Pena de muerte, pena capital o ejecución: Marcela Rojas de Pérez

En la década de 1990, ante el incremento del delito en nuestra sociedad se debatió, ampliamente, por iniciativa de los gobernantes de turno un tema controversial en la sociedad actual: la pena de muerte.

Hoy, nuevamente, cobra vigencia la discusión de dicho tema por las mismas razones y su posible institución en nuestro país: el incremento del delito y el aumento desmedido de acciones criminales violentas, que han segado la vida de cientos de seres humanos en el país.

Los proponentes, gobernantes y algunos asociados, sostienen que las sanciones contempladas en la ley penal vigente por la comisión de delitos contra la vida y la integridad no son suficiente castigo para aquellos que, sin ningún asco o arrepentimiento, hacen del homicidio un acto cotidiano, un trofeo, un incentivo al historial penal o policivo que ostentan; una motivación al modus vivendi particular en el entorno.

Los proponentes argumentan que este grave delito debe ser penado con otra forma de castigo, más violenta y cruel: “la pena de muerte, pena capital o la ejecución”... como única forma de detener o disminuir la criminalidad rampante, que aumenta cada vez más en la sociedad panameña y en muchas otras sociedades en el mundo, en donde la aplicación o la adopción de la pena de muerte como forma de castigo ha pasado a ser privilegio o prebenda de algunos gobernantes y administradores de justicia.

De igual forma, hay quienes, con desconocimiento de la existencia de tratados y convenios internacionales, ratificados en el pasado, han puesto en discusión el tema y han solicitado la institución de la pena de muerte en nuestra legislación, si fuere necesario. Con esto, ignoran que “garantizar el derecho a la vida” exige y obliga a los Estados a tomar las medidas apropiadas para proteger y preservar este derecho fundamental.

Decidir quién tiene derecho a la vida no puede ni debe ser concebido de modo restrictivo, como un privilegio ni una prebenda que se confiere a determinados seres humanos, en este caso a los gobernantes, con el pretexto de frenar o detener la criminalidad en nuestra sociedad. Es contraproducente poner en la agenda un tema que ha sido aceptado, discutido ampliamente y, finalmente, erradicado como práctica o forma de castigo por diversas culturas a través de la historia. Esto nos debe preocupar como seres humanos, porque respetar el derecho a la vida es una conquista de la humanidad; es un derecho humano fundamental, cuyo debate ha facilitado el desarrollo de instrumentos normativos y coercitivos, tendientes a garantizar la vida humana en los países civilizados.

Los Estados han optado por desarrollar y poner en vigencia mecanismos e instrumentos jurídicos dirigidos a proteger la vida humana, utilizando formas humanas de penalización, como la reclusión o las penas privativas de libertad, incluso, la reinserción social.

Estos instrumentos y normas, basadas en el respeto a la vida y a la dignidad humana, son una esperanza para el privado de libertad, porque mediante la reinserción social o el arrepentimiento se verá nacer a un hombre o una mujer nueva; esperanza que, de aplicarse la pena de muerte como forma de castigo, no es posible. Como tampoco es posible regenerar o reivindicar a quien, injustamente, fue objeto de un juicio mal llevado o amañado. De esos errores, precisamente, no estamos exentos como seres humanos. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”.

La erradicación de esta práctica, la “pena de muerte”, es una conquista de la humanidad y nada ni nadie nos otorgó el derecho o nos dio la facultad de darle vigencia en nuestra sociedad, so pretexto de combatir la delincuencia. Por el contrario, es una práctica que degrada a la civilización y al hombre mismo.

El solo hecho de poner en discusión el tema y proponerlo es una muestra más de la incapacidad y el desconocimiento de quienes tienen la responsabilidad –como gobernantes, juzgadores, hombres y mujeres de leyes– de proteger y garantizar la vida humana y la seguridad ciudadana. Incluso, desconocen que Panamá ha ratificado y es signataria de diversos convenios, pactos y medidas, adoptados por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, dirigidos a abolir la pena de muerte como forma de castigo.

Más que poner en vigencia una práctica obsoleta, se requiere que quienes ostentan el poder en la actualidad busquen y propongan normas dirigidas a garantizar el derecho a la vida de todos y educar a los panameños en las formas de convivencia pacífica; enseñarles a valorar que el derecho a la vida es un privilegio de todos, no de unos cuantos.