lo menos 43 buseros habrían sido indemnizados tras la constitución, supuestamente ilegal, de una junta directiva.

Rubén Polanco
ruben.polanco@prensa.com

02/12/2012 - Transportistas de la piquera de buses de Alcalde Díaz son el foco de atención en, por lo menos, tres procesos penales adelantados por el Ministerio Público (MP), relacionados con la inscripción supuestamente irregular de su junta directiva y con la comisión posterior de anomalías en el pago de indemnizaciones por la entrada en vigencia del sistema Metro Bus.

En efecto, fuentes del MP confirmaron que la Fiscalía Decimoquinta de Circuito Penal pidió este mes el llamamiento a juicio de dos dirigentes de la piquera, Roberto Cáceres y Dolores Javier Barba, a quienes se les acusa de falsificar documentos para inscribir en el Registro Público una nueva junta directiva de la piquera, con la que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) acordó posteriormente la indemnización de 43 propietarios de buses, varios asignados a la ruta del corredor Norte y otros a la ruta troncal.

Los dirigentes fueron acusados por Alberto y Gabriel Peñaloza, los directivos de la piquera que fueron relegados tras la inscripción de la referida escritura, el 14 de marzo de 2011.

La solicitud de llamamiento a juicio está en un documento suscrito el 19 de noviembre pasado por la fiscal decimoquinta de circuito, Haxiria Henríquez, y que fue remitido al Juzgado Séptimo Penal.

En la vista fiscal se señala que Cáceres y Barba, que estuvieron al frente de la Sociedad de Transporte y Servicios Alcalde Díaz hasta el 31 de julio pasado, se apoderaron de la junta directiva de la piquera, pese a las limitaciones que sobre la constitución quedaron claras en un acta de la sociedad fechada el 10 de agosto de 2010, la cual fue incorporada al sumario.

Según ese acuerdo, debía haber mayoría de accionistas en la asamblea para que procediera el cambio de junta directiva.

Basada en lo anterior, la fiscal Henríquez concluyó que el delito de falsificación y la vinculación de los imputados con este quedaron acreditados en las sumarias.

Corrupción

En un proceso aparte, aunque relacionado con el mismo caso, la Fiscalía Primera Anticorrupción investiga a Cáceres, a Barba y a Loreto Rivera, este último exdirector de la Dirección Nacional de Calificación, Registro y Certificación del Registro Público durante la gestión de Luis Barría, por la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos.

En este caso, Cáceres y Barba son señalados por supuestamente pagar a Rivera para que anulara dos actas relacionadas con la constitución de la junta directiva encabezada por Alberto y Gabriel Peñaloza, e inscribiera la escritura con la junta directiva a nombre de ellos.

Según el MP, la Fiscalía Primera Anticorrupción ya formuló cargos a los tres señalados, pero se le venció el término para investigar el caso y pidió una prórroga al Órgano Judicial, con miras a tomarles declaración indagatoria.

Sin embargo, el Juzgado Noveno Penal negó esa solicitud de prórroga, por lo que la fiscalía tuvo que apelar y ahora el caso está pendiente en el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con las fuentes del MP, los dos procesos en los que se señala a los transportistas de la piquera de Alcalde Díaz, además, guardan relación con una de las cinco denuncias que investigan las fiscalías Anticorrupción por supuestas irregularidades en el pago de las compensaciones a transportistas por la entrada en vigencia del Metro Bus.

Este caso es investigado por la Fiscalía Primera Anticorrupción, que todavía no ha formulado cargos.

Disputa por un terreno valorado en $500 mil

“Aquí no hay nada contra nosotros. Los dos testigos que llevaron se han retractado, y ellos lo que quieren es quedarse con el terreno de la piquera, que valemedio millón de dólares”, dijo Dolores Javier Barba, al ser consultado sobre las acusaciones en su contra.

Según el transportista, en la reunión cuando ellos tomaron posesión de la junta directiva, el 1 de marzo de 2011, estuvieron presentes 18 de los 23 accionistas de la sociedad, por lo que sí había mayoría para cambiar la directiva.

Según Barba, en su gestión se indemnizó a 24 y no a 43 dueños de buses.

“Los ladrones están acusando a los inocentes. Todas esas acusaciones son falsas y yo sé que el caso lo vamos a ganar. Al final se verá quién dice la verdad”, agregó Roberto Cáceres. A su juicio, los Peñaloza iniciaron el proceso para quitarles las acciones a sus verdaderos dueños y dárselas a sus familiares. “Somos 23 accionistas, ellos solo son 6”, acotó.

Cáceres coincidió con Barba en que todo se da por el interés que tienen los querellantes en el terreno de la piquera. “El mismo Alberto Peñaloza firmó como presidente en 1993 las acciones a favor de nosotros y ahora en 2011 nos las quita”, alegó.

Por su parte, Loreto Rivera señaló que los dos testigos aportados por los querellantes se retractaron, y además son testigos sospechosos.

“En el cargo que ejercía, yo no firmé ninguna resolución”, dijo, al tiempo que anunció futuras demandas contra los querellantes.

Rubén Polanco

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